Serra Ramoneda podrá optar a otro mandato en Caixa Catalunya

El Gobierno catalán vuelve a demostrar su habilidad interventora para legislar a la medida de los problemas particulares. El proyecto de reglamento que ha elaborado el consejero Francesc Homs permite a Antoni Serra Ramoneda optar a un nuevo mandato como presidente de Caixa Catalunya. El reglamento regula aspectos no contemplados en la ley, algo que ha despertado asombro en medios jurídicos.

La ley autonómica, aprobada a finales de 2002 por la vía de la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, estableció un límite de 20 años para ser consejero de una caja de ahorros, y en este periodo computaban los años en la dirección general y consejero, "en la misma u otra caja". Este cambio, que se añadió al decreto legislativo de 1994 como una incompatibilidad, se interpretó como hecho a medida para forzar la marcha de Josep Vilarasau de la presidencia de La Caixa.

La nueva norma afectaba también al presidente de Caixa Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, ya que le impedía renovar su cargo el próximo año. Serra Ramoneda preside esta última entidad desde 1984 y antes había sido consejero varios años de La Caixa.

Ahora, el proyecto de decreto que el consejero de Economía, Francesc Homs, entregó el lunes a la Federación Catalana de Cajas para someterlo a dictamen del sector -sin carácter vinculante- modifica la ley de 2002, y matiza que la incompatibilidad se produce cuando "la vinculación de los cargos ejercidos en las cajas se haya producido en la misma entidad u otra caja" sólo cuando ambas se hayan fusionado.

Con el nuevo decreto, pues, Serra Ramoneda podrá estar un nuevo mandato al frente de Caixa Catalunya, puesto que sus 20 años como consejero se han producido en entidades sin ninguna vinculación. Aunque sería el último, puesto que en su transcurso alcanzaría los 75 años, que es el límite fijado en los estatutos por la asamblea general de Caixa Cataluña hace dos semanas. El nuevo reglamento, al cual ha tenido acceso este diario, también desarrolla los límites de reelección de los miembros de los órganos de gobierno, aspecto que la ley catalana de 2002 ni tan sólo mencionaba. La propuesta de la Generalitat en este sentido fija ahora un límite de 12 años para ser consejero.

Con ello, el departamento de economía da por bueno el límite de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (ley financiera estatal), aspecto que el Tribunal Constitucional había considerado no básico, como puso de manifiesto recientemente el consell Consultiu.

La ley financiera no incluyó el artículo 1.17 de la ley de 1985, referente al límite de los mandatos, entre los artículos de carácter no básico. La Generalitat, que no recurrió en su momento, regula ahora este aspecto en el proyecto de decreto.

El Ejecutivo catalán también regula las competencias de los presidentes de honor, algo que por su propio carácter resulta sorprendente. El proyecto deja claro que éstos, en el caso de La Caixa, Vilarasau y Juan Antonio Samaranch, podrán asistir en esa condición a las reuniones del consejo de administración de la caja sólo si se lo requiere este órgano, a propuesta del presidente, hoy Ricard Fornesa. Hasta ahora la asistencia de Samaranch no estaba sujeta a limitaciones.

Más control

El Gobierno catalán parece preocupado por la posible influencia que aún pueda ejercer Josep Vilarasau en La Caixa, artífice de la mayor entidad financiera catalana que controla el grupo industrial más potente de España.

Por otra parte, se potencia la figura del director general, principalmente en el proceso electoral de las cajas. Según el reglamento, el director general será quien se encargue de "proponer a las personas que puedan formar parte de las candidaturas al consejo de administración". Además obliga a su presencia o la de "la persona en que delegue" en el sorteo por el cual se designa a los compromisarios. En el decreto de 1989 bastaba el representante de la comisión de control.

La Generalitat también aumenta su control sobre las cajas al establecer que "corresponde al departamento de economía efectuar el control y la supervisión financiera de la fundaciones, además de seguir estando sometidas a la supervisión de Justicia".