El Gobierno considera que la sentencia sólo afecta a "situaciones de futuro"

En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno indicó que el tribunal cree que los gobiernos tienen derecho a establecer condiciones para las empresas privatizadas y los servicios públicos, pero "entiende que esas condiciones deben materializarse a posteriori de las operaciones empresariales y no a priori".

La sentencia, según Rato, no tendrá efecto sobre operaciones pasadas, ya que e

ste mecanismo, que permite al Ejecutivo mantener cierto control sobre grandes empresas privatizadas (Telefónica, Endesa o Repsol YPF), no se ha llegado a utilizar nunca en España.

"El tribunal europeo, como probablemente sea lógico, mantiene una doctrina que ya ha sentado en el caso de Portugal y de Francia", explicó Rato en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela, por lo que, dijo, la sentencia "no va a sorprender a nadie". El Ejecutivo "está estudiando" la sentencia y "actuará en consecuencia".

El número dos de Economía afirmó que las compañías en las que el Gobierno tiene una acción de oro "son empresas de servicio público donde hay unos principios generales que deben de ser defendidos una vez que se haya producido la privatización". Según De Guindos, el tribunal considera que deberían haberse establecido otros medios "más objetivos" para "garantizar esos intereses generales".

Respetar las reglas

El secretario de Estado de Economía añadió: "España siempre acepta las reglas del juego a las que se ve sometida en este club, pero tenemos que analizar todas las alternativas disponibles". "Lo que no se puede aceptar como argumento político es que entre capital público extranjero", dijo Luis de Guindos.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pyme, José Folgado, manifestó que era necesario estudiar la resolución del tibunal europeo en detalle antes de pronunciarse más extensamente sobre la sentencia. "Siendo una resolución de este tipo, debemos acatarla", afirmó.