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Un diputado pide amparo a Rigol para acceder a los contratos de Europraxis

El Parlament devolverá a la sindicatura el informe del 'caso Pallerols'

El diputado socialista Martí Carnicer ha pedido el amparo del presidente del Parlament, Joan Rigol, para acceder a todos los contratos de la Generalitat con Europraxis y otras empresas vinculadas a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol. Carnicer considera que ante la negativa del Ejecutivo de CiU a entregarle la información que ha solicitado por escrito, sólo le queda pedir la mediación de Rigol.

El pasado martes, el Parlament aprobó por unanimidad encargar a la Sindicatura de Cuentas un informe sobre los contratos públicos de Europraxis Consulting Holding, Europraxis Consulting, Comopraxis -vinculadas a Josep Pujol Ferrusola- e Indra, que adquirió Europraxis en 2001. La iniciativa partió del diputado socialista Martí Carnicer, quien paralelamente había utilizado la vía de la pregunta por escrito al Gobierno para conseguir la información sobre los contratos de estas consultoras con el Gobierno catalán.

El Ejecutivo respondió a la pregunta el mismo martes, tres meses después de su presentación. La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, asegura en la respuesta que en 'la base de datos de los acreedores de la Generalitat de los últimos tres años no consta' ninguna de las tres primeras empresas citadas. Respecto a Indra, la consejera se limita a contestar que existe más de una empresa con dicho nombre, con lo que evita ofrecer ningún dato.

De Gispert dio recientemente esta misma respuesta a otra pregunta similar formulada por el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, y hay otra pregunta registrada, aún por contestar, del diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) José Luis López Bulla.

Carnicer considera que la respuesta es 'inadmisible', por lo que ha solicitado por escrito la intervención de Rigol. En su pregunta, Carnicer se interesaba por los contratos de la Generalitat y de todas las empresas u organismos autónomos en los últimos seis años, mientras que la consejera se limita a informar sobre los encargos de la Generalitat en los últimos tres años y pasa por alto a Indra.

En una carta abierta publicada en La Vanguardia el pasado mes de abril, Josep Pujol aseguró que la facturación de Europraxis con proyectos relacionados con la Generalitat en los últimos ocho años no supera el 0,25% del total de contratos de esta empresa.

Este mismo año, el Gobierno catalán ha admitido que en 2001 contrató tres informes a Tourism & Leisure, participada en un 70% por Europraxis. Estos encargos no partieron directamente de la Generalitat, sino del consorcio Turismo de Cataluña, y el Departamento de Industria, del que depende el consorcio, ocultó dichos contratos en una respuesta parlamentaria. Cuando éstos se conocieron, Industria justificó el olvido alegando que la pregunta se interesaba por 'informes y estudios' y el encargo era técnicamente un manual.

En la sesión del pasado martes, todos los grupos parlamentarios -incluido Convergència i Unió (CiU) para no quedar en minoría- reclamaron un informe a la Sindicatura de Cuentas que coincide con la pregunta presentada por Carnicer, aunque ampliada a la Administración local. En la sesión se analizó también el informe que la sindicatura ha elaborado sobre el caso Pallerols y todos los grupos, salvo CiU, amonestaron al síndico mayor, Marià Nicolàs, porque el informe apenas fiscalizaba al Departamento de Trabajo. La reprimenda se concretará hoy en una resolución. El PSC, ERC, Iniciativa y el PP devolverán el informe a la sindicatura para que se amplíe, y la izquierda incluso pretende hacer constar explícitamente que el Parlament no aprueba la parte relativa a Trabajo.

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