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Bruselas pide a España que aumente la competencia en telecomunicaciones y energía

La Comisión destaca la baja productividad y el paro que registra la economía española

Carlos Yárnoz

Escasa competencia, baja productividad, elevado paro, reducidas inversiones en investigación y necesaria reforma del sistema de pensiones. Son ésas las grandes lagunas de la economía española que, una vez más, son puestas de relieve en un documento que tiene previsto difundir el próximo miércoles la Comisión Europea. Se trata del informe anual con recomendaciones de Bruselas para cada Estado. Este año, el documento hace especial hincapié en que las grandes compañías controlan en exceso los mercados de energía y telecomunicaciones con la consiguiente falta de competencia.

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Bruselas reconoce que en los últimos años ha habido una apertura de la economía española, sobre todo a partir del 'ambicioso plan de liberalización' de junio de 2000, pero acto seguido advierte de que las grandes compañías de telecomunicaciones fijas (Telefónica) y gas controlan un porcentaje muy elevado del mercado y que, en el sector de la electricidad, sigue habiendo una escasa competencia. De hecho, el mercado eléctrico está controlado por Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. El Gobierno español, pese a esta constatación de Bruselas, fue uno de los principales impulsores de la liberalización del mercado energético en la UE en la cumbre de Barcelona. Bruselas cita otros tres ejemplos en los que el nivel de competencia debe mejorar: farmacias, hipermercados y libros.

Productividad

Pero quizá más preocupante para el futuro resulta la recomendación de mejorar los bajísimos niveles de productividad, sólo por encima de Portugal y de Grecia entre los países de la zona euro. Sobre todo si se tiene en cuenta que el índice ha empeorado con respecto a 10 años atrás: el nivel de productividad en España es del 92% (siendo 100 la media de la UE), cuando hace 10 años era del 94,8%. Por eso, Bruselas recomienda mayores esfuerzos para mejorar la preparación técnica de los empleados, mayores inversiones en investigación (hoy es de un 0,9% del PIB, la mitad de la media europea) y una mayor difusión de las tecnologías de la información (un 25% de hogares están conectados a Internet, 15 puntos menos que la media en la UE).

Igualmente preocupante para el futuro resulta la necesidad de mejorar el sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. Para la Comisión, las previsiones del Gobierno español para el periodo 2000-2005 'no contemplan medidas adecuadas' para afrontar el envejecimiento de la población, y el anuncio de reforma del sistema 'no contempla un calendario detallado'. Puesto que el Gobierno prevé que el fondo de reserva para las pensiones alcance un 1% del PIB en 2004, Bruselas recomienda que buena parte del actual superávit de la Seguridad Social se dedique a ese fondo, que hoy cuenta con 6.000 millones.

El Gobierno español prevé lograr el equilibrio presupuestario en 2003 y espera contar con un superávit del 0,2% del PIB en 2005. Pero el problema más grave para mantener ese equilibrio, de obligado cumplimiento por el Pacto de Estabilidad, se planteará a partir de 2015, cuando el envejecimiento de la población disparará el gasto en pensiones.

Mercado laboral

Especial mención merece el capítulo del mercado laboral, porque recoge ya una polémica recomendación derivada de los acuerdos de Barcelona. Así, Bruselas pide al Gobierno que, a la hora de negociarse los salarios, 'se tengan en cuenta' las diferencias regionales (muy profundas en España), la productividad y la preparación técnica de los empleados. La Comisión cree que España debe mejorar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el empleo, por lo que recomienda, entre otras cosas, reducir el porcentaje de contratos temporales (hoy del 31,7%) y aumentar los de tiempo parcial (7,9% frente al 18% en la UE). En diciembre de 2001, el paro en España era del 12,9%, el más elevado de la UE, y la Comisión cree que se reducirá nueve décimas en 2003.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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