Objetivo de Aznar: despido más fácil y más barato

Con el decretazo, Aznar y su Gobierno pretenden evitar el debate social y político que comporta la tramitación parlamentaria de una ley. Y no es ninguna sorpresa porque desde el principio el Gobierno ha intentado maquillar los recortes de derechos sociales, confundiendo a la opinión pública al presentar sus medidas como favorecedoras del empleo, hasta el punto de negar reiteradamente que existan recortes de derechos. Para que su estrategia de confundir a la opinión pública tenga éxito ha evitado cualquier debate serio en los medios de comunicación y en cambio utiliza sin ningún tipo de escrúpulos a su división acorazada mediática, que estos días está desempeñando el papel de vanguardia de los que jalean la Razón -así en mayúsculas- de Aznar, aunque ello comporte mentir descaradamente.

Uno de los casos más evidentes de falsedad se produce en la explicación gubernamental de la desaparición de los salarios de tramitación. No creo que haya nadie que después de leer el decretazo pueda negar que esta medida facilita el despido, abarata su coste e incentiva el uso fraudulento de la contratación temporal. La modificación del Estatuto de los Trabajadores incentiva el despido y penaliza el empleo, en la medida que establece que sólo deberán pagar los salarios de trámite las empresas que readmitan al trabajador después de la sentencia de nulidad o improcedencia dictada por los tribunales. Las empresas que opten por la no readmisión del trabajador y sí por la indemnización, serán premiadas: no deberán pagar salarios de tramitación. O, dicho más clarito, a las empresas les saldrá más barato mantener el despido después de una sentencia de despido improcedente que readmitir al trabajador. Y luego dicen que el objetivo del Gobierno es incentivar el empleo. Menuda desfachatez.

Pero la medida tiene más consecuencias en términos de precariedad y pérdida de derechos. Así, durante el periodo de tramitación de la demanda, los trabajadores irán consumiendo el periodo de desempleo al que tienen derecho, de manera que en muchos casos cuando llegue la sentencia ya habrán agotado el derecho a prestaciones. Por supuesto, durante este periodo no cobrarán su salario íntegro como hasta ahora, sino únicamente una prestación del 70% de su salario y siempre con un tope muy rígido que establece la ley de seguridad social. O sea, que los trabajadores despedidos también pierden salario. Durante los meses de tramitación la empresa no deberá cotizar a la seguridad social ni al Inem, cosa que sí sucede ahora, con lo que los trabajadores despedidos improcedentemente pierden cotizaciones a efectos de acceder al desempleo. Quienes conocen las relaciones laborales saben que el impacto que esta medida puede tener en el caso de los contratos temporales, especialmente los de corta duración, es importante, dado que la falta de cotización durante este periodo puede suponer que no perciban las prestaciones por desempleo.

Por supuesto, si las acciones legales ante los tribunales no tienen ninguna consecuencia para las empresas en términos de salarios de trámite, ello llevarà a los empresarios que optan por la precariedad a abusar aún más de la contratación fraudulenta. Y en sentido contrario desincentivará el ejercicio de las acciones legales de los trabajadores frente a los contratos en fraude, que no se olvide que son cerca del 48% de los controlados por la Inspección de Trabajo.

Dos últimas consideraciones de carácter económico. Afirmar como hace el Gobierno que la desaparición de los salarios de tramitación supone reducir costes inde

bidos a las empresas sólo puede hacerse desde la ignorancia o la mala fe. Desde 1994, las empresas sólo pagan un màximo de dos meses de salarios de trámite sea cual sea la duración del proceso. Por supuesto, sólo están obligados a pagarlo previa declaración judicial de improcedencia del despido, y que no le quepa duda a nadie de que estas medidas no incentivan el empleo, sino la cultura de la precariedad. No hay ningún empresario serio y solvente que deje de contratar por el coste de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes. Los únicos empresarios que van a salir ganando son los que abusan del fraude y la precariedad, y éstos no nos interesan ni a los trabajadores ni a la economía de este país.

Entenderán ustedes que en estas condiciones la explicación sindical de la huelga del 20 de junio vaya precedida de una advertencia: que no te engañen.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Cataluña.