La juez bloquea las cuentas bancarias en Suiza de siete ex inspectores de Hacienda de Cataluña

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas bancarias y de activos financieros de cualquier tipo que pudieran tener en Suiza o en cualquier país del mundo a siete ex inspectores de Hacienda implicados en la supuesta trama de corrupción que investiga. Entre los afectados por esa resolución figuran José María Huguet y Ernest Aguiar, que fueron los máximos responsables de la inspección de Hacienda en Cataluña, además de otros cinco subordinados, la esposa de uno de ellos y la del propio Huguet.

La magistrada explica en su resolución, fechada el 14 de marzo, que 'en estos momentos cabe estimar que la simple existencia de fondos en cuentas extranjeras podría ser producto de los delitos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones'. En este sentido, la juez precisa que los indicios supuestamente delictivos se centran en los siete inspectores que pudieron cometer un delito de cohecho y tráfico de influencias, y no puede hacerse extensible al resto de imputados.

La resolución judicial explica que el bloqueo de las cuentas no pretende otra cosa que investigar el patrimonio de los imputados en la causa, 'que, en principio, no se correspondería con las retribuciones derivadas de su condición de funcionarios públicos'. De ahí, añade la juez, que deba aclararse su 'origen ilícito'. En otras palabras, y según fuentes judiciales, la juez lo que pretende es descubrir si los acusados tienen sumas millonarias en cuentas extranjeras para concluir que puedan proceder de los supuestos sobornos que realizaron al maquillar las inspecciones a las empresas investigadas a cambio de elevadas sumas de dinero, según la tesis que maneja la fiscalía.

En la misma resolución, la magistrada también acuerda, a petición del fiscal Anticorrupción Carlos Ramos, el bloqueo y confiscación de los fondos de dos cuentas suizas identificadas desde octubre de 2000 y en las que Huguet y Aguiar pudieran haber ingresado unos 400 millones de pesetas percibidos por su actuación supuestamente delictiva como inspectores. La juez considera que se trata de impedir la 'desaparición de pruebas del delito' y rechaza el argumento dado en su día por Huguet y Aguiar de que ese dinero procede de sus ganancias en la Bolsa o de una herencia multimillonaria que pudo cobrar la esposa de un inspector implicado. Ninguna de esas explicaciones ha sido justificada en el año y medio transcurrido, recuerda la juez, y por el contrario, sí que hay indicios de que el dinero proceda de 'retribuciones dinerarias de los tratos de favor fiscal concedidos'.