Martínez propone al presidente de la Junta un acuerdo de "mínimos" para alcanzar el pacto local en Andalucía

La presidenta del PP, Teófila Martínez, propuso ayer al Gobierno andaluz un "acuerdo de mínimos" sobre el pacto local en Andalucía, un proyecto anunciado por los sucesivos Ejecutivos del socialista Manuel Chaves desde la anterior legislatura y que nunca ha llegado a cuajar de manera definitiva.

Martínez aprovechó la sesión de control del Parlamento para lanzar esta oferta al presidente de la Junta, en un paso más de su nueva línea estratégica de combinar la crítica pura al Gobierno con propuestas alternativas. La dirigente popular acusó al socialista de "estar más ocupado en diseñar políticas partidistas en su exclusivo beneficio" y en "consagrar el centralismo" en la comunidad, que en ceder competencias y "financiación clara" a los municipios. Martínez anunció que su grupo presentará en el Parlamento una proposición de ley de pacto local. "Si me trae su ley, yo la retiro y elaboramos un documento de mínimos", aseguró.

Su propuesta no tuvo ningún eco. El presidente de la Junta le recordó que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) tiene ya la propuesta de pacto local elaborada por la Consejería de Gobernación. "Si quiere un documento base, pídaselo a sus representantes en la FAMP", aseguró Chaves, quien informó de la constitución de tres grupos de trabajo para avanzar en la descentralización de funciones y servicios. El presidente rebatió las críticas sobre sectarismo que le dirigió Martínez y recordó el plan de rehabilitación de viviendas que hay en Cádiz, cofinanciado por la Junta, o el plan de saneamiento dirigido a todos los municipios. Chaves terminó su intervención con un reto: "Espero del PP la misma colaboración que los ayuntamientos socialistas prestaron en la Federación Española para alcanzar el acuerdo de financiación y no el bloqueo al que quieren someter a la FAMP. Eso sí que es partidismo".

En respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Antonio Romero, el presidente andaluz se comprometió a aprobar durante el primer cuatrimestre del año próximo el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, que durará hasta 2008 y supondrá una inversión de 65 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Ante la batería de estadísticas que leyó Romero -quien terminó su discurso diciendo que la modernización y el avance de la comunidad no se pueden hacer "sobre la sangre de los trabajadores"-, Chaves reiteró que es necesario un pacto de Estado para evitar la precariedad laboral, factor clave para explicar los altos índices de la siniestralidad.

El presidente le recordó al portavoz de IU que muchas de las competencias para luchar contra los frecuentes accidentes están en manos del Gobierno, lo que no quita que el plan en el que trabaja la Junta, y que pactará con sindicatos y patronal, incluya medidas como exigir a las empresas de contratación pública que cumplan con todos lo requisitos legales o implicar a las policías locales de los municipios de más de 50.000 habitantes y a la autonómica en el control de riesgos.