La juez exculpa al ex director de la fundación que creó el buscador Olé

La juez del caso Olé, que investiga la venta de este buscador -el embrión de Terra Networks-, ha exculpado a Josep Antoni Plana Castellví, ex director de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), del delito de apropiación indebida al considerar que cuando éste vendió el portal por sólo 200.000 pesetas, en 1996, lo hizo con la autorización del Gobierno catalán. La juez pide en cambio que prosiga la investigación sobre el supuesto delito fiscal cometido en la compra del buscador por Telefónica, en 1999.

El caso Olé tiene dos patas: su privatización, en 1996, y el posible delito fiscal de sus promotores, entre ellos Pep Vallès y el ex consejero de Telefónica Martín Velasco, en 1999. Lo que la juez ha archivado en un auto del 14 de marzo se refiere exclusivamente a la primera pata. La segunda sigue su curso.

La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), de cuyo patronato forman parte cuatro departamentos de la Generalitat, creó con fodos públicos el buscador. En 1996, Plana Castellví lo vendió a uno de sus trabajadores -Pep Vallès- por sólo 200.000 pesetas. Telefónica lo acabó adquiriendo en 1999 por 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros) a través de varias sociedades en el extranjero.

La juez considera que el presunto delito fiscal "merece ser investigado" como un procedimiento propio. Dicha investigación, sostiene, "se tramitará en causa independiente, para lo que se procederá a formar nuevo procedimiento".

El auto, contra el que han recurrido los querellantes ante la Audiencia provincial, sostiene que la venta inicial está "escasamente documentada", pero añade que "existieron contactos verbales con los patronos [de la fundación]", que autorizaron el paso a manos privadas del buscador. La decisión del juez coincide con el último informe fiscal, fechado el 27 de febrero de 2003. En un primer escrito, el fiscal pidió la imputación de Plana Castellví, pero ésta no llegó nunca a ser efectiva.

Pese a sugerir el archivo de la parte correspondiente a la privatización inicial, el fiscal subraya varias irregularidades cometidas en el proceso: a su juicio, la venta inicial del buscador fue "irregular, escasamente documentada (un simple intercambio de cartas), incorrectamente contabilizada, formalmente realizada sin permiso del patronato de la FCR, si bien Plana Castellví tiene declarado que existieron contactos verbales con el patronato".

El Parlament pidió el año pasado al Gobierno catalán que se personara en la causa, pero éste no lo hizo. La sentencia deja claro que si Plana Castellví se desprendió de Olé fue precisamente porque el patronato de la FCR -controlado por el Gobierno de Convergència i Unió- le comunicó "la conveniencia de deshacerse del buscador", según consta en el auto. En su informe, el fiscal escribió: "Está claro que la presión de la Generalitat, principal contribuyente a los fondos de la FCR, fue determinante [para la venta]", escribió el fiscal.

El auto considera que las 200.000 pesetas que Vallès pagó a la FCR representaban "el valor real [del buscador] en aquellos momentos".