El Ayuntamiento de Valencia privilegió a familiares de concejales y funcionarios en una bolsa de trabajo

La Fundación Deportiva Municipal, un organismo dependiente de la administración pública, privilegió a familiares de concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia en una bolsa de trabajo creada el pasado verano para cubrir unas cien plazas vacantes y eventuales. El Consistorio admitió haber incurrido en irregularidades tras una inspección realizada por los sindicatos STA y Comisiones Obreras, que observaron numerosos errores en la baremación de las 558 instancias que se evaluaron. Entre los favorecidos, según fuentes sindicales, figura el marido de la secretaria del concejal de deportes, Cristóbal Grau; la hija del presidente del comité de empresa de la Fundación Deportiva Municipal, Julián Felipe; y familiares de los concejales socialistas José Sellés y Ricardo Olmos. Éstos representan a la oposición en la Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal.

Según los sindicatos, unas 80 personas podrían haberse visto afectadas. O sea, tendrían que haber sido contratadas el pasado verano y no lo fueron. En su lugar fueron empleados otros con menos méritos cuyos contratos siguen vigentes. "Se han generado unos derechos", afirman fuentes sindicales; "gente que debía estar trabajando no lo está, y al revés. Estos afectados podrían reclamarle al ayuntamiento los sueldos que han dejado de percibir, además de una indemnización". La citada bolsa está paralizada tras la revisión de oficio solicitada por los sindicatos. Sin embargo, quienes fueron contratados continúan trabajando.

Este diario ha tenido acceso a la segunda baremación realizada por el tribunal calificador de la fundación, presidido por Cristóbal Grau, el concejal de deportes. En esta revisión queda en evidencia el criterio evaluador de la Fundación Deportiva Municipal. Por ejemplo, Luis Gago Molina, marido de la secretaria del concejal de deportes, pasa de estar entre los 70 primeros baremados al puesto 472 una vez revisada la bolsa; y Anna Felipe Villena, hija del presidente del comité de empresa de la fundación, pasa del puesto 67 al 472. Ambos están trabajando. "Esto no son errores en la evaluación. Se ha actuado con mala fe. Queremos responsabilidades penales", aseveran fuentes sindicales.

La bolsa está pendiente de que el órgano consultivo de la consejería de justicia y administraciones públicas se pronuncie una vez haya estudiado el expediente. El Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA) y Comisiones Obreras (CCOO) han pedido la nulidad de la bolsa.