Los podólogos se 'cuelan' en la Cámara

Primer pleno de la Asamblea de Madrid tras el largo paréntesis navideño. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, anunció ayer, durante la sesión de preguntas, que en lo que va de año -apenas un mes- el Gobierno regional ha cerrado ya cinco clínicas que, de forma ilegal, se dedicaban a operaciones relacionadas con la estética. Contestaba a una pregunta del diputado socialista Lucas Fernández sobre la inspección del Ejecutivo de la Comunidad en este tipo de centros.

Dicho así, un éxito. Pero resulta que uno de los centros hábilmente detectados por los servicios de inspección era, en realidad, de un podólogo que, el hombre, ejercía su humilde y casi evangélico oficio en la trastienda de un comercio de electrodomésticos, que es verdad que no parece el sitio más adecuado para aliviar los pies. Pero que, a primera vista, tampoco parece un peligro público.

Otra de las clínicas cerradas era una consulta de medicina general que tenía solicitada la apertura, pero que abrió antes de recibir los correspondientes permisos. Otra, una clínica que tenía sus papeles en regla, pero cuyo quirófano presentaba algunas deficiencias. Y el resto, la desgraciada Icema y Medinasvi, cerrada el miércoles pasado.

No es para presumir de eficacia. Podía haberle dicho el diputado socialista lo que escribió el poeta José María Fonollosa: 'Estamos juntos. / Asidos a la soga del fracaso'.

Pero no le dijo eso. Lucas Fernández le recordó que la clínica en la que se produjo la tragedia, Icema, llevaba cuatro años funcionando sin que la Comunidad hubiera detectado irregularidad alguna. Y eso sí que era triste, cuando hay una muerte por medio.

Había ayer un cierto aire espeso en la Asamblea de Madrid. Sería que los casi dos meses en los que no ha habido actividad parlamentaria han hecho que sus señorías estuvieran como desganadas.

O a lo mejor fue el rigor con el que el presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, administró los tiempos. Porque es que dejó a medio argumentar a diputados y consejeros. Ecuánime sí fue y a todos dejó con la palabra en la boca.

Ni siquiera la pregunta que la diputada de PSOE-Progresistas Cristina Almeida le hizo al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, dio vidilla a la tarde.

Y eso que ambos dan juego. Pero nada. Almeida preguntó por las transferencias de Justicia. Y Alberto Ruiz-Gallardón dio cifras -214,56 millones de euros de inversión y una superficie de 210.000 metros para la construcción de la Ciudad de la Justicia-, y aprovechó para reprochar a los socialistas que 'por no hacerse la foto' no quieran colaborar en el consenso de las transferencias.