La falta de fiscales, jueces y agentes frena el plan contra la inseguridad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un 33% el incremento necesario de magistrados sobre la plantilla existente. La Comunidad, que padece una desertización judicial, necesita 100 jueces más. Además, Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) considera que sólo en la provincia de Valencia son necesarios 15 fiscales más, 20 para toda la Comunidad, para responder a las exigencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El plan de choque contra la delincuencia del Gobierno establece para el conjunto del Estado 70 nuevos fiscales.

Uno de los ejes del plan de choque aprobado por el Gobierno del PP es la agilización de la administración de la justicia para resolver los pequeños delitos, al margen de intensificar la vigilancia en las calles para evitar que se comentan y detener a los autores. Sin embargo, las cifras de dotación de medios humanos en la judicatura no responde siquiera a las necesidades trasladadas al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Consejería de Justicia. El CGPJ estima que el incremento mínimo de la plantilla de jueces para la Comunidad debe ser del 33%, lo que equivale a un centenar de jueces más. Eso se enmarca en lo que se ha denominado proceso de desertización por falta de magistrados. La última incorporación, el 1 de abril de 2001, fue de 30 jueces. Existen además 20 juzgados vacantes y, según el PSPV, las plazas ocupadas lo están en un porcentaje importante por jueces sustitutos. Ello ha impedido aplicar en toda su extensión la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que se proponía, entre otras cosas, agilizar la aplicación de la justicia.

A la insuficiencia de magistrados se suma la de fiscales. Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reclama desde hace más de un año un mínimo de 15 fiscales, sólo para la provincia de Valencia, uno por cada partido judicial. El mínimo que se estima necesario para la Comunidad es de 20 fiscales más, casi una tercera parte de lo que ha establecido el Gobierno para el conjunto del Estado. Actualmente, la provincia de Valencia se divide en zona norte, centro y sur, y en cada una de ellas hay un único fiscal de guardia. Beltrán afirmó el pasado miércoles tras su reunión con Carlos González Cepeda, consejero de Justicia, que 'no sólo son insuficientes para hacer frente a muchas de las diligencias normales en una guardia sino que es imposible que en estas condiciones se puedan aplicar los juicios rápidos'. Para la aplicación de los juicios rápidos, otro de los ejes fundamentales del plan de choque contra la inseguridad ciudadana, sólo la ciudad de Valencia necesita un juzgado de Instrucción más, que las autoridades judiciales también reclaman desde hace más de dos años, para poder tener dos de guardia: uno para la guardia ordinaria y otro para los juicios rápidos. Y necesita cubrir el 50% de vacantes existente en el cuerpo de secretarios judiciales.

Y, en medio de esta trama de desajuste entre las necesidades y los recursos anunciados se encuentra una reforma que el pasado año anunció González Cepeda como próxima a ver la luz, la de la planta judicial, y de la que no se ha cerrado aún nada. La reforma de la planta permitiría ajustar en número y ubicación los juzgados existentes a las población real de los municipios.