Las empresas creen que la FNMT debería dedicarse a la Administración

Rodolfo Lomascolo, director de la entidad certificadora Ipsca, matiza que el Gobierno debería ampliar la medida de Hacienda a todos los ámbitos de la administración electrónica. Inza va más lejos y advierte que a la hora de la verdad esta medida puede convertirse en una mera operación cosmética. "¿Quién va a comprar un certificado digital cuando la fábrica lo regala?", se pregunta Lamascolo.

Más optimista se muestra Rubén Morales, de SIA, una compañía que suministra tecnología PKI . Morales está convencido de que la Ley de Firma Digital pondrá punto final al control férreo de la Administración y facilitará la autorregulación del mercado. "Abrirá nuevas oportunidades para todos", vaticina.

Las entidades emisoras nunca han cuestionado la necesidad de un marco jurídico que impulse el desarrollo de los servicios relacionados con la certificación, claves para el desarrollo de la sociedad de la información. Su temor es que el desarrollo práctico de la Ley de Firma Electrónica perpetúe el estancamiento del mercado y el monopolio de facto de la Administración. "Como ya ocurrió en el Real Decreto vigente, en el redactado de la futura ley se consagra el principio de libre competencia pero en la práctica, las normas de menor rango pueden seguir impidiéndola", asegura Inza. El máximo responsable de ACE justifica esta desconfianza de su colega y competidor. "Hay que tener en cuenta que las expectativas del sector privado se han visto defraudadas una y otra vez". "Lo mínimo que pedimos es que se nos reconozcan las mismas oportunidades, aunque lo ideal sería que la Administración se dedicara a lo suyo", añade Ginel.

Estas compañías privadas aseguran haber invertido millones de euros implantando su tecnología y adquiriendo las obligatorias infraestructuras de seguridad, muy costosas y que van desde los seguros hasta los búnkeres de seguridad. Sus profesionales han dedicado cuantiosos esfuerzos en la divulgación de una tecnología que a mediados de la década pasada era desconocida. "Sería comprensible que la Administración entrara en este mercado si la iniciativa privada no lo cubriera. Pero lo hace y muy bien, estamos ante una falta de ética comercial", critica Moure, que no descarta que las entidades privadas acudan a los tribunales de la competencia.