El Defensor del Pueblo alerta del aumento de guetos educativos en zonas desfavorecidas

'Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema educativo andaluz es el de conjugar el derecho a la educación de las minorías sociales con el derecho de todos los ciudadanos a la libre elección de centro docente, y hacerlo de tal forma que el resultado de la efectividad de ambos derechos no sea la aparición de guetos educativos en determinadas zonas y barriadas de las ciudades andaluzas'. De esta forma alerta la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en su informe 2001 sobre la paulatina aparición de guetos educativos en las zonas más desfavorecidas de las capitales andaluzas, colegios e institutos donde se concentra un alto porcentaje de alumnos de extracción social baja, minorías étnicas o hijos de inmigrantes.

La Oficina del Defensor destaca que en Andalucía se echan en falta medidas que contribuirían de forma efectiva, como ocurre en otras comunidades, a paliar este problema. Entre ellas, el informe se centra en dos: que la administración educativa establezca planes específicos para la escolarización de estos alumnos y la distribución de éstos cuando el gueto esté ya consolidado.

La primera de estas medidas serviría para evitar la aparación de nuevos guetos. Para ello habría que fomentar la dispersión de los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de sus circunstancias sociales, obligando a los centros públicos, privados y concertados a reservar un número determinado de plazas, algo que actualmente sólo se hace con los alumnos discapacitados.

En este sentido, la Consejería de Educación ultima en estos momentos un decreto que regulará las enseñanzas, los recursos y las condiciones de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, norma que podría incluir la obligatoriedad de que se reserven un determinado número de plazas en los centros para los alumnos provenientes de los colectivos sociales más desfavorecidos.

La segunda medida que ofrece el informe del Defensor, prevista para aquellos casos en los que ya existe un gueto consolidodado, recomienda a la admnistración educativa que actúe 'con suma prudencia' en la distribución de este alumnado de una forma gradual y 'curso a curso' por los colegios e institutos de la zona, funcionamiento con el que se evitaría que la posible solución se convierta en un mero traslado del problema de un centro a otro.

No obatante, la Oficina del Defensor advierte de que aún aprobándose un plan específico para la distribución de este alumnado, su aplicación no resultaría nada sencilla. Entre los impedimentos que señala el informe figuran que dicha medida chocaría con el derecho a la libre elección de centro que tienen los padres de los alumnos, por lo que tal reparto sólo podría hacerse con el beneplácito de las familias. Otros obstáculos radican en las peculiaridades socioculturales de las familias gitanas e inmigrantes, tendentes a agruparse y convivir con miembros de su propia comunidad para evitar el rechazo social.

Para superar estos escollos, la Oficina del Defensor propone que se refuercen los equipos de orientación con mediadores interculturales y trabajadores sociales que trabajen con las familias o que se desarrollen medidas extraordinarias como crear una ruta específica de transporte escolar para llevar a estos alumnos a sus centros docentes, evitándoles así a las familias la molestia que supondría escolarizarlos en centros lejanos de su lugar de residencia.