Los demócratas quieren rentabilizar los escándalos en las elecciones de noviembre

Los continuos escándalos financieros tienen al presidente George Bush en posición defensiva y tomado por una irritación que le cuesta ocultar. Bush se dice muy preocupado por las consecuencias de esta crisis para la economía norteamericana y promete que su Gobierno tomará medidas contra quienes violan la confianza pública. Tiene que hacerlo pronto y de forma convincente porque, ante las elecciones de noviembre, los demócratas quieren aprovechar a fondo la vía de ataque que les proporciona la buena relación del presidente con las grandes corporaciones.

'Los votantes están predispuestos a creer que los republicanos han dado vía libre a una conducta que recompensa la actitud irresponsable de los poderosos a costa de los empleados y del inversor de a pie', se lee en un informe de estrategia para la dirección demócrata preparado por James Carville, que fuera consejero del presidente Bill Clinton.

Bush sigue gozando de un altísimo apoyo popular, en torno al 70%, pero sólo uno de cada tres ciudadanos cree que está haciendo todo lo que puede con la economía, que a pesar de ir para arriba en términos macroeconómicos, lo hace bajo la sombra de la crisis de confianza en los mercados generada por los escándalos financieros. Los demócratas quieren capitalizar la ira popular y subrayan los vínculos de la Casa Blanca con compañías como Enron (por amistad personal del presidente con su creador, Ken Lay) o como Halliburton, también investigada por prácticas contables sospechosas en 1998, cuando Cheney era su consejero delegado.

Desregulación sin límites

Richard Gephardt, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, es quien más lejos ha ido en los ataques verbales, con referencias a 1994, cuando los republicanos tomaron el control de ambas Cámaras. 'Todo lo que hay que hacer es ver lo que ha venido ocurriendo en los últimos ocho años: la eliminación de regulaciones medioambientales, la eliminación de regulaciones contables, la eliminación de regulaciones fiscales, la eliminación de regulaciones sobre la gobernación corporativa', dice Gephardt. 'Han hecho mucho de eso y ahora vemos los resultados'.

Los analistas creen que el asalto de la oposición sería efectivo si los republicanos mostraran inactividad de aquí a los comicios de noviembre, donde se juega el control del Congreso en la segunda parte de esta presidencia, pero no parece que vaya a ser así. El presidente ha aparecido genuinamente irritado con esos que mueven miles de millones de un lado a otro con resultados desastrosos no sin antes llenarse los bolsillos. 'No vamos a tolerar ninguna violación en la confianza del público', dijo Bush en su alocución radiofónica del sábado. 'El Gobierno federal va a estar vigilante y va a perseguir a los delincuentes para garantizar que los inversores y los trabajadores mantengan su confianza en el mundo empresarial'.

El presidente reiteró en su intervención el decálogo de medidas que ya propuso en marzo contra los directivos que abusan de su posición, entre las que se incluía la obligación de devolver primas y otras retribuciones en caso de que las cuentas anunciadas no se ajusten a la realidad. Bush piensa que en casos extremos, a los ejecutivos falsarios se les deberían prohibir para siempre la dirección de empresas cotizadas. La próxima semana tiene previsto pronunciar un discurso sobre este problema en el que, según fuentes de la Casa Blanca, va a recomendar la imposición de sanciones penales contra los directivos que falsean información.

A la espera de lo que diga el presidente, Tom Daschle, el líder de la mayoría republicana en el Senado, mantiene que la Casa Blanca y los republicanos han sido renuentes a tomar medidas serias. Pone como ejemplo la resistencia que encuentra un proyecto de ley elaborado por el comité bancario de la Cámara alta para controlar con más rigor a las auditoras, que contrasta con el menos exigente aprobado por la Cámara de Representantes.

Ambas cámaras deben ponerse de acuerdo para que la ley salga adelante, y algunos senadores republicanos han dicho que nunca votarán por un plan que consideran excesivamente intervensionista. La Casa Blanca trata de desmarcarse de tan peligrosos correligionarios. Ari Fleischer, el portavoz presidencial, ha dicho que Bush podría manifestar su apoyo cuando el proyecto se discuta en el pleno del Senado si en él se da más juego a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), cuyo presidente, Harvey Pitt, fue nombrado el pasado verano por Bush.