"La vivienda requiere un pacto de todos los partidos, es un problema de Estado"

El Consejo Económico y Social (CES) cumplió ayer diez años en sus tareas de órgano consultivo del Gobierno, en el que están representados todos los interlocutores sociales. Su presidente, Jaime Montalvo (Madrid, 1942), cree que en este periodo ha contribuido a consolidar la cultura del diálogo. Uno de esos debates acaba de dar como resultado un demoledor informe sobre la vivienda, que denuncia el fracaso de las políticas y la falta de soluciones para los más jóvenes.

Pregunta. En estos diez años, ¿ha tenido suficiente influencia social el CES?

Respuesta. Ha tenido una incidencia mayor de la que se ha visto en la sociedad, porque parte de su trabajo ha sido de reflexión, que ha servido de elemento de juicio tanto a los agentes sociales como a los poderes públicos. En estos últimos años ha habido una consolidación de la cultura del diálogo social y ahí el CES ha tenido una significación muy importante.

"Con todo el suelo que tiene el Estado, puede lograr que bajen los precios"

"El subsidio agrario ha tenido aspectos positivos y ha servido de equilibrio regional"

P. ¿Pero ha conseguido influir en las decisiones concretas?

R. No menos del 70% de las sugerencias del consejo han sido atendidas por los respectivos gobiernos. Pero es mucho más importante el papel en seguir desarrollando climas de entendimiento. Seguramente la relación entre los agentes sociales no sería la misma de no existir esta organización, donde cada día están intercambiando opiniones sobre temas relevantes.

P. Lo que no ha evitado es que la Ley de Acompañamiento siga siendo un cajón de sastre.

R. Cuando un partido no está en tareas de gobierno se escandaliza muchísimo por que se utilice tanto este recurso. En todo caso, creo que estamos empezando a exagerar la utilización de la Ley de Acompañamiento para abordar muchas cuestiones y que en consecuencia no se justifica.

P. De todas estas modificaciones, ¿cuáles son los casos más sangrantes?

R. Hay algunos preceptos importantes en materia tributaria y en materia de personal, sobre todo de administraciones públicas. El Tribunal Constitucional también ha dicho en alguna ocasión que no puede utilizarse la Ley de Acompañamiento en estos términos, que sea una especie de facultad omnímoda del Gobierno y plantear de golpe normativas a 40 temas diferentes y de bastante amplitud.

P. El informe sobre la vivienda es el último trabajo importante del CES, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

R. Respuesta formal, ninguna. Este informe ha coincidido con un momento en el que ya se ha empezado a hacer particularmente visible que el tema de la vivienda es un problema muy serio desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de nuestro sistema económico.Aparte de la Administración del Estado hay una gran responsabilidad de las comunidades y de las corporaciones locales.

P. ¿Pero qué culpas son achacables a cada administración?

R. Es muy complicado. La competencia de la Administración del Estado en materia de planificación y gestión urbanística es realmente poca. Sin embargo, es propietaria de muchísimo suelo, por ejemplo, todo el del Ministerio de Defensa. Ahí puede tener posibilidades de actuar, porque el suelo es el componente fundamental sin duda del problema del coste de la vivienda. Las competencias son más de las comunidades. Pero son los ayuntamientos los que tienen que definir la oferta de suelo y esa definición a veces no se incrementa porque les interesa que ese suelo suba mucho de precio porque eso mejora sus ingresos.

P. ¿Coincide con las razones que esgrimen algunos miembros del Gobierno para justificar la escalada del precio de la vivienda?

R. Ha habido responsables políticos que han tenido más reflejos y han dicho que hay que acometer este problema. Otros dicen: "Es que somos muy ricos". Pero la gente se compra coches mejores, y el precio del automóvil no se dispara. ¿Por qué? Porque está en un mercado de competencia más abierta. En vivienda estamos funcionando sin las reglas de mercado, pero los responsables públicos tienen que adoptar medidas que eviten ese crecimiento realmente disparatado del precio.

P. ¿Qué soluciones ve?

R. Hay otro tema delicado: las normas que rigen las VPO son extraordinariamente rígidas y establecen unas cuantías de ingresos que no llega nadie. Una persona con un sueldo bien modesto, que es dos veces el salario mínimo, no puede acceder a ellas. Entonces estamos primando las rentas opacas y penalizando las transparentes de los asalariados por cuenta ajena, que tienen que irse a comprar una vivienda de 60 millones. Eso es una locura.

P. El informe denuncia que son insuficientes las viviendas protegidas que se contruyen.

R. De 1982 a 1986, más de la mitad de las viviendas terminadas eran protegidas; pero en 2001 son el 10%. El acceso es sobre todo difícil para los jóvenes.

P. ¿Una solución sería intervenir en el precio del suelo?

R. Es muy complicado intervenir en el precio del suelo. Una solución es una mejor definición, y hay cosas de sentido común. Con todo el suelo público que tiene el Estado, si logra compromisos de venta con las constructoras sobre el precio final de la vivienda, al final baja por fuerza el precio del suelo.

P. También hay problemas con la vivienda de alquiler.

R. Proponemos fórmulas que se han utilizado en otros países, con viviendas de titularidad compartida, y el alquiler social.

P. ¿Se trataría de eliminar en la medida de lo posible algunos elementos especulativos?

R. Sí, sobre todo utilizar el suelo público para reorientar el precio del suelo...

P. ¿Cree que el Gobierno va a renunciar a ese pelotazo?

R. Yo comprendo que el ministro de Hacienda tiene la tentación de liberar los presupuestos consiguiendo el máximo de ingresos. Pero, al final, todas las misas salen de la misma sacristía. Si en una ciudad que tiene grandes solares, del Ministerio de Defensa o el suelo público que sea, pierdes 25.000 millones de pesetas en la venta, estás facilitando vivienda, que es un tema social, y reordenando el mercado y la estructura de la demanda en España. ¿Hasta cuándo y hasta dónde puede aguantar nuestro país con esa demanda que va devorándose?

P. ¿Las políticas de vivienda han fracasado?

R. En líneas generales, las políticas de vivienda son para muchos ciudadanos muy poco satisfactorias, y eso está a afectando más a los jóvenes, que era el objetivo del informe del CES.

P. ¿Sería conveniente un pacto de todos los partidos?

R. Como ciudadano, creo que sería absolutamente deseable un pacto de los partidos. En este momento, el problema de vivienda de los jóvenes, y de algunos que no son tan jóvenes, es un problema de Estado, un problema muy serio. Otro tema que también trata el informe es el retraso en el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes, que se da en condiciones de inestabilidad, con frecuencia con bajos salarios, lo que, unido a la carestía de la vivienda, hace extraordinariamente difícil la asunción de compromisos hipotecarios.

P. ¿No es preocupante que la temporalidad esté en el 31% de los asalariados mientras que la media de la UE es el 13%?

R. Muchísimo, y además que llevamos muchos años así. Esto produce un daño irreparable en el mercado de trabajo. Ahí el papel de los agentes sociales es fundamental, porque sin grandes acuerdos entre ellos y con el Gobierno es muy difícil abordar y corregir este gravísimo defecto de nuestro mercado de trabajo.

P. Un conflicto social que hay abierto del decretazo es el de los jornaleros del campo, ¿cree que el Gobierno debería buscar una solución sobre el subsidio?

R. No tengo duda de que se va a buscar alguna solución que sea satisfactoria para todos. Creo que el subsidio agrario, que es corregible, ha tenido algunos aspectos muy positivos, y basta ir a algunos pueblos de Andalucía y Extremadura para ver que ha sido un mecanismo importante de equilibrio regional.

P. Para atajar los accidentes laborales, ¿qué salidas se pueden buscar?

R. Nuestra legislación de salud laboral esta bien diseñada...

P. Pero no se cumple.

R. No. Hay que exigir un más riguroso cumplimiento de esta legislación. Pero, además, eso está muy afectado por la baja calidad de algunos ámbitos de nuestra contratación laboral. Creo que las asignaturas pendientes de nuestro sistema de relaciones laborales son la temporalidad y la salud laboral.