La UE amonesta a España por no adoptar derechos del consumidor

Una directiva europea de 1999 estableció una garantía mínima de dos años para los consumidores en las compras hechas en cualquier otro país de la Unión Europea. Son derechos de reparación y reemplazo de bienes de consumo defectuosos de los que, sin embargo, los españoles no pueden disfrutar todavía dado que las autoridades no han traspuesto a la legislación nacional dicha directiva. Por este motivo, la Comisión Europea decidió ayer amonestar a España, y a otros siete países miembros de la UE, por segunda vez en un procedimiento previo a la denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Esta directiva, "la más importante nunca antes negociada para los consumidores", según la entonces comisaria de Política de Consumidores Emma Bonino, cuadruplica el tiempo de garantía de que disponen los ciudadanos españoles (ahora es de seis meses) para hacer una reclamación sobre un producto de consumo defectuoso adquirido en otro país de la UE. Durante los seis primeros meses una vez hecha la compra, según esta norma, es incluso el vendedor el que debe demostrar que el producto no está defectuoso.

La directiva, aprobada en mayo de 1999, otorgó a los países miembros de la UE dos años, es decir, hasta el 1 de enero de 2003, para legislar en la misma línea. En su momento se tuvo en cuenta la entrada efectiva de la moneda única en los bolsillos de los consumidores europeos. Ahora, España deberá demostrar ante la Comisión Europea que la norma va a entrar en vigor de forma inmediata. De lo contrario, será el Tribunal Europeo de Justicia el que decidirá sobre este asunto.

Dibujos y modelos

Los otros siete países que tampoco han adoptado esta importante norma son Bélgica, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Portugal, a pesar de que, como indica el actual comisario de Sanidad y Consumo, David Byrne, "los derechos definidos en la directiva revisten una importancia fundamental para los consumidores y también para la Unión". "Si los consumidores temen que sus derechos no estén protegidos", expresa Byrne en una nota oficial, "entonces dudarán de hacer compras fuera de sus fronteras".

También ayer, la Comisión anunció su decisión de denunciar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por no haber incorporado la directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Esta directiva se aprobó en 1998 y los propios Estados miembros decidieron fijar el 28 de octubre de 2001 como fecha límite para incorporarla a su legislación nacional.

Se da la circunstancia de que la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que registra precisamente las patentes en este terreno, tiene su sede en Alicante. Junto a España, serán denunciados también por este mismo asunto Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Portugal.