¿Qué es asesorar?

La normativa sobre incompatibilidades de diputados es imprecisa y poco exigente, y ello ha permitido situaciones que no pueden considerarse lógicas ni normales. El caso de los diputados López-Amor y González Pérez, que se han visto obligados a dar marcha atrás en su pretensión de fichar como asesores de empresas privadas, ha revelado la existencia de una brecha legal por la que es fácil colarse; sobre todo por la ausencia de mecanismos de comprobación, pero también por la deportiva permisividad recíproca observada por los parlamentarios de los distintos grupos.

Pretender asesorar a una empresa inmobiliaria siendo ponente de la Ley del Suelo o a una de seguridad siendo miembro de la Comisión de Interior es algo que parece llamativo; sin embargo, no alertó a los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado, que no plantearon objeción alguna a las solicitudes presentadas por López-Amor y González Pérez. Luego se ha podido comprobar que no eran casos excepcionales. Llama la atención que en bastantes ocasiones la actividad privada para la que se solicita permiso tenga más que ver con la especialización como parlamentario (miembro de una determinada comisión) que con la especialización profesional del interesado.

En otras palabras, cabe deducir que algunas empresas contratan a diputados no tanto como expertos en una determinada materia sino como legisladores en ella. Y eso no puede ser legítimo, por más que la Ley Electoral sea algo laxa o enrevesada. La idea es que no podrán participar en la gestión de asuntos 'que hayan de resolverse por ellos' (artículo 159). Es absurdo suponer que esa prohibición sólo se refiere a resoluciones sobre la empresa en cuestión, y no sobre el sector en que se juegan los intereses de la misma. Si esto no está claro, tiene razón IU al reclamar una reforma de la ley que establezca mecanismos de verificación.

Así se estableció hace años, tras escándalos sonados, en la Ley de Incompatibilidades, que las regula para los altos cargos. Pero en el caso de los diputados no ha habido un rigor equivalente, y ello ha llevado a este coladero que ahora queda en evidencia. Evitarlo no es caer en rigorismo 'talibán' como ha dicho insensatamente el diputado López-Amor, sino garantizar que los intereses privados no contaminen la actividad pública.