Revisión de examen por orden judicial

Tras las reiteradas quejas de un estudiante de la Universidad de Almería por la calificación obtenida en un examen de la asignatura de Derecho Constitucional I, de la diplomatura de Gestión y Administración Pública, un juez decidió que se le entregaran los 41 exámenes de sus compañeros de clase para que él personalmente pudiera comprobar los criterios que se utilizaron para corregirlos. El veterano estudiante, Juan Antonio Varona Arciniega, de 53 años, licenciado ya en otra carrera, Derecho, y que trabaja como funcionario, ha revisado las pruebas una por una en compañía de su abogado, José Luis Navarro.

Para comprobar si su examen se había corregido con el mismo criterio que los demás, el estudiante y su abogado utilizaron como referencia "el libro recomendado por la profesora, Ana Isabel Melado Lirola, para seguir la asignatura, así como los apuntes dictados por la docente en clase", explica Varona. Tras este peculiar análisis, el alumno y su abogado concluyeron que "cualquiera que sepa un poco de derecho constitucional consideraría que el examen merecía como mínimo un aprobado", añade el estudiante. Y así se lo hicieron saber al juez.

El estudiante ha analizado personalmente los escritos y las notas junto a su abogado

Los hechos se remontan al día en el que Varona se examinó por vez primera de la asignatura en conflicto, en julio de 2000. La profesora asociada que impartía la materia, Ana Isabel Melado, repartió dos folios por alumno, pero Varona sacó "otro papel en blanco para hacer un esquema de las tres preguntas del examen", según relata el estudiante. Al verle el esquema, la docente le recriminó.

La sorpresa del alumno llegó el día en que salieron las notas y aparecía como suspenso. "Me suspendió sin ni siquiera haberme corregido el examen porque decía que había copiado", apunta Varona. Las reclamaciones al entonces catedrático de la asignatura, Juan Cano Bueso, y al rector de la Universidad de Almería, Alfredo Martínez, no modificaron la situación.

El alumno, animado por un grupo de amigos, presentó entonces un recurso contencioso-administrativo y consiguió, por sentencia, que su examen fuera corregido. Sin embargo, aunque el juez Jesús Rivera dejaba claro en la sentencia que la corrección del examen no podría recaer ni en el profesor Cano Bueso ni en la profesora Melado, éstos participaron con voz, pero sin voto, en el consejo de departamento que delegó en un tercero la corrección del ejercicio, y que acabó en suspenso.

El aventajado estudiante volvió a recurrir y fue entonces cuando el mismo juez ordenó, a petición del recurrente, que se le facilitaran los exámenes del resto de los alumnos de la misma convocatoria para "fiscalizar el correcto desenvolvimiento y ejecución de lo acordado en la sentencia", según señala el auto, y decretó que se le volviera a corregir. En su escrito, el magistrado tildó de "no razonable" la exclusión del resto de exámenes en el expediente del caso "por cuanto no se entiende qué espacio reservado de las personas se quiere preservar del conocimiento de los demás".

Pero a Juan Antonio Varona le volvieron a suspender unos meses después. El estudiante reiteró su desacuerdo ante el juez y le expuso las conclusiones a las que había llegado, una vez analizados los exámenes de sus compañeros. De poco le sirvió. El juez dio por cumplida su sentencia inicial y desestimó el recurso.

Varona, con el resto de las asignaturas de la carrera ya aprobadas, se ha matriculado este curso de aquélla, Derecho Constitucional I. Se ha presentado a la convocatoria de diciembre y ha sacado un notable. Técnicamente ya es diplomado, aunque sigue teniendo su carné de estudiante. ¿Qué va hacer con los exámenes? Los tiene guardados. En ellos aparecen todos los datos, calificaciones y correcciones de sus compañeros de aquel curso. Sólo algunos saben que Varona tiene sus pruebas, pero ninguno le ha dicho nada. Varona dice que todo esto prueba "que algo falla en el sistema".