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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Multa a Boliden

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la mayor multa impuesta en España por daños ambientales: 45 millones de euros a la empresa minera sueco-canadiense Boliden por el vertido, en abril de 1998, de seis millones de metros cúbicos de lodos metálicos y agua ácida por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), situada en el entorno del parque nacional de Doñana. La mayor parte de la multa, 42 millones, está destinada a restituir los costes de limpieza y reposición de la zona afectada, en aplicación del principio de que 'quien contamina, paga'.

Boliden niega cualquier responsabilidad en el vertido tóxico y ha anunciado que recurirá la sanción. La compañía minera logró en noviembre pasado un notable triunfo cuando el procedimiento penal quedó definitivamente archivado porque la Audiencia de Sevilla no apreció ni negligencia ni imprudencia en su actuación. Un informe pericial solicitado por la juez concluyó que el derrumbe de la balsa se debió a errores de cálculo en los proyectos de construcción y recrecimiento, ambos efectuados por empresas del Grupo Dragados. Boliden ha apuntado que si su recurso contra la multa no es atendido por el Supremo, redirigirá la sanción contra los constructores de la balsa. Y éstos han hecho saber que el problema estuvo en la mala utilización que se hizo de la balsa, que estaba proyectada para contener lodos espesos y se utilizó para almacenar desechos mucho más líquidos.

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Al caso Aznalcóllar le quedan aún muchos años. A la multa se sumará antes de fin de año la apertura de la vía civil, a la que recurrirá la Junta de Andalucía para tratar de recuperar 86 millones de euros empleados para descontaminar y restaurar la zona. Sería deseable que se impusiera el principio de 'quien contamina, paga', sea quien sea el que finalmente se considere responsable. También sería deseable que, cuanto antes, se subsanen las carencias que presenta la legislación minera. Las grandes medidas de seguridad a que están obligadas las presas de agua contrastan con las que deben tener balsas como la de Aznalcóllar, a pesar de que ésta podía llegar a acumular hasta seis millones de metros cúbicos de materiales altamente tóxicos.

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