Argelia, una década perdida y ensangrentada

No hay agua. No ha llovido en diciembre ni tampoco en enero. Desde hace cinco años persiste la sequía. En Argel, sólo mana agua de los grifos durante unas pocas horas cada tres días. Cuando en este mes se cumple el décimo aniversario del golpe militar que interrumpió el proceso electoral, los cuatro millones de habitantes de la capital tienen otras preocupaciones mucho más acuciantes que recordar aquellos acontecimientos. La fecha ha pasado prácticamente inadvertida.

'Ni Carta Magna ni Constitución, sólo las palabras de Dios y de su profeta'. 'Con el Corán entraremos en el Parlamento'. 'Estado islámico con la urna o con el fusil'. Los que habían hecho campaña con estos lemas estaban hace una década a punto de ganar por goleada las primeras elecciones legislativas libres de la historia de Argelia.

Javier Solana dejó en 1994 traslucir su preocupación cuando evocó el posible desembarco en España de 'boat people' argelinos que huirían del islamismo

A mediados de los años noventa el régimen se tambaleó ante los tremendos golpes indiscriminados que asestaban los terroristas a militares y civiles

El Ejército sigue siendo la columna vertebral de un régimen con apariencias democráticas y una pieza clave en cualquier negociación para alcanzar la paz

Aunque el aniversario del golpe no se celebre, está latente en Argelia el debate sobre si merecía la pena provocar tal carnicería para evitar la victoria del FIS

Buteflika ha reconocido que la violencia se ha cobrado 100.000 muertos, pero las organizaciones humanitarias elevan la cifra hasta 200.000

Dieciocho meses antes, el Frente Islámico de Salvación (FIS) ya había conquistado democráticamente el 60% de los ayuntamientos. Su gestión local era un anticipo de sus proyectos nacionales. En los frontispicios de las casas consistoriales había sustituido el lema republicano 'Por el pueblo y para el pueblo' por el de 'Ayuntamiento islámico'. En los centros municipales había empezado a prohibir que se mezclasen hombres y mujeres.

En diciembre de 1991, el FIS se disponía a gobernar el país. Lo iba a hacer gracias a la ingenuidad de los aprendices demócratas argelinos, que habían aprobado una ley electoral, con escrutinio uninominal, y un recorte de las circunscripciones que le favorecía. Los abstencionistas, el 42% del cuerpo electoral, acabaron por darle la victoria.

En la primera vuelta, el 26 de diciembre, los islamistas lograron 3,2 millones de votos y 188 de los 430 escaños de la Asamblea, pero en otras 199 circunscripciones se colocaban en situación ventajosa para el segundo round, previsto para el 16 de enero de 1992. Con el apoyo del 24,6% de los electores, el FIS iba a conseguir la mayoría absoluta.

Entre las dos vueltas surgió un Comité Nacional para la Salvaguardia de Argelia, que empezó a pedir a gritos la interrupción de los comicios, y el 2 de enero 300.000 personas, convocadas por el dirigente socialista Aït Ahmed, se echaron a la calle para exigir que se salvase la democracia.

Tres días antes el Ejército había tomado ya la decisión de intervenir. Lo cuenta en sus memorias el general Jaled Nezzar, ministro de Defensa y artífice del golpe. '(...) estaba perfectamente claro que la detención del proceso era perentoria para la supervivencia de la democracia naciente, del orden público y del Estado nacional'. 'Era la única terapia aplicable a una enfermedad que podía ser mortal para Argelia', escribe en su libro Argelia, fracaso de un retroceso programado, (Publisud, París 2001).

Presionado por sus compañeros de armas, el presidente argelino, general Chadli Bendjedid, dimitió el 11 de enero, mientras el Ejército se desplegaba en las calles de las principales ciudades. Le sustituyó en el poder, el 14 de enero, un Alto Comité de Estado encabezado por Mohamed Budiaf, al que los generales sacaron precipitadamente de su exilio en Marruecos. Tres semanas después el FIS era ilegalizado, y en junio Budiaf fue asesinado.

La interrupción del proceso supuso poco después el estallido de la violencia. El primero en desenfundar fue la rama militar del FIS, dirigida entonces por Madani Mezrag. Después entraron en la lucha los temibles Grupos Islámicos de Liberación (GIA), fundados en 1992 por ex combatientes de Afganistán, a los que se sumaron bandas de delicuentes. En 1998 hizo su aparición el Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC).

A mediados de la década pasada el régimen dio la impresión de tambalearse ante los tremendos golpes que asestaban los terroristas a militares y civiles, víctimas de matanzas indiscriminadas. Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores, dejó entonces traslucir su preocupación cuando evocó en el Senado el posible desembarco en la costa almeriense, separada de Argelia por 120 kilómetros, de miles de boat people argelinos que huirían del islamismo.

'Cuanto más sabemos sobre los peores crímenes perpetrados contra la población civil, más opaco nos resulta su significado político', afirma el historiador franco-argelino Benjamin Stora en su libro Le guerra invisible, Argelia años 90 (Presses de Sciences Po, París, 2001).

Habib Souaidia, un oficial argelino refugiado en Francia, intentó con un libro explosivo, La guerra sucia (La Découverte, París, 2001), arrojar un poco de luz sobre esa opacidad: acusó al Ejército de haber perpetrado algunas matanzas de civiles. 'Que haya habido excesos es inevitable en un clima de salvajismo, pero sus responsables fueron sancionados', replicó el general Nezzar antes de denunciarle por difamación ante la justicia francesa.

La renuncia a la violencia del brazo armado del FIS compaginada con la ferocidad de la represión permitieron finalmente al Ejército recuperar el aliento. 'Las fuerzas de seguridad han acabado prácticamente con el terrorismo urbano desde 1996', escribía hace seis meses el historiador francés Alain Grignard. 'Actualmente, más del 90% de los atentados se cometen en zonas rurales o montañosas y cerca -a menos de 30 kilómetros- de macizos boscosos de difícil acceso, que proporcionan refugio a los movimientos clandestinos'.

El terrorismo es ya casi sólo residual, como aseguran los jerarcas argelinos, pero el balance de la segunda contienda de Argelia, 40 años después de la guerra de independencia, es desastroso. El propio presidente Abdelaziz Buteflika ha reconocido que la violencia se ha cobrado 100.000 muertos durante la década 1992-2001, una cifra que las organizaciones de defensa de derechos humanos elevan a más de 150.000, o incluso a 200.000, en un país de 30 millones.

Dentro de Argelia hay además un millón de desplazados que ha huido de las zonas más castigadas. Junto con los emigrantes económicos se han exiliado también decenas de miles de universitarios, y los daños materiales de la contienda son evaluados, al menos, en 22.000 millones de euros. Los argelinos viven hoy peor que hace diez años.

¿Merecía la pena provocar este baño de sangre para impedir al FIS acceder al poder? Aunque el aniversario del golpe no se celebre, el debate sí está latente en una Argelia donde la prensa goza de mayor libertad que en sus vecinos magrebíes.

'Había que haber continuado con el proceso electoral', declaraba el ex jefe de Estado Benjedid al diario Le Matin; 'asumir nuestro error y movilizarnos para que la República siga en pie', echando acaso mano de los poderes presidenciales, que le hubiesen permitido vetar leyes y disolver el Parlamento.

'La cohabitación durante algunos meses de un Gobierno dominado por el FIS y una presidencia de la República en manos de los militares y del Frente de Liberación Nacional (ex partido único) no hubiese sido una experiencia insensata', opina Le Quotidien d'Oran, un rotativo influyente.

'El desafío era la supervivencia de Argelia, que podíamos dar por terminada si los islamistas hubiesen llegado al poder', afirmaba, en cambio, en el diario francés Le Monde Sid Ahmed Ghozali, primer ministro en 1992 y acérrimo partidario del golpe. 'Por culpa de ello hemos entrado en la historia como golpistas', se lamenta. 'El error' consistió en legalizar el FIS, transgrediendo una Constitución que prohibía los partidos religiosos, asegura Mulud Hamruche, que precedió a Ghozali en el cargo.

El general retirado Rachid Benyelles, uno de los pocos jerarcas castrenses con fama de hombre íntegro, reconoce que se pronunció en su día por la intervención del Ejército, pero lamenta lo que sucedió después: 'Detenciones masivas e injustificadas de militantes y simpatizantes del partido vencedor, interrogatorios enérgicos, miles de deportados a campamentos del desierto en condiciones inhumanas y, en definitiva, la reducción de la crisis a un mero aspecto de mantenimiento del orden público'.

Probablemente por eso, porque no se ha buscado una salida política, la crisis persiste, aunque la violencia haya perdido intensidad. Una década después, la cúpula militar sigue ostentando, ahora en la sombra, el poder, el Ejército sigue siendo la 'columna vertebral' de un régimen con apariencias democráticas, el que le mantiene en pie y una pieza clave en cualquier solución.

Los argelinos lo saben cuando hablan, por ejemplo, del 'régimen de los generales' sin llegar a criticar a la institución militar. Por si aún les cabía alguna duda, el informe concluido en diciembre por Mohand Issad sobre la revuelta de Cabilia se la despeja. Este jurista, nombrado por Buteflika, atribuye en buena medida la responsabilidad de la represión desmedida -60 muertos y 2.000 heridos, según el balance oficial- a los excesivos poderes del Ejército desde 1992.