Lo que esconde Berlusconi

No es casual que entre los principales colaboradores del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, figuren varios abogados que le han defendido en algún momento de su azarosa vida empresarial. Es el caso de Carlo Taormina, hasta hace unos días subsecretario del Interior, obligado a dimitir por excesos verbales contra los magistrados de Milán, o el del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Gaetano Pecorella. Otro viejo amigo de procesos e intrigas judiciales, Cesare Previti, ha visto reducido su papel al de diputado, porque en estos momentos tiene un proceso abierto en los tribunales, pero sigue siendo un importante consejero en la sombra.

En más de 40 años de vida empresarial y política, Il Cavaliere ha acumulado decenas de acusaciones y procesos, por soborno a los jueces, a la Guardia de Finanzas, por presunta doble contabilidad en su imperio Fininvest y hasta por la compra de un jugador para el Milán, su club, con dinero negro. Sin su equipo de abogados nadie sabe cuál habría sido su destino.

El papel de estos asesores privilegiados habrá sido impagable desde que Berlusconi gobierna Italia, en la misión legisladora que se ha impuesto el nuevo Ejecutivo. El centroderecha ha aprobado decenas de leyes con una velocidad casi inquietante, en sus primeros cien días de gobierno, gracias a la aplastante mayoría de que goza en las dos Cámaras del Parlamento. Algunas de estas medidas han despertado la sospecha de que el nuevo primer ministro se mira excesivamente el ombligo a la hora de legislar.

Nada más acomodarse en su despacho de Palazzo Chigi cumplió una de las primeras promesas de la campaña electoral: suprimir el impuesto de sucesiones. Y a partir de ahí, han ido cayendo en cascada, una tras otra, leyes que han dejado perplejos a muchos juristas por su alcance casi exclusivo sobre la situación financiera y judicial del primer ministro.

Por ejemplo, la ley que regulará el conflicto de intereses del Cavaliere, aprobada ya por el Ejecutivo, parece hecha a la medida de sus intereses. No es que Berlusconi se sintiera especialmente obligado a aprobarla, porque, como ha repetido innumerables veces, 'los italianos me han votado sabiendo quién soy'.

Magnate y primer ministro

Finalmente, consciente de que su condición de primer ministro encajaba mal con la de dueño de las tres principales cadenas privadas de televisión del país, de la principal casa editorial, y con sus numerosos intereses en bancos, aseguradoras, supermercados y hasta en el fútbol, se ha resignado a afrontar el tema.

La solución que ofrece la ley no puede ser más satisfactoria para Il Cavaliere, porque no le obliga a vender ninguna de sus posesiones, ni siquiera las deja en manos de un interventor. Simplemente, establece un triunvirato de sabios a los que se encomienda la tarea de controlar que las decisiones del Ejecutivo no favorezcan escandalosamente a ninguna empresa del primer ministro. Los sabios, que no tendrán poder sancionador, serán nombrados por los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, los dos estrechos colaboradores del Cavaliere.

Antes de hincarle el diente al conflicto de intereses, el Gobierno Berlusconi aprobó una nueva ley que modifica el derecho societario, con tal habilidad que despenaliza casi completamente la falsificación contable. 'Hasta ahora esa ley era el mecanismo del que se valían los jueces para averiguar si las empresas pagaban sobornos', explica Michele Salvati, intelectual de izquierdas, experto en temas económicos. 'Mientras en Europa, la tendencia es a hacer más transparente la gestión de las empresas, en Italia ocurre lo contrario', añade. Pero hay más, quizás el propio Berlusconi que tiene todavía un proceso en marcha por un caso de 'doble contabilidad' en su holding Fininvest, se vea directamente beneficiado por la nueva ley.

Acoso fiscal

Tampoco le perjudicará la llamada ley del 'escudo fiscal' que consiente el regreso a Italia de los capitales exportados ilegalmente (unos 60 billones de pesetas, según cálculos del Banco de Italia), previo pago de un impuesto del 2,5%. Y los fiscales que le pisan ahora los talones gracias a los documentos bancarios enviados por colegas suizos, en respuesta a las oportunas rogatorias internacionales, se han encontrado también con nuevas dificultades gracias a la modificación introducida en la ley que exige nuevos requisitos a estos documentos.

Conocida por la prensa como la ley de las rogatorias, esta iniciativa, que se aplica con efectos retroactivos, ha levantado una enorme polvareda dentro y fuera de Italia. La oposición la ha denunciado como un mero subterfugio para permitir la excarcelación de mafiosos y contrabandistas, mientras los abogados del ex ministro de Defensa, Cesare Previti, la han invocado ya en el proceso abierto contra este colaborador de Berlusconi por presuntos sobornos a una serie de jueces romanos.

Hace menos de una semana, el Parlamento Europeo criticó a Italia por esta misma ley que permitirá ganar tiempo a los acusados en delitos de blanqueo de dinero y mafia, mientras los magistrados se demoran intentando cumplir con los nuevos requisitos. Escandalizados por la nueva norma, algunos italianos, como el jurista Paolo Sylos Labini o el politólogo Giovanni Sartori, se decidieron a pedir la intervención del presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, para que no la ratificara. Pero sólo consiguieron irritar un poco más al Cavaliere, que defiende la ley de las rogatorias como un paso más hacia el restablecimiento de un estado de derecho pleno.

La ley, dice Il Cavaliere, da garantías a los acusados de que serán juzgados con documentos auténticos y no con copias que pueden ser falsificadas. Una acusación no demasiado velada contra la magistratura de izquierdas, a la que Berlusconi responsabiliza de haber llevado a cabo una verdadera 'guerra civil' en los años noventa, (los años del escándalo Tangentopoli) que acabó con la Democracia Cristiana y el PSI de Bettino Craxi, el principal valedor del actual primer ministro.A los jueces italianos, Il Cavaliere les acaba de prometer una reforma acelerada de la Justicia que separará las carreras de juez y fiscal. El fiscal general de Milán, Francesco Saverio Borrelli, que condujo la ofensiva contra los políticos y empresarios corruptos de Tangentopoli, ha denunciado las intenciones del Ejecutivo de colocar a los fiscales bajo el control del Gobierno. La batalla no ha hecho más que comenzar, pero parece evidente que lo que pretende Silvio Berlusconi es cortarle las alas definitivamente a la magistratura rossa (roja).

Aunque, en estos momentos, las preocupaciones del primer ministro italiano no proceden de la magistratura italiana, sino de la española. La pesadilla del Cavaliere tiene nombre propio. Se llama Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que investiga desde 1996 presuntas irregularidades en la propiedad y en la gestión de Tele 5, la cadena de televisión privada en la que el grupo Fininvest posee el 40% del capital. La acusación de Garzón se refiere, por un lado, a los años iniciales de Tele 5, creada en 1990, cuando las leyes antimonopolio españolas prohibían taxativamente a un grupo extranjero poseer más del 25% de la propiedad de una cadena española.

Documentos en poder del juez español (reforzados por los datos procedentes de una investigación realizada por la firma de auditoría británica KPGM) vendrían a señalar que Fininvest llegó a controlar el 80% de Tele 5. Garzón acusa además a Berlusconi de evasión de impuestos y existen fundadas sospechas además de que la cadena española pagó sumas millonarias en concepto de compra de programas a una red de sociedades controlada por el grupo Fininvest que provocaron un agujero en las cuentas de Tele 5, con consecuencias nefastas para la emisora.

Hasta ahora, los suplicatorios redactados por Garzón no han tenido respuesta porque el primer ministro italiano tiene garantizada su inmunidad. Pero, ¿qué pasaría si prosperase la euroorden de captura que amplia de hecho las competencias de los fiscales nacionales a todo el territorio de la UE? Berlusconi no se quedará sentado esperando a que los hechos respondan a esta pregunta. Su fiel equipo de abogados-consejeros no se lo permitiría.