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Reportaje:

Vecinos de Europa

Un grupo de sevillanos viaja hasta Bruselas para denunciar tres proyectos de aparcamientos públicos en el centro

Reyes Rincón

Los vecinos del casco histórico de Sevilla se han ido hasta Bruselas para que les hagan caso aquí. "Hemos demostrado que es más fácil que te reciba el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que los delegados de Obras Públicas o de Urbanismo del Ayuntamiento", asegura Concha Buzón, presidenta de la asociación de vecinos La Cardo, que abarca los barrios de San Marcos y San Luis.

Una representación de técnicos, consumidores, asociaciones en defensa del patrimonio, ecologistas y vecinos del casco histórico fueron recibidos el pasado lunes por el italiano Nino Gimelli, el presidente de la Comisión de Peticiones de la UE, que ha aceptado estudiar sus denuncias contra tres aparcamientos subterráneos que el Ayuntamiento prevé construir en los barrios de La Alameda, La Encarnación y San Luis.

La expedición, compuesta por 12 personas y en la que participó la candidata de IU a la alcaldía, Paula Garvín, entregó a Gimelli más de 3.500 folios de documentación sobre los tres proyectos, dos de los cuales han recibido fondos de la UE. Los vecinos advirtieron al presidente de la Comisión de que, en su opinión, estos aparcamientos contravienen numerosos planes y tratados europeos, autonómicos y locales, que desaconsejan la construcción de garajes públicos por hora (los llamados rotatorios) en los centros históricos porque incentivan el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público. Los vecinos insisten también en que estos proyectos agravarán los problemas de tráfico que ya existen en el casco histórico de Sevilla.

"Al margen de lo que diga Bruselas, lo importante es ejercer nuestro derecho a participar", argumenta José Luis Cano, de la asociación Entorno Regina. "Aquí hemos aportado ideas al PGOU, nos movemos, pero no nos escucha quien tendría que hacerlo", asegura.

La Comisión de Peticiones europea recibe un continuo flujo de visitas, pero desde el propio Parlamento reconocen que no es frecuente que las protestas las protagonicen entidades ciudadanas. En el caso de Sevilla, las movilizaciones contra los aparcamientos partieron directamente de cinco asociaciones de vecinos del casco antiguo, en el que viven 55.000 personas, pero que hasta hace poco sólo tenía voz de comerciante y político.

"Es un hito que los vecinos vayan a Bruselas, pero también es la primera vez que se moviliza el casco antiguo de Sevilla", asegura Cano. "Aquí siempre ha mandado el comerciante y todo se hacía para favorecer a los turistas y a los que vienen a trabajar o de compras. Ya es hora de que en el casco antiguo se piense en los residentes".

Los tres proyectos de aparcamientos que ahora han llegado hasta Bruselas dependen de las delegaciones de Obras Públicas, Urbanismo y Deportes, en manos del Partido Andalucista. Un informe interno de esta formación rebate el argumento vecinal de que estas tres actuaciones no se adaptan a la normativa.

Según este texto, el Plan General vigente, el de 1987, advierte de la carencia de aparcamientos en el casco antiguo, tanto para residentes como de uso rotatorio. Este modelo, el que critican los vecinos, queda definido en el PGOU de 1987, que actualmente se encuentra en proceso de revisión, como "aparcamiento localizado en zonas centrales, en lugares de alta concentración de actividades terciarias, oficinas y comercios".

Los vecinos, sin embargo, insisten en que los nueve aparcamientos públicos que ya existen en el centro "nunca se llenan". "La mayoría están medio vacíos porque la gente no paga para aparcar unas horas", cuenta Antonio Alonso, presidente de la asociación de vecinos Areneros de San Gil. Alonso vive desde hace 35 años en el centro y deja el coche en la calle, pero asegura que un vecino de su zona tuvo que comprar un apartamento para conseguir un garaje porque no ofrecían la posibilidad de adquirir sólo el aparcamiento.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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