Terrorismo y estrategias electorales

Karl Rove, cuyo nombre ha aparecido recientemente en algunos medios, es el gran estratega electoral de George Bush. Cuando, hacia el mes de junio, las perspectivas electorales de los republicanos parecían más bien sombrías, por los escasos éxitos en la búsqueda de Bin Laden y, sobre todo, por los problemas de orden interno en materia económica, Rove aconsejó concentrar todas las baterías en la lucha contra el terrorismo y, muy en especial, en la guerra contra Irak. Esta estrategia perseguía tres objetivos: tapar los problemas internos, dejar sin espacio de maniobra a la oposición demócrata y movilizar a los suyos. La estrategia dio buenos frutos. Los republicanos obtuvieron una victoria casi sin precedentes en las elecciones legislativas parciales del pasado martes 5 de noviembre, Bush consolidó su liderazgo y los demócratas todavía se están lamiendo las heridas de la derrota. De hecho, la falta de liderazgo demócrata y la incapacidad para formular una alternativa que, como le exigía su electorado, no consistiera en una manipulación burda y elemental del patriotismo y la razón de Estado, fueron algunas de las razones que contribuyeron a su derrota.

No se trata de una parábola de la política del PP en relación con el tema del terrorismo; cada caso es cada caso. Aunque podría parecerlo. Cuando las cosas se ponen un poco mal en otros terrenos, ahora claramente con el problema del Prestige, el PP recurre al terrorismo. De hecho, es "el tema" de Aznar, allí donde quiere llevar, ocurra lo que ocurra, la agenda de la política española. El tema que piensa que le da réditos, reagrupa a los suyos y deja a la oposición sin capacidad para fijar la agenda. Y probablemente, vistas así las cosas, el que determinará el perfil del candidato más idóneo para sucederle.

El PP ha utilizado políticamente, siempre que le ha convenido, la cuestión del terrorismo. Algunos dirán que es lógico que así sea y que constituye una ingenuidad esperar lo contrario. Otros pretenden que es incluso legítimo. En definitiva, todo el mundo diseña sus estrategias electorales según le conviene. Sin duda es así. Pero entonces también es legítimo denunciar estas estrategias cuando sirven a fines distintos a los que proclaman, cuando se muestran incapaces de alcanzar los objetivos diseñados o cuando la práctica política se basa en el cinismo político y no en los principios morales que se pretende defender.

El pacto antiterrorista firmado entre el PP y el PSOE tiene el valor que tiene. Es un acuerdo entre los dos grandes partidos españoles para no utilizar el terrorismo como arma de desgaste político. Demuestra, en todo caso, una lealtad hacia el Gobierno por parte del PSOE que no tuvo el PP cuando todo valía en la oposición frente a Felipe González. Pero el pacto no será completo mientras no sirva para unir a todos los demócratas contra el terrorismo. Hasta ahora el PP lo ha utilizado según sus intereses. Cuando las cosas se le ponen complicadas en cualquier otro campo anuncia unilateralmente, fuera del marco establecido por el pacto, alguna iniciativa política (ayer fue la ley de partidos, ahora el cumplimiento íntegro de las penas) y pone a la oposición ante un hecho consumado; cuando el PSOE inicia algún tipo de aproximación política hacia el nacionalismo moderado, le acusa de incumplir el pacto antiterrorista.

La nueva iniciativa del PP para el cumplimiento íntegro de las penas llega después de la gran manifestación de Bilbao en contra del terrorismo a la que asistió todo el mundo, menos el PP. No es una casualidad. Después de las elecciones vascas, cada vez que se han producido gestos, insinuaciones, detalles, que podrían estar indicando que algunas piezas se estaban moviendo en la línea de reconstruir un cierto acuerdo entre el nacionalismo moderado y el Partido Socialista, el PP ha tratado de cortar de raíz esta posibilidad con alguna iniciativa que contribuyera a tensar de nuevo la cuerda. Ahora ocurre otra vez. Por cierto, dirigentes del socialismo vasco estaban en esta manifestación. Es una voz a la que hay que escuchar. Han padecido en primera línea una situación insostenible de falta de libertad. Tienen una doble legitimidad: la de haber contribuido históricamente de forma decisiva a la causa vasca y la de ser perseguidos por defender la libertad. Deben de tener todo nuestro apoyo, y en este sentido se echaba en falta que no les acompañaran en esta manifestación, como habían hecho en otras en el pasado, los dirigentes más destacados del socialismo español.

Esta manifestación debería marcar el inicio del final de una etapa de incomunicación y falta de diálogo injustificable entre el nacionalismo moderado y democrático vasco y los demócratas españoles y, aún más incomprensible, entre el Gobierno de Vitoria y el de Madrid. Es un periodo en el que, por un lado, quedarán para el libro de la historia (una historia aún no superada) la deslealtad que supuso el Pacto de Estella, es decir, el pacto con los terroristas para alcanzar determinados objetivos políticos, y la falta de solidaridad (personal y política) más elemental con las víctimas del terrorismo. Y por otro lado, el fracaso de la estrategia de Mayor Oreja, que propugnaba que para ganar la lucha contra ETA era preciso derrotar políticamente al nacionalismo. Es la estrategia que ha conducido a que la línea divisoria de la política vasca no se estableciera entre demócratas y terroristas, sino entre nacionalistas y españolistas; que ha querido asimilar nacionalismo con terrorismo; que ha pretendido expulsar a los nacionalistas vascos fuera de la Constitución. En definitiva, la estrategia que ha utilizado la Constitución no para unir e integrar, sino para dividir y excluir.

Esta manifestación es también la plasmación de dos hechos. Primero, de que todavía estamos lejos de la unidad democrática en la lucha antiterrorista. En esta manifestación, sin ir más lejos, faltaba el PP. Al final se impusieron las tesis de Mayor Oreja, según el cual la manifestación no iba en realidad en contra de ETA, sino que era una pieza más de la estrategia soberanista de Ibarretxe. Planteamientos como éste hacen que a veces parezca que para el PP el verdadero enemigo es antes el nacionalismo que el terrorismo. Si Mayor tiene razón, entonces "sus" manifestaciones (la que tuvo lugar tras el asesinato de M. A. Blanco, la de San Sebastián en septiembre de 2000) también formaban parte de una estrategia política, la suya, para derrotar políticamente al nacionalismo moderado. Pero ésta no es la cuestión. Aunque así fuera, lo importante es la unidad en contra de ETA. "Fuera ETA y viva la independencia" o "fuera ETA y viva España". Los dos valen, si permiten la unidad de aquellos que, aun con proyectos políticos distintos, se ponen de acuerdo para situar esta cuestión como la primera prioridad de la política vasca.

La manifestación es también la plasmación de otro hecho: la coincidencia en la lucha antiterrorista no significa que se deba compartir el mismo proyecto político de España. Nunca más hay que permitir que el PP, que ha contribuido a tensionar hasta límites impensables el panorama político del País Vasco, se pueda permitir acusar de terroristas a los discrepantes, de tibios o simpatizantes con el terrorismo a los que tienen otro proyecto político de España. Precisamente porque ha demostrado esta lealtad sin fisuras en el apoyo al Gobierno en la lucha antiterrorista, el socialismo español tiene toda la legitimidad del mundo para proclamar, bien alto y bien fuerte, que el proyecto del PP no es el suyo. Que allí donde el PP presenta un proyecto excluyente, existe la alternativa de un proyecto integrador. Donde el PP muestra la nostalgia por una España uniforme, el socialismo quiere una España plural. Donde el PP se recrea en las viejas glorias del nacionalismo español, el socialismo está construyendo una España en la que todas las nacionalidades deben tener cabida. Donde el PP impone una visión centralista y radial, el socialismo ofrece una España descentralizada y pluricéntrica. Éste es el mensaje que muchos españoles, no sólo catalanes y vascos, esperan oír del PSOE. El que mejor conecta con el pacto constitucional y el único que, a la larga, permitirá mantener viva la realidad política de España.

Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.