Seguridad y unidad y España ¿son una tapadera?

Que Aznar, Berlusconi y Bush coincidan en la voluntad de abolir el impuesto de sucesiones es sólo una pequeña muestra de un acuerdo más amplio. Apuestan por un modelo económico que agranda la brecha social y pretenden que ello pase desapercibido para sus opiniones públicas. Para conseguirlo necesitan que nos olvidemos de las consecuencias sociales de su ultraliberalismo económico. Ahora la agenda de los que marcan la agenda de la opinión pública pasa por un nuevo dogma, el de la seguridad absoluta. Por supuesto, un modelo de seguridad que excluye su dimensión social. No hace falta creer en las conspiraciones para tener alguna sospecha de las razones que han llevado a la derecha a cambiar de tercio para mantener su hegemonía ideológica.

Precisamente cuando pincha la burbuja especulativa de las bolsas, arrastrando empresas y puestos de trabajo. Cuando se descubren impresionantes fraudes cometidos por altos directivos de empresas, en detrimento de sus trabajadores y de sus accionistas, aprovechándose del oscurantismo y de la falta de control de los mercados de capitales. Cuando en EE UU algunos trabajadores pierden de golpe sus empleos, sus ahorros situados en la Bolsa y sus fondos de pensiones que habían sido invertidos por sus gestores en acciones de su propia empresa.

Cuando el crack de los sistemas públicos de pensiones, que en España algunos anunciaron para el año 2000 -a fecha cierta para que fuera más creíble-, no se produce y en cambio los fondos de pensiones privados pierden en tres años las ganancias conseguidas en los últimos años. Cuando incluso economistas y políticos que han contribuido a construir este sistema denuncian las barbaridades que las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI, han hecho en los países en desarrollo y las penalidades que ha motivado en la población su fundamentalismo ultraliberal. Cuando el malestar provocado por la globalización ultraliberal pasa de una etapa de denuncia a otra de propuesta, alternativas y articulación social. Cuando todo eso sucede, es lógico que los padres de la criatura pretendan eludir el debate y cambien rápidamente de tercio. Durante años hemos oído que los trabajadores debíamos renunciar a la seguridad laboral y social para asumir la nueva sociedad del riesgo.

Y ahora resulta que los que nos machacaban con el dogma del fin de la seguridad en aras de la libertad -de mercado- ahora quieren convencernos de que la libertad ya no importa y de que lo determinante es garantizar la seguridad. Por supuesto, continúan excluyendo la seguridad en el terreno social. Este interés en evitar el debate suscitado por las políticas económicas también se ha globalizado. Pero en nuestro país el dogma de la seguridad tiene una compañera de lujo, la unidad de España, y un oficiante, el presidente del Gobierno español. En una reciente intervención pública, el señor Aznar habla de seguridad en el mundo y en España, de la lucha contra el terrorismo y a continuación de la igualdad de derechos de los españoles. Y se pregunta -sin sonrojarse- qué nos parece que los ciudadanos españoles tengan diferentes derechos en función del lugar en el que residen. Como quien no quiere, el señor Aznar coge carrerilla y nos habla sin solución de continuidad del terrorismo, de la unidad de España y la igualdad territorial de derechos de la ciudadanía. Casi nada. Me parece una provocación que pretendan hacernos creer que en este país las desigualdades se dan sobre todo en clave territorial. Están intentando que nos olvidemos de que su política fiscal ha conseguido frenar en seco el proceso de reducción de las desigualdades sociales que se inició con la conquista de la democracia. Quieren que olvidemos que su modelo fiscal consiste en que 1.000 euros conseguidos a partir del trabajo personal paguen menos impuestos que los mismos 1.000 euros conseguidos como intereses del capital y que, a poco que nos descuidemos, si los 1.000 euros son fruto de una herencia no aporten nada a la hacienda pública. Y cuando hablan de educación pretenden matar dos pájaros de un tiro, anular la capacidad de autogobierno que la Constitución reconoce a las autonomías y, de paso, que nos olvidemos de que las grandes desigualdades educativas se dan en el terreno social y se darán aún más con la dualización del sistema y su apuesta por la educación privada. Y lo mismo si hablamos de vivienda, porque si bien es cierto que entre comunidades hay diferencias, éstas se dan más entre áreas metropolitanas y zonas menos pobladas, pero sobre todo entre personas en función de sus ingresos y su condición social. La falta de políticas públicas ha hecho que la vivienda haya pasado de ser un derecho social a una mera mercancía y esté a punto de convertirse en un producto financiero refugio.

No nos equivoquemos, no se trata de que Aznar sea muy fundamentalista en su concepción de España, que lo es. Lo más significativo es que la ofensiva sobre seguridad y unidad de España le es muy útil para eludir el debate sobre su política económica y social. En Cataluña sabemos muy bien que evitar el debate sobre las desigualdades sociales para plantear conflictos entre territorios o entre naciones ha sido una vieja costumbre de la derecha, que ahora coge más fuerza. A nuestro presidente parece no preocuparle que cada vez existan más diferencias entre ricos y pobres, sino que el Estado garantice que todos los pobres lo son por igual, con independencia de dónde vivan, y que los ricos puedan serlo tanto como el mercado se lo permita.

Por cierto, si alguien está interesado en que la derecha no marque la agenda y nos someta a las leyes de la política de mercado, sólo existe una posibilidad: situar las cuestiones sociales, con políticas alternativas, en el centro del debate público. Si eso no sucede, en poco tiempo, además de la agenda, nos marcan el paso de la oca.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO Cataluña.