El PSOE pide una movilización social contra la Ley de Calidad
La aprobación del texto sin precisar financiación causa la convocatoria de una huelga estudiantil
El PSOE hizo ayer un llamamiento a la movilización social -de todos los sectores relacionados con la educación y la juventud- para protestar por 'la ausencia de financiación de la Ley de Calidad y su contenido segregador y discriminador con la escuela pública'. Los socialistas anunciaron que empezarán a preparar movilizaciones junto con los sindicatos a partir de septiembre y aseguraron que el Gobierno tiene 'la obligación legal de acompañar la ley con una memoria económica'. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza sin precisar financiación. Esta iniciativa ha provocado también la convocatoria de una huelga por parte del Sindicato de Estudiantes.
CiU insistió ayer en su intención de recurrir la Ley de Calidad ante el Tribunal Constitucional si no respeta "escrupulosamente" las competencias autonómicas, afirmó el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias.
Un texto abierto a 'matices'
La ministra de Educación, Pilar del Castillo está dispuesta a introducir cambios en la nueva ley de enseñanza durante el trámite parlamentario, según indicó ayer en La Carolina (Jaén). Del Castillo se dirigió especialmente a los nacionalistas de CiU por su anuncio de presentar un recurso de inconstitucionalidad, y dijo que, a juicio del Gobierno, 'hay expectativas abiertas para alcanzar un acuerdo'. No obstante, la ministra se mostró sorprendida por el anuncio de los nacionalistas catalanes y destacó que hasta ahora lo único que hay es un proyecto y no un texto completamente definitivo. Durante el trámite parlamentario, subrayó, el proyecto del Gobierno 'registrará otros matices'. Sobre el anuncio realizado el viernes por la propia ministra de que la financiación de la ley dependerá de lo que decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Del Castillo explicó que el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado en 2001, será el que rija por primera vez la elaboración de una norma con rango de ley. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está formado por las comunidades autónomas y el Gobierno, aunque tiene mayoría este último. La ministra reiteró que a ese sistema hay que supeditar la fijación de los gastos adicionales que represente la Ley de Calidad y recordó que las comunidades autónomas 'tienen competencias de gestión, decisión, política y diseño'. Por otra parte, el PP señaló ayer que con la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Calidad, el partido del Ejecutivo ha cumplido el ciento por ciento de su programa electoral en esta materia, según la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Mato, quien dijo que se ha invertido en educación 'más que nunca'.
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