El Gobierno y las diputaciones litigan por el centro de control de tráfico

La Comisión Arbitral de Euskadi, el órgano paritario que dirime las discrepancias sobre competencias entre el Gobierno y las diputaciones forales, decidirá en los próximos meses si puede haber uno o varios sistemas de gestión del tráfico en la comunidad autónoma. El Ejecutivo vasco y las tres diputaciones reclaman para sí la competencia en esta materia y la disputa ha paralizado tanto el proyecto que estaba en marcha en Vizcaya y el inicio del plan impulsado el pasado verano por el Departamento de Interior.

Los problemas por la gestión del tráfico se suscitaron a comienzos de año. Primero fue la Diputación de Vizcaya, que promueve desde 1998 su primer plan de gestión inteligente del tráfico, incluyendo -en tres fases- circuitos cerrados de televisión, información a conductores durante el viaje y control de velocidad en cada tramo a través de radares. La institución foral firmó un convenio con el anterior equipo del Departamento de Interior para poner en marcha el plan, pero con los nuevos responsables de la consejería surgieron los problemas. 'Nos dijeron que no estaban de acuerdo. Obviaron el protocolo firmado y crearon por decreto un centro de control del tráfico', se queja el diputado vizcaíno de Obras y Transportes, José Félix Basozabal.

Estas discrepancias impidieron la puesta en marcha de la primera parte del plan de la Diputación de Vizcaya: la instalación de señalización variable para informar de tramos congestionados y vías alternativas y la habilitación de una vía de incorporación en la Avanzada para los días de mayor tráfico.

Las disputas alcanzaron su punto máximo este verano, cuando Interior aprobó mediante un decreto la creación de un sistema de gestión del tráfico único para Euskadi. Éste se ubicaría en el barrio bilbaíno de Txurdinaga y tendría información en tiempo real de los 50 principales tramos de carreteras. Para ello dispondría de una amplia red de cámaras de televisión, sensores para detectar el volumen de circulación y paneles de mensajes variables para facilitar información a los conductores. Pero las tres diputaciones lo impugnaron ante la Comisión Arbitral al entender que invadía sus competencias. Además, Interior no ha podido colocar los sensores y paneles, al no disponer de los permisos de instalación, que corresponde otorgar a las diputaciones.

Posteriormente las relaciones se deterioraron aún más por las quejas forales por la falta de información sobre accidentes por parte de la consejería. La situación se ha suavizado en el último mes tras varias reuniones mantenidas por la viceconsejera Pilar Martínez con los responsables de Carreteras de los tres territorios y ahora funciona el flujo de datos sobre siniestralidad. Pero la discrepancia sobre la gestión del tráfico persiste.

'Convenio incumplido'

'Esto no resta ninguna competencia a las diputaciones, porque su función es construir carreteras. Ya tienen datos de aforos [circulación de vehículos] y eso no tiene nada que ver con el decreto', sostiene Pilar Martínez. La viceconsejera dice que hasta hace poco las diputaciones recibían datos 'sin depurar' sobre siniestralidad 'y no coincidían con las estadísticas nuestras de accidentes'. 'Solíamos hacer la depuración una vez al año y les ofrecimos hacerlo cada seis meses. Las diputaciones las querían mes a mes, para comprobar la incidencia en nuevas carreteras, pero eso no es posible si se quieren ofrecer datos correctos y ahora el compromiso es que, además de la periodicidad de seis meses, haremos informes sobre tramos concretos'.

Martínez rechaza la instalación del centro de tráfico promovido junto a los túneles de Malmasín (en la autopista A-8, entre Basauri y Bilbao) por la Diputación vizcaína, ya que supondría la existencia de dos centros distintos y la centralización de los datos 'en Malmasín'.

El diputado vizcaíno de Obras defiende su centro de tráfico porque 'hay un convenio firmado que se ha incumplido' y reprocha a Interior que las 27 cámaras de televisión instaladas en la A-8 (entre Malmasín y la Avanzada) no estén en funcionamiento, pese a que se encuentran disponibles desde hace más de un año. 'No es cierto que no puedan ver las cámaras. Están en marcha. El convenio establecía que en su uso tiene prioridad la consejería de Interior', afirma por su parte la viceconsejera.

Competencias concurrentes

En la Diputación de Álava se ve también con recelo la iniciativa del Gobierno, 'porque es una invasión de competencias', señala un portavoz del Departamento foral de Obras Públicas y Urbanismo. 'En la reunión con el diputado Antonio Aguilar de hace un mes se logró mejorar el intercambio de datos de accidentes, pero en esta otra cuestión no ha habido aproximación', añade. La Diputación alavesa, según dicho portavoz, pondrá en marcha su propio centro de control de tráfico a partir de enero, que incluirá un teléfono de atención al usuario y cámaras en distintos tramos de la red viaria de Álava.

En Guipúzcoa, el diputado de Transportes y Carreteras de Guipúzcoa, Antton Jaime, subraya que el decreto olvida que 'existen competencias concurrentes' que 'no se pueden resolver desde la exclusividad', por lo que reclama al Gobierno vasco colaboración con las diputaciones, informa Yolanda Montero. Jaime asegura que su departamento no está en contra de la colocación de los paneles e insiste en demandar colaboración entre las diputaciones y el Ejecutivo autónomo. Como muestra de la 'descoordinación' del sistema planteado por el Gobierno vasco, explica que el decreto aprobado prohíbe que la Diputación guipuzcoana use elementos que ahora está utilizando, como estaciones de aforo para conocer el tráfico que hay en la carretera, los sistemas cerrados de televisión de los túneles largos o las señales variables de la variante de San Sebastián. Guipúzcoa no cuenta en la actualidad con un centro que controle el tráfico de todo el territorio y su construcción no se prevé a corto plazo.

La viceconsejera de Interior calcula que en los próximos meses la Comisión Arbitral de Eukadi, el órgano paritario creado para dirimir los conflictos de competencias entre las diputaciones y el Ejecutivo vasco, decidirá cuál de las dos partes tiene la razón 'y acataremos lo que determine'. El fallo determinará si la consejería de Interior sigue con su sistema de gestión de tráfico para toda la red viaria de la comunidad o si cada territorio puede establecer un centro propio.