El Gobierno intenta demostrar que el partido aberzale 'es el brazo político' de ETA

Si el juez Baltasar Garzón trata de suspender la actividad de Batasuna por pertenecer a ETA, el Gobierno demandará la semana que viene al Tribunal Supremo su ilegalización por ser su 'brazo político'. El Ejecutivo fundamenta en 23 actuaciones de Batasuna 'jurídicamente relevantes', acaecidas tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, el 29 de junio, su demanda con la que pretende demostrar que vulnera los principios democráticos defendidos en esa norma.

El informe jurídico con que el Gobierno argumenta la ilegalización de Batasuna, y que ayer presentó el ministro de Justicia, José María Michavila, resalta 'la utilización por ETA del apoyo de los partidos' como 'complemento financiero, logístico y político en numerosas organizaciones', básico para su actividad terrorista.

Según el informe, 'la creación de partidos, que se vienen sustituyendo sucesivamente en su actividad, se ha convertido en una constante en el entorno de apoyo a ETA, con un único fin: aprovecharse de las ventajas que otorga el sistema democrático (subvenciones, financiación pública, participación institucional, acceso a espacios electorales gratuitos, al censo electoral, a los medios de comunicación para proyectar sus programas...) para sustentar, apoyar, generalizar y multiplicar los efectos del terrorismo y del miedo y de la intimidación general'.

El ministro recalcó un apartado que expone que la demanda de ilegalización de Batasuna no es por sus 'silencios' ante atentados. 'Es un debate superado. No se trata sólo de los silencios, con toda la gravedad legitimadora de la actividad terrorista que en términos estrictamente jurídicos esta conducta encierra, sino que a la misma se acompañan acciones graves, reiteradas y explícitas, que dan lugar a que concurran los supuestos de hecho determinados en el artículo 9 de la Ley de Partidos', señaló.

De modo más preciso, el informe atribuye a HB, EH y Batasuna 'una actividad constante de apoyo al terrorismo, habiendo sido dirigentes, representantes y militantes reiteradamente condenados por delito de terrorismo'. También precisa que sus comunicados, manifestaciones, comparecencias públicas son 'prueba constante de su desprecio a las instituciones democráticas' y que han cedido espacios gratuitos electorales a ETA, han dado participación a los terroristas y han gritado manifestaciones de apoyo. También destaca la celebración permanente de homenajes a condenados por asesinato, con actos de desprecio a las víctimas, la no condena de atentados, justificación de las muertes y exculpación de los culpables, apoyo público a los fines de la organización, cediéndole el censo electoral para que lo use en su actividad criminal. Resalta, por último, el empleo de las sedes de los partidos para organizar atentados, reclutar terroristas o depositar armas.

Michavila incidió en la homologación del modelo español de Ley de Partidos con legislaciones similares en Alemania y Francia, y concluye que aquél 'a diferencia de otros, no permite ilegalizar un partido por su ideología sino sólo por actividades contrarias a los principios democráticos'. Incluso que en esos países se ha ilegalizado a una treintena de partidos desde la Segunda Guerra Mundial.

También destacó que si Batasuna 'hubiera roto su apoyo de connivencia con ETA la ley no le hubiera sido aplicada'. 'Tuvo su oportunidad, pero sus 23 hechos tras la aprobación de la ley manifiestan claramente que Batasuna ha querido seguir siendo lo que ya era, el brazo político de ETA'.

El informe recuerda que 'la ley impone la valoración de la trayectoria de un partido para determinar si la misma es o no conforme a los principios constitucionales' Así, evoca declaraciones de dirigentes como Iñaki Esnaola: 'ETA no es un poder fáctico. ETA somos nosotros'. 'No son meras declaraciones. Van acompañadas de hechos probados que muestran que el entramado Batasuna representa un permanente ataque a los principios democráticos'.