El PSOE lleva a las Cortes el estado de cuentas de La Carolina

El PSOE ha iniciado una campaña de iniciativas en el ámbito parlamentario que tiene como objetivo conocer el estado de cuentas del ayuntamiento de La Carolina, gobernado por el senador Ramón Palacios (PP), al considerar que existen infracciones e irregularidades en la gestión que realiza el equipo municipal.

La última es la propuesta de fiscalización presentada en la comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que reclama conocer la gestión económica, presupuestaria y urbanística de los convenios de reindustrialización suscritos con el Ministerio de Industria y Energía en los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Los socialistas mantienen que Palacios recibe un trato de favor del Gobierno central, al recibir subvenciones por encima de la media y cuestionan el uso que se está haciendo de ese dinero. La iniciativa es consecuencia del informe de fiscalización al ayuntamiento realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al ejercicio de 1997.

El informe sobre la auditoría puso de manifiesto la existencia de irregularidades que se concentran en la política de personal y, sobre todo, de infraestructuras, que contó aquel año con una generosa financiación del Ministerio de Industria. La Cámara, en su primer dictamen sobre el gobierno de Palacios, manifestó una 'opinión negativa' sobre la legalidad de su gestión.

'Práctica habitual'

El PSOE está convencido de que las irregularidades contables no se reducen al año 1997, con la constatación de deficiencias en la gestión de más de 1.100 millones de pesetas en ayudas públicas, sino que se trata de una 'práctica habitual' en sus años de gestión, en palabras del portavoz municipal socialista, Javier Casino.

Los datos que le fueron facilitados al grupo socialista en el Senado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología reflejan que el ayuntamiento de La Carolina recibió en el periodo 1997-2000, dentro del plan de reindustrialización, un total de 14,02 millones de euros de ayudas estatales en concepto de subvenciones directas y préstamos sin intereses. Esa cantidad supone el 63% del conjunto de los fondos destinados a los cinco municipios del plan de reindustrialización de la N-IV.

Qué se hizo con ese dinero y dónde fue a parar es lo que quiere saber el grupo socialista, ya que tras los convenios que se suscribieron entre el consistorio y el Gobierno correspondientes a 1997 se continuó con la línea de actuación en años posteriores.

El escrito que reclama la propuesta de fiscalización indica que el informe de la Cámara advierte de que de los incumplimientos legales en la gestión de ayudas industriales 'parecen deducirse indicios de responsabilidad contable'. Sin embargo, no se detectó delito en la actuación del equipo de gobierno. La propuesta tiene que ser votada. El PP cuenta con mayoría, lo que hace difícil que salga adelante.