El Defensor del Pueblo obliga a cambiar a Hacienda su teléfono de información

Al Defensor del Pueblo no le salían las cuentas con el número de atención tributaria de la Consejería de Hacienda (906 38 05 80). Consideraba que este servicio telefónico suponía 'una contraprestación económica no autorizada por la ley', ya que tenía un coste de 58 pesetas por minuto para el contribuyente, cuando podía darse la misma información a 'menor gasto'. Hacienda, que llevaba años defendiendo el 'precio especial' de estas consultas, ha cedido: ha cambiado el número por otro que equivale a una llamada local (5 pesetas por minuto).

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reclamado a la Comunidad de Madrid, en su última memoria anual, que elimine este servicio telefónico (906 38 05 80) porque supone una 'contraprestación económica no autorizada por la ley', y que lo sustituya por 'otros medios de información, incluidos los telefónicos, que suponen un menor gasto para el ciudadano'. Esta institución recuerda que 'los números 906 tienen un coste superior al de una línea normal, dándose, además, la circunstancia de que quien suscribe una línea de estas características [la Comunidad de Madrid] percibe una muy significativa parte de la facturación'.

El Defensor explica que abrió 'actuaciones' ante las quejas de los contribuyentes, que consideraban un abuso tener que pagar 57,84 pesetas al minuto por realizar una simple consulta tributaria. Por el contrario, una llamada local (metropolitana) no supera las cinco pesetas por minuto.

Según el Defensor del Pueblo, 'la utilización de la mencionada línea [906] supone que el titular del derecho a la información se vea abocado a satisfacer una prestación patrimonial, que se convierte para la Administración en unos ingresos por el desempeño de una actividad de derecho público'.

Y continúa la memoria anual: 'Cabe preguntarse si la Administración puede percibir un rédito por el desempeño de una actividad servicial a la que está obligada. Ello coloca la cuestión en el ámbito de las tasas, puesto que el derecho a la información sólo puede satisfacerse por la Administración y resulta imprescindible para el correcto desempeño de las obligaciones de cada contribuyente'.

El Defensor insiste en que esta 'contraprestación económica no está autorizada por ley', por lo que exige que no se imponga la 'carga económica a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias'. Se queja, además, de que 'está a la espera de que dicha consejería conteste, tras haberle requerido dos veces la solicitud de informe'.

Fuentes de la Consejería de Hacienda manifestaron ayer que se ha respondido ya a la petición de información del Defensor del Pueblo y de que el número 906 ha sido sustituido por otro que no supone un coste extra para los contribuyentes: el 901 50 50 60, equivalente a una llamada metropolitana. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid se había negado a suprimir el número con el argumento de que el teléfono sólo 'resuelve consultas, y las consultas hay que pagarlas como si fueran de un abogado'.