'Berlusconi quiere unos jueces que se plieguen al poder político'

Francesco Borrelli ha sido protagonista de Mani Pulite (Manos Limpias) durante esta década. Ha publicado el libro Sulla giustizia e dintorni (Sobre la justicia y su entorno). A continuación se publica parte de su conversación con el novelista Antonio Tabucchi. Escritor y fiscal pasan revista a la justicia italiana, a lo que está haciendo el presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, y su reflejo europeo, así como al papel de determinada prensa.

Antonio Tabucchi. Berlusconi, primero, dijo que no a Europa sobre la orden de detención a causa de delitos como la corrupción y el blanqueo, y después ha aceptado con la pretensión de cambiar antes la Constitución, haciendo creer que era Europa quien se lo exigía, lo cual es evidentemente falso. Es una opinión extendida que Berlusconi pretende meter la mano en el equilibrio entre poder ejecutivo y poder judicial, modificando su estructura y reduciendo la autonomía e independencia de la magistratura. Quiere hacer pasar esta acción suya por una despolitización de la magistratura, que, como ha afirmado siempre, lleva a cabo sus enfrentamientos por motivos políticos. Ahora a mí me parece que, en realidad, su acción se dirige a conseguir una magistratura que se pliegue de hecho al poder político y, por tanto, politizada a la fuerza. De hecho, ¿no significaría una politización mayor el hacer que la acción penal no sea ya obligatoria, sino hacer depender de una mayoría parlamentaria la prioridad de los delitos: cuáles perseguir, cuáles pasar por alto? ¿No significaría una politización mayor cualquier forma, aunque fuera velada, de subordinación de los magistrados al Ejecutivo? ¿No significaría una mayor politización una modificación del equilibrio en el Tribunal Constitucional, introduciendo jueces elegidos en las regiones que representen la mayoría política de aquellas regiones? ¿O un sistema análogo en el Consejo Superior de la Magistratura?

F. B: 'Visto el panorama que se ha creado, ¿se atreve a imaginar que una orden de arresto contra un magistrado sea firmada por el ministro de Justicia?'

F. B: 'La corrupción no es exclusivamente italiana. Existe en los países del este de Europa y, probablemente, en los demás países del continente'

A. T: 'La prensa de Berlusconi ha arrojado un montón de fango al decir que hay una conjura de jueces italianos, españoles y suizos contra Berlusconi'

A. T: 'En Europa, la corrupción y el blanqueo se consideran delitos graves; en Italia, no, por lo que han dicho los ministros italianos en Bruselas'

A. T: 'Es curioso que el Gobierno habla de lentitud judicial y luego introduce una ley, como la de rogatorias, que, de hecho, complica más los procesos'

Francesco Borrelli. No cabe duda. A lo que usted manifiesta como duda y con signo de interrogación yo le quitaría la interrogación y le pondría un signo de exclamación. Pero sería oportuno ver cómo se comporta la prensa, y no me refiero tanto a la postura ideológica de la prensa como a escasez de información, de información auténtica, que podamos comprobar, sobre algunos de estos problemas. Porque, verá, los problemas de la separación de la carrera del ministerio público de los jueces, el problema de la orden de captura europea, los problemas del Consejo Superior, los problemas de las leyes bajo rogatorias, el problema de las sentencias del Tribunal Constitucional contemplando la ausencia de Previti en el proceso y su presencia en el Parlamento, son problemas que la prensa no ha expuesto en sus términos reales. Hubo una especie de información de superficie, de pasar por alto las cosas, que naturalmente ponía en evidencia el lado teatral de la contraposición de opiniones, pero sin explicar o describir las cosas en realidad, antes de aventurar o sugerir un juicio sobre ellas.

La famosa orden de captura europea, en definitiva, no es más que una forma de facilitar los procedimientos de extradición, que ha existido siempre entre países civilizados. Es una forma de facilitar, en el sentido de que elimina en los procedimientos de extradición determinados impedimentos burocráticos y judiciales que los hacían más lentos, que permitían una serie de cribas o de interferencias del ordenamiento solicitado con respecto a lo que había pedido el solicitante; en esencia, una simplificación de los procedimientos. Y en vez de esto se ha hablado de la orden de captura europea como si se tratase de una pistola, de un arma puesta en las manos de cualquier ministerio público o de cualquier juez de instrucción de cualquier lugar de Europa, para que pueda disparar más allá de sus fronteras.

A. T. Es curioso comprobar cómo el Gobierno habla, por una parte, de la lentitud de la administración de la justicia (burocracia excesiva, lentitud de los procesos, etcétera, que sin lugar a duda son vicios antiguos de la justicia italiana) y, por otra parte, introduce una ley, como la de las rogatorias [petición de auxilio judicial a otro magistrado], que de hecho complica más los procesos, los estorba, los hace más pesados, los carga de procedimientos burocráticos. En resumen: en teoría, dicen: simplificamos la justicia. En la práctica, se actúa para hacerla más complicada.

F. B. Tenga en cuenta que esta complicación de los procedimientos, y hablamos sobre todo de los procedimientos penales (con los civiles quizá sea algo distinto el discurso), responde a una tendencia que hace ya tiempo que existe. Verá, no quiero unirme al coro cada vez más reducido de los laudatores temporis acti del viejo código, de los viejos procedimientos, porque eso no sería justo. Pero lo que es seguro es que lo que se ha denominado proceso justo se ha traducido e interpretado como una serie de normas que han ralentizado de manera espantosa el proceso penal (aparte del hecho de que se haya querido dar la sensación -sin fundamento alguno- de que todos los procesos desarrollados hasta ahora fueron injustos). Hoy existen muchos más cumplimientos, aparentemente de garantía, pero que, de hecho, son pesadas albardas que hacen posibles los pretextos capciosos, las exclusiones de nulidad en las sucesivas etapas del juicio, etcétera, de lo que es necesario para garantizar el equilibrio de las partes, de la dignidad equivalente de las partes en el proceso penal. Y por tanto, en este sentido, le doy toda la razón: se dice que la justicia debe agilizarse y, sin embargo, por lo menos en lo que respecta a la justicia penal, se va de hecho en la dirección contraria.

Pero hablábamos antes de la carencia de información. Por ejemplo, en lo que respecta al honorable Previti con el conflicto de atribuciones entre el Parlamento y la actividad judicial, me gustaría saber cuántos de estos analistas, incluso los de firmas prestigiosas, han leído la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuántos la han leído y cuántos han leído las órdenes, largas y argumentadas, que se han publicado de las dos sesiones del tribunal de Milán sobre este tema? Creo que muy pocos. Porque, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que al comparar las exigencias de la autoridad judicial y las exigencias del Parlamento prevalecen las del Parlamento. Y, por tanto, hay que anular la orden de los jueces de la investigación preliminar, que habían afirmado la preeminencia de los intereses de la jurisdicción. Pero en lo que respecta a las consecuencias de tal anulación del proceso contra el honorable Previti, nosotros, los jueces del Tribunal Constitucional, no nos pronunciamos: esto pertenece a la competencia de la magistratura ordinaria. La magistratura ordinaria, que lo ha examinado todo, ha extraído las consecuencias y ha dicho: no, las ordenanzas anuladas no han comprometido las garantías del imputado en el transcurso de la audiencia preliminar, la presencia del imputado en la Cámara en los días de la audiencia no se demostró en el momento oportuno y, por tanto, el proceso está bien definido. Conclusión de los medios de información: rebelión de la magistratura contra el Tribunal Constitucional.

Veamos la ley de las rogatorias. La ley de las rogatorias se concibió, sin duda alguna, con la idea de hacer más difícil la utilización de la documentación proveniente del extranjero. Ésta era la intención. Pero, de hecho, los autores no fueron capaces de conseguir su objetivo porque han redactado el texto de tal forma que -al insertarlo en el complejo mosaico de toda la normativa que contempla la relación con el extranjero y las demás con-venciones- el fin que se proponían queda frustrado en la realidad. No se frustra porque la magistratura se haya rebelado contra la voluntad del Parlamento, sino porque al interpretar la ley -como es obligatorio- dentro del complejo marco normativo vigente ha resultado que aquella famosa certificación de la autenticidad era una bobada página por página.

Últimamente hemos oído decir cosas que ya sostuvo Justiniano y que más tarde sostuvo en vano Napoleón, y es que la ley debe ser aplicada, y no interpretada. Pero, ¿qué significa esto? ¿No han oído nunca hablar de la hermenéutica? Hay quien dice que en nuestra vida todo es hermenéutica, probablemente con algo de razón. Entender la ley significa interpretarla, no basta con conocerla.

A. T. No es exactamente el código de la circulación...

F. B. Ya, no es exactamente el código de la circulación, además. Luego es necesario distinguir entre los distintos niveles de los enunciados preceptivos. Pero no existe una lectura de la ley que no sea también una interpretación.

(...)

A. T. Y, de hecho, vemos el conflicto que ha surgido entre Italia y Europa sobre la naturaleza de los delitos a perseguir con la orden de captura común. La discusión ha sacado a la luz una profunda divergencia en la valoración de la gravedad de los delitos. En Europa, la corrupción y el blanqueo se consideran delitos graves; en Italia no parece que sea así, por lo menos a juzgar por las opiniones expresadas por los ministros italianos presentes en Bruselas.

F. B. Piense que a nivel europeo, y no solamente europeo, los delitos de corrupción, de blanqueo y todos los del crimen organizado se incluyen en el mismo plano. Y en el intercambio cultural, o mejor en las ayudas que vienen de la Unión Europea, pero también del Consejo de Europa y en cualquier medida de la ONU, en lo que respecta a los países del este de Europa que aspiran a entrar en la Unión, siempre es objeto de estudio la corrupción, el blanqueo o el crimen organizado, que van siempre juntos. He estado en Hungría y en Rumania para seminarios de este tipo, porque éste es un punto fundamental que se advierte con toda prioridad. Y por eso me hace pensar que el fenómeno de la corrupción no es una exclusiva italiana. Existe ciertamente en los países del este de Europa de forma más grave aún que la nuestra, y probablemente exista también en los demás países de Europa. Pero la lucha contra la corrupción es un punto inamovible al que la comunidad internacional atribuye una importancia fundamental.

A. T. Hablábamos antes de las posibles intervenciones del jefe de Estado. Hace unos días, la prensa de la que es propietario Berlusconi, Il Giornale y Panorama, les han arrojado encima una buena cantidad de fango al sostener que hay una conjura internacional de jueces italianos, españoles y suizos para tender una trampa a Berlusconi. Estos jueces habrían mantenido una reunión secreta en Lugano. En el punto de mira está la juez Boccassini, que se ocupa del proceso Previti y a quien el ministro del Interior, casi por castigo, ha retirado la escolta. Por este enésimo episodio de difamación contra ustedes ha pedido usted la intervención de Ciampi.

F. B. Sí, es cierto; he tenido que convocar inmediatamente una pequeña conferencia de prensa para desmentir radicalmente el episodio. Y extrañamente, aunque los embustes más venenosos y más peligrosos son aquellos que tienen un pequeño apoyo en la realidad, éste es un embuste total, como si alguien viniera aquí en este momento a decir: Borrelli ha hecho saltar por los aires el palacio de la Provincia (que vemos por la ventana frente a nosotros). Embuste total. Algunas de las personas mencionadas ni siquiera se conocen entre sí, no han estado nunca en Lugano, ni hace una semana, ni hace diez años.

A. T. Me temo que los magistrados tengan demasiada estima de sí mismos. No sé si ha habido rectificación, pero el Quirinal ha respondido que el jefe del Estado no entra en 'una polémica periodística'. De aquí se deduce que ustedes, los magistrados, no han sido calumniados y vilipendiados por los periódicos pertenecientes al presidente del Consejo; es simplemente 'una polémica periodística'. ¿Qué me dice de esto?

F. B. En realidad, el propósito inicial que había manifestado no lo he llevado a cabo. Si he pensado en el jefe del Estado lo he hecho sólo en cuanto presidente del Consejo Superior de la Magistratura, que tiene entre sus competencias la de proteger la independencia de la magistratura. Naturalmente, no pretendía en absoluto someter al presidente de la República a una demanda por difamación en la prensa, que es lo que se espera en un caso como éste. Es que un episodio de este tipo, que entre otras cosas han sacado a la luz revistas y periódicos que están relacionados con el actual presidente del Consejo (Il Giornale será de Paolo Berlusconi, pero da lo mismo, y Panorama es de Mondadori, pero da lo mismo), es un hecho muy grave, no puede ser casual. Y si simultáneamente asistimos a la retirada de la escolta -por ejemplo, de Ilda Boccassini-, a la denuncia del compló internacional de magistrados jacobinos y a otras afirmaciones de este género, entonces no se está poniendo en duda solamente la honorabilidad de la colega Ilda Boccassini, sino que se está cuestionando la corrección de la relación entre las instituciones, que merece la atención del Consejo Superior de la Magistratura, presidido por el jefe de Estado.

A. T. Razonemos por hipótesis o por el absurdo. Ya sabe, en Italia ya se puede razonar por reducción al absurdo. Supongamos que, como ha instado el ex subsecretario Taormina, se detuviera a los magistrados. Para una detención hace falta firmar una orden. ¿Quién podría firmarla en su opinión? ¿La fiscalía de Brescia?

F. B. Mientras tanto sería necesario encontrar un delito que permita la posibilidad de la orden de detención.

A. T. Ya, ¿con qué motivo? Usted habrá firmado muchos motivos de detención en el transcurso de su carrera. ¿Querría intentar formular el motivo de la orden de su detención?

F. B. ¡Bah!, podría ser cualquiera... Una especie de conspiración para el derrumbamiento del Estado; no sé, una asociación para el delito, una asociación subversiva, una cosa de este tipo. A no ser que dijeran que cogíamos dinero, no sé de quién, de Moscú, que tenemos las cuentas en Suiza, como parece que sucede con algunos colegas de otros sitios.

A. T. Visto el panorama que se ha creado, ¿se atreve a imaginar que una orden de arresto contra un magistrado pueda venir firmada directamente por el Ejecutivo; por ejemplo, por el ministro de Justicia? Es un razonamiento por reducción al absurdo, evidentemente.

F. B. Eso deberíamos excluirlo. Pues en un clima que se mueve bastante decididamente hacia el clima de régimen, en un momento dado podríamos ser de los violentos, de las escuadras [fascistas] como las de 1922, que se burlaban de cualquier magistrado; esto puede suceder. Y es también por esto por lo que estos infundios periodísticos no son inocentes ni inocuos, porque lo cierto es que en torno a Ilda Boccassini, quizá también en torno a mí, se ha creado y se ha atizado un resentimiento, un odio, que para Boccassini y para mí queda demostrado por las cartas que recibimos. Naturalmente, tengo que decir que todo esto, si nos ponemos a echar cuentas, queda equilibrado por el río de cartas y de telegramas de apoyo y de aprecio. Esto lo digo solamente por dar la proporción justa a las cosas, no por vanagloriarme. Pero el riesgo existe. Nadie dirá que el ministro del Interior o el jefe del Gobierno pueda instigar a nadie a apalear a un magistrado. A pesar de esto, podría haber alguno que tuviera la inspiración de hacerlo, para obtener méritos, porque, mirándolo bien, se puede dar una lección a un pelmazo, porque la tasa de servilismo espontáneo que hay entre nuestra gente siempre ha sido alto, como se ha demostrado con frecuencia en el siglo XX.