Los abogados exigen prueba de acceso para el ejercicio de la profesión

Las III jornadas de juntas de gobierno de los Colegios de Abogados de España ha concluido con la exigencia mayoritaria del establecimiento de una prueba obligatoria para el ejercicio de la profesión de letrado. Ésta es una fómula que, según Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, 'equipara a los abogados españoles con los europeos, nos da más competitividad y ofrece más garantías al usuario'.

Las conclusiones de las jornadas celebradas en el Palacio de Congresos de Valencia serán asumidas por el pleno del Consejo General de la Abogacía como documento sobre el que deliberar. A pesar de que la mayoría de las conclusiones ya estaban previstas antes de que se iniciara el congreso y de que en las votaciones no se han alcanzado por unanimidad pero sí mayoría, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se mostró ayer satisfecho por el consenso alcanzado en temas 'muy importantes para el ejercicio de la profesión'.

Uno de esos temas es el del acceso a la práctica de la profesión. La asamblea ha aprobado la creación de una prueba previa al ejercicio, posterior a dos años de prácticas (bien sea a través de la pasantía o de las escuelas) que equipare la formación a los abogados del resto de Europa, y que obligaría a estos a realizarla previa participación en un juicio. Dicha prueba consistiría de un examen con dos casos prácticos a resolver por escrito y otro caso de deontología profesional. En caso de superarse, serían leídos cual juicio oral. Esta iniciativa no afectaría a quienes ya cursan estudios de Derecho, 'sería necesario establecere una moratoria de unos cinco años, lo que dura en la mayoría de las universidades esta carrera'.

'España es el único país de Europa y del norte de África que no tiene regulada por parte del Gobierno el acceso a la profesión con lo que se incumple el mandato constitucional que garantiza una justicia de calidad a todos los españoles', señaló Carnicer.

La asamblea ha concluido pedir una modificación que 'declare incompatible la profesión de abogado con la de auditor, sin dejar campos intermedios que pudieran propiciar el fraude de ley', agregó Carnicer.

En la financiación de los colegios profesionales, no hubo acuerdo firme, por lo que la asamblea propone que los colegios busquen nuevas iniciativas sin que ello afecte a la independencia de la profesión. Las jornadas fueron clausuradas por el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas.