Gil intenta anular el embargo de propiedades municipales

El Ayuntamiento de Marbella acordó ayer en pleno negociar con el Banco de Crédito Local el levantamiento del embargo preventivo que pesa sobre 148 bienes municipales por el impago de un préstamo a la entidad, que con los intereses se aproxima a los 4.000 millones de pesetas.

La polémica suscitada tras la denuncia pública del PP, llevó ayer a Jesús Gil a reunirse en Madrid con el presidente del banco para evitar la pérdida de los inmuebles, muchos de ellos comprados por particulares que sin embargo no llegaron a escriturarlos a su nombre.

La moción que presentó el PP dentro del turno de asuntos urgentes, logró la unanimidad del resto de las formaciones políticas incluido el GIL. Previamente, el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, insistió en que los bienes del ayuntamiento son inembargables, mientras que la portavoz popular, Francisca Caracuel, sostuvo que se pueden embargar siempre que no tengan uso público.

En cualquier caso, Muñoz garantizó que el gabinete jurídico municipal ha iniciado una tercería de dominio en defensa de los derechos de los propietarios que no escrituraron a su nombre las viviendas, 'en las que algunos llevan residiendo 50 años'. También el PP ha ofrecido ayuda jurídica a los afectados por la medida decretada el 19 de octubre por el Juzgado número 58 de Madrid, que ordenó la anotación preventiva del embargo de 148 bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Marbella para hacer frente a la deuda de 3.601 millones de pesetas más 345 millones de intereses de demora, por un crédito que solicitó al Banco de Crédito Local. La entidad presentó una demanda que ahora se ha fallado a su favor.

Propiedades humildes

Las fincas registrales están repartidas por todo el término municipal, y muchos de estos bienes embargados se refieren a propiedades situadas en barrios populares y modestos de Marbella. 'La ejecución cautelar de los bienes es una medida de presión del banco sobre el Ayuntamiento de Marbella', dijo ayer el concejal de Hacienda, Antonio Luque.

El edil explicó que el consistorio cumplía regularmente los plazos de devolución hasta el año 1997, año en el que aseguró se cancelaron los ingresos del Estado por la deuda con la Seguridad Social -que asciende a 16.000 millones-, y la entidad subió el tipo de interés al 11,5 %. 'Ante esta situación se propuso bienes en dación en pago, una propuesta que entonces no admitió el banco'. Según Luque el Ayuntamiento negocia desde esa fecha la bajada de los tipos de interés.

La gestión financiera del equipo de gobierno fue ayer criticada por todos los grupos de la oposición. La concejala popular Francisca Caracuel recordó las 'numerosas deudas' que acumula el municipio, mientras que la portavoz socialista, Isabel García Marcos, acusó al GIL de 'gastar sin previsión y pedir créditos sin una reflexión'.