Agricultura estudia la liberalización de los arrendamientos rústicos para impulsar al campo
La norma busca rebajar la duración de los contratos de los cinco años actuales hasta sólo uno
El Ministerio de Agricultura quiere rebajar la duración de los contratos de arrendamientos rústicos desde los cinco años actuales hasta sólo uno y, mediante la liberalización, impulsar al campo. España tiene una superficie útil de tierras de cultivo de 18,3 millones de hectáreas, siete millones de hectáreas de tierras de pastos y pastizales y l7 millones de hectáreas forestales sobre una superficie total de 50,4 millones de hectáreas. Según los datos de la Superficie Agraria Útil (SAU), las tierras arrendadas han pasado de 4,9 millones de hectáreas, (el 19,8% de la SAU total en 1989) a 7,07 millones de hectáreas (el 26,8% de la SAU, en 1999).
Frente a los 1,4 millones de personas activas en el sector de los años ochenta, en la actualidad oficialmente se estima la existencia de unos 850.000 activos entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena. Administración y sector coinciden en señalar que el número de agricultores que labran directamente la tierra es muy inferior y que se situaría solamente en unas 400.000 personas. La casi totalidad de estos profesionales labran buena parte de sus tierras en régimen de arrendamiento. El temor de muchos propietarios agrarios a perder el dominio sobre sus propias tierras, ha sido históricamente uno de los hándicaps más importantes.
En los años ochenta la Administración de UCD puso en marcha una disposición por la que se establecía un arrendamiento mínimo de seis años, así como una prórroga forzosa de seis años y otras hasta un máximo de 21 años. Esta ley se consideró excesivamente dura para el arrendador y los socialistas rebajaron el periodo a cinco años sin prórrogas forzosas. Agricultura considera que se debe agilizar aún más ese mercado y ofrecer mayores garantías a los propietarios de que pueden hacer uso de sus propiedades casi en cualquier momento. En medios de la Administración se estima que, recortando los plazos, no se merma la seguridad del arrendatario de disponer de tierras suficientes en cuanto existe abundancia de oferta.
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