El poder y el pensamiento único

Como toda democracia que se precie, la nuestra se ha dotado desde 1978 de aquellos instrumentos imprescindibles en todo Estado de Derecho. Como pilares básicos de dichos sistema, el principio de separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales constituyen la garantía máxima de supervivencia de los individuos en sus relaciones sociales, así como en nuestra relación de hecho y de Derecho con las distintas Administraciones que conforman el Estado.

Durante los últimos años, y debido a factores diversos que difícilmente puedo analizar en estas líneas, asistimos en España a una peligrosa involución en las distintas garantías constitucionales que defienden el principio de separación de poderes, de forma que la existencia de dicha separación es prácticamente inapreciable en diferentes contextos y situaciones.

Si Montesquieu estaba ya muerto para algunos, otros parecen empeñados en enterrar su memoria en nuestro país

Tenemos al menos cuatro poderes adicionales, que intervienen abiertamente en la 'res publica'

Un análisis sopesado de este fenómeno tiende a reconocer que en este complicado juego de equilibrios y garantías constitucionales, la relativización del principio de separación de poderes viene pausada, pero sistemáticamente coadyuvando a la perpetuación en España del denominado "pensamiento único", frente a aquellas corrientes sociales minoritarias en España, pero incómodas a los ojos y a las prácticas de nuestros gobernantes. Veamos tan solo algunos ejemplos.

La cuestión es clara en muchas de las actuaciones de los tres poderes básicos del Estado, que con la legitimación que otorga la mayoría absoluta del ejecutivo vienen haciendo realidad la frase de un veterano socialista español. Si Montesquieu estaba ya muerto para Alfonso Guerra, algunos parecen empeñados en enterrar su memoria en España, para que legislativo, ejecutivo y judicial nos deleiten con su sinfonía acompasada de intervenciones coordinadas y consensuadas en defensa del pensamiento único. La maquinaria legislativa de las Cortes y del Gobierno central no encuentra freno ordinario en ninguna instancia, pues el sistema ha sido perfectamente dispuesto para que la discrepancia e incluso el control de los tribunales tengan un carácter meramente testimonial o simbólico. El ejecutivo no tiene reparos en calificar de antipatriotas a quienes han criticado la acción e inacción del Gobierno en la deriva y el caos ecológico y social provocado por el Prestige. Algunos no sólo son antipatriotas, casi herejes en tierra católica, sino que han de ser tontos de remate, ciegos o locos, pues como sostiene el Ministro de Defensa, "las playas gallegas están esplendorosas". Como puede verse, legislativo y ejecutivo siguen con la lógica aplastante del "pensamiento único", pues quien discrepa o piensa de forma divergente es poco menos que un inmaduro peón de las hordas revolucionarias.

Claro que en esta tarea, el poder judicial ha tenido, salvo tímidas excepciones, un papel protagonista. Desde lo más alto de la cúpula constitucional las perspectivas sobre la realidad de España son bien claras al respecto. El Presidente del Tribunal Constitucional (TC) no duda en hacer política, incluso con aquellos asuntos aún pendientes de resolución ante el TC. Ostenta la curiosa marca de adelantar los pronunciamientos del tribunal que preside, especialmente en aquellos recursos planteados por determinada Comunidad Autónoma e incluso sin que el propio recurso haya tenido entrada en nuestro más alto tribunal. En Derecho es complicado decidir sin conocer los argumentos de las partes, aunque algunas trayectorias demuestran claramente lo contrario. También dentro del TC, no hace falta investigar demasiado para conocer la filiación política de casi todos los magistrados y su curioso, pero evidentemente político procedimiento de designación. Prefiero obviar las correrías de Don Baltasar en este contexto, pues conocidas son sus perlas jurídicas y sus querencias hacia el poder político sea cual fuere su color. Como excepción, hemos tenido el Auto de una Juez de Vigilancia Penitenciaria, inmediatamente expedientada, amenazada y cuestionada políticamente desde el ejecutivo, que ya ha preparado la enésima e inconstitucional reforma ad hoc de la legalidad para que ningún juez de vigilancia goce de la independencia jurisdiccional que nuestra Constitución predica en aplicación del principio de separación de poderes. Ni que decir tiene que el expediente disciplinario fue inmediatamente archivado, al considerarse que la juez en cuestión no había hecho sino aplicar estrictamente el tenor de la ley vigente. En este contexto de múltiples reformas legislativas ad hoc, el papel a desarrollar por el TC es fundamental, aunque vista su Sentencia 73/2000 en el asunto Itoiz y la especial sensibilidad de su Presidente para con estas prácticas es obvio que el rumbo "político" del tribunal no se enderezará.

En cualquier caso, el problema es más grave de lo que pensamos pues en España hay al menos cuatro poderes adicionales, algunos propios de otras épocas, que intervienen abiertamente en la "res publica" con marcado sesgo político y casi siempre en idéntica dirección. El primero es el poder mediático que, como la propia prensa reconoce, ha hecho renacer el periodismo veraz y honesto en España con el penoso asunto Prestige, aunque eso sí, con varias semanas de retraso y en connivencia inicial con las medias verdades del Gobierno central. En lo demás, todos conocemos las trayectorias y filiaciones políticas de los grandes grupos de comunicación que dirigen nuestros días, cuando no nuestros pensamientos.

El segundo, y pese a nuestra teórica aconfesionalidad constitucional, es el poder eclesiástico, pues la Conferencia Episcopal Española no ha dudado en intervenir en los asuntos públicos, con una reciente Instrucción Pastoral claramente política, pero artificiosamente ligada con el ejercicio de la fe católica para ahondar curiosamente en aquellos análisis y denuncias que hasta hace poco estaban absolutamente vedados para los obispos de las diócesis insurrectas. Nuestra Conferencia Episcopal, por otro lado, contradice abiertamente en su Instrucción Pastoral el discurso de S.S el Papa Juan Pablo II, ante la 50ª Asamblea General de la ONU (5-10-1995), precisamente sobre la temática que hoy interesa tanto a la Conferencia Episcopal y que, sin embargo, ésta no ha tenido siquiera a bien leer o mencionar.

El tercero de los poderes adicionales que cabe mencionar es sin duda el poder económico, íntimamente ligado con el pensamiento único y la paulatina matización del principio de separación de poderes. Sabidas son las trifulcas, judiciales incluso, de algunos grupos financieros, la artificial política de concentración económica en torno a Madrid y las amenazas de castigo administrativo y económico a las aldeas rebeldes.

El cuarto y último de los poderes adicionales, pero hoy ya acólitos al pensamiento único es el poder Real. A pesar del carácter simbólico de nuestra Corona según los artículos 56 y siguientes de la Constitución, Su Majestad el Rey tampoco ha dudado en alinearse con el Gobierno central en su visita a Galicia y en el reciente mensaje televisivo de Navidad. En Galicia, el Monarca advirtió de la necesidad de evitar realizar "fotos demagógicas" sobre la marea negra. Sinceramente, creo que la etimología misma no permite que una fotografía sea demagógica, aunque bien sabrá el Rey cuál era la verdadera naturaleza de su frase. No sigo, pues me falta el poder militar, que espero siga al mando del Ministro de Defensa y, por favor, nunca separado del Gobierno y de la Constitución.

Xabier Ezeizabarrena es abogado.