Nación y clase social

A raíz de las declaraciones del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, en las que criticó al Gobierno de CiU por favorecer a los catalanes nacidos en esta comunidad versus los que nacieron fuera de ella, se ha abierto un debate sobre un tema que ha sido definido por algunos comentaristas como un tabú en los círculos mediáticos y políticos de Cataluña; es decir, la importancia de lo étnico en la política catalana. La gran mayoría de los comentaristas la niegan y acentúan la convivencia, que se presenta como ejemplar, entre los distintos grupos étnicos, culturales y raciales. Tal complacencia ignora, sin embargo, la enorme evidencia de la discriminación étnica, comenzando por el escasísimo número de catalanes nacidos en otras comunidades o países que han ocupado puestos de responsabilidad política en la Administración catalana.

Tal debate, sin embargo, oculta e indirectamente refuerza el mayor tabú imperante hoy en Cataluña: el silencio ensordecedor sobre la existencia de clases sociales en esta comunidad y su reproducción a través de las instituciones políticas. En realidad, la discriminación de clase es la más obvia y a la vez la menos visible en el debate político catalán, y ello como resultado de que la existencia de clases ha desaparecido en el discurso político y mediático dominante en el país. La única ocasión en que aparece es precisamente para negarla, definiendo a la mayoría de los catalanes como pertenecientes a las clases medias y aceptando, sin embargo, la existencia de dos minorías, la de los ricos y la de los pobres (los inmigrantes más recientes). En ocasiones (incluso en estadísticas y encuestas oficiales) se define a estas dos minorías como clase alta y clase baja, con lo cual la estructura social de Cataluña se presenta, en el discurso mediático y político dominante, como formada por clase alta, clase media y clase baja. Ni que decir tiene que cuando se le pregunta a la población catalana si pertenece a la clase alta, media o baja, la gran mayoría responde que a la media, lo cual se presenta erróneamente como evidencia de que la mayoría de la población es o se siente de clase media. Esta nueva interpretación de nuestra estructura social justifica una tendencia en el discurso político a desviarse hacia el centro, donde supuestamente se ubican las clases medias.

La evidencia, sin embargo, cuestiona cada uno de estos supuestos. En Cataluña hay clases sociales, y hay tantas Cataluñas como clases sociales en el. Es más, la clase social a la que un catalán pertenece es la variable más importante para explicar, entre muchos hechos, los años que vivirá, el tipo de trabajo que tendrá, la educación que recibirá, la vivienda donde residirá, la parte de la ciudad o del pueblo donde estará situada su vivienda y también sus probabilidades de tener un cargo político de representatividad. La evidencia de lo que digo es abrumadora. Y las clase sociales son (sin perdón por utilizar los términos prohibidos o considerados tabú) burguesía, pequeña burguesía, clases medias y clases trabajadoras (dividida esta última en clase trabajadora cualificada y no cualificada). Y la estructura del poder político y mediático está controlada por la burguesía, la pequeña burguesía y la clase media de renta alta. Las clases medias de renta media y baja y la clase trabajadora representan el 68% de la población y no aparecen en las estructuras del poder político y mediático. Cataluña es un país altamente elitista, con una enorme concentración de poder. Un indicador de este poder de clase es que incluso el discurso de clase ha desaparecido. El debate político, por lo tanto, tiende a centrarse en el tema nacional, detrás del cual se refleja un continuismo del poder de clase existente. La nación catalana es así definida como la Cataluña trazada por la estructura de poder, la cual califica a las otras Cataluñas (basadas en otras clases sociales) de no suficientemente catalanas o incluso anticatalanas. En este aspecto, los otros catalanes no son únicamente los que nacieron fuera de Cataluña, sino la ciudadanía que pertenece a la clase trabajadora (y a las clases medias de renta baja), que no aparece en las estructuras de poder político, económico o mediático y cuya misión política se supone que es apoyar electoralmente aquella estructura. Éste es el tabú que se oculta detrás del otro tabú, el étnico. Esta situación de discriminación de clase explica que en el debate político en la Cataluña dominante parte de los otros catalanes no participen y se abstengan. De ahí el gran error de las izquierdas, que, al abandonar el discurso de clase (muy pocos políticos de izquierda hablan de la clase trabajadora, por considerarlo, supongo, un término anticuado), estimulan la abstención de la clase trabajadora, lo que constituye el punto más flaco de aquéllas.

Por otra parte, que el discurso de clases haya desaparecido (lo cual ha favorecido a las fuerzas conservadoras, que se autodefinen como nacionalistas) no quiere decir que haya sucedido lo mismo con las prácticas de clase. Antes al contrario, políticas públicas de clase del Gobierno conservador catalán incluyen, entre otros ejemplos, la reforma fiscal aprobada por los gobiernos conservadores catalán y español, que ha beneficiado más a las clases más adineradas que a las populares; las políticas de subsidio a las escuelas privadas (de las más altas de España), incluidas escuelas de élite, que sirven a las clases de renta media alta y alta a costa de la financiación de las escuelas públicas, que sirven a las clases populares; la austeridad presupuestaria seguida por ambos gobiernos conservadores, que explica que el déficit social con el promedio de la Unión Europea vaya aumentando en lugar de disminuir, y ello como consecuencia de que el gasto público social per cápita (que beneficia sobre todo a las clases populares) en Cataluña y en España se ha incrementado menos que el promedio de la Unión Europea (invirtiendo la convergencia social que se había producido en los años ochenta), como resultado de las medidas adoptadas en colaboración con el Gobierno conservador español, con cuyas políticas económicas y sociales el presidente de la Generalitat, según ha indicado, tiene más puntos de coincidencia que con las de los gobiernos anteriores.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.