La juez del 'caso CPV' se inhibe en favor de la Audiencia Nacional para que siga con la investigación

Madrid - 20 feb 2003 - 00:00CET

La titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, Coro Monreal, instructora de la estafa supuestamente cometida por los directivos de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), ha decidido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional para que sea ésta instancia judicial la que prosiga con la investigación, según explicó ayer Luz Almeida, abogada de varios afectados.

La juez ha dictado un auto en el que indica que el órgano competente es la Audiencia Nacional, puesto que los afectados y delitos que se investigan en la causa abarcan a más de una provincia. La Ley Orgánica del Poder Judicial pone en manos de la Audiencia Nacional las instrucción de causas supraprovinciales. Además de en Madrid, hay afectados por la CPV en Toledo, Alicante, Segovia y Guadalajara.

Cuando estalló el escándalo de la CPV y se hizo cargo del caso la juez Monreal, un colega suyo de Toledo le informó de que él llevaba ocho denuncias por hechos similares y remitió a Madrid las diligencias que había instruido hasta ese momento. Más tarde, los afectados de Toledo pidieron a la juez Monreal que se inhibiese en favor de la Audiencia Nacional al ser éste el órgano competente, según señaló ayer Almeida.

La magistrada, según fuentes judiciales, comunicó ayer a las parte el auto en el que acuerda remitir a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional las diligencias que se siguen contra los administradores de CPV, los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez, Miguel Ángel Morillo del Pozo y contra el director general de la promotora, Francisco García Moreno.

Estos cuatro imputados se encuentran en libertad provisional sin fianza desde el pasado 20 de diciembre, después de que ingresaran en prisión en noviembre de 2002 por una presunta estafa a más de mil familias que habían anticipado una señal de en torno a 18.000 euros para la compra de una vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid: Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro.

Gran parte de los abogados de los afectados por el caso CPV expresaron ayer su satisfacción por la decisión de la juez.

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