Un testigo protegido cobró 70.000 sin aportar nada al 'caso Brouard'

El Gobierno vasco ha pagado durante tres años más de 70.000 euros a un testigo protegido del caso Brouard, supuesto agente o colaborador del Cesid, cuya actuación en el sumario no supuso ninguna aportación para esclarecer el asesinato del dirigente de HB en 1983 y que finalmente ni siquiera se presentó a la sesión del juicio oral para declarar. La sentencia sobre el crimen, dictada por la Audiencia de Vizcaya señala con claridad que en el caso de esta persona, cuya identidad responde a la de Miguel Navarro Salas, y que recibió ese tratamiento a instancias del juez instructor, ha existido "por lo menos un enriquecimiento sin causa".

"El erario autonómico ha subvencionado a una persona que dudosamente puede creerse estuviera, desde un principio, dispuesta a concurrir al acto del juicio, y que ha vertido manifestaciones objetivamente increíbles", señala la resolución. Un portavoz del Departamento de Justicia pidió la actuación de la Fiscalía para perseguir la conducta de este testigo. "Nosotros no podemos hacer nada", indicaron las mismas fuentes.

La sentencia absolutoria dictada la semana pasada no sólo censura la actuación del juez del caso, José Luis González Armengol, sino que anima a "investigar algunos aspectos muy llamativos" de su instrucción. El propio ponente, el magistrado Edorta J. Herrera, se fija en la actuación durante la segunda instrucción del testigo protegido (2864). El juez Armengol decidió en junio de 1999 retribuir esta persona con 3.000 euros mensuales para hacer frente a los "perjuicios" que su decisión de contar lo que sabía del caso le iba a suponer. El testigo protegido ha recibido durante estos tres años del erario público vasco lo que la sentencia califica de "pingüe prestación periódica mensual", hasta que la fiscal jefe de la Audiencia de Vizcaya, María Ángeles Montes, tomó cartas en el asunto, la recurrió y le fue retirada, el pasado 12 de julio de 2002. Montes criticaba en su escrito que el juez hubiera otorgado las 500.000 pesetas mensuales al testigo "sin mayor justificación ni razonamiento", al tiempo que decía desconocer "las razones de una medida tan excepcional" y recordaba que este tipo de prestaciones no está previsto realizarlas sine die y sin determinar si han cambiado o no las circunstancias.

De hecho, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, ya en febrero de 2000 ordenó recortar la prestación a 300.000 pesetas mensuales y pagarla con "carácter temporal y excepcional". El testigo, que ha ido cambiando de cuenta bancaria periódicamente, presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior vasco y así obtuvo una sentencia a su favor, el 31 de octubre de 2001, en la que se ordenaba el pago de 10.217,21 euros en concepto de atrasos. El 4 de julio de 2002 se ingresó en su cuenta del BBVA 61.403 euros, según la información que obra en la pieza separada de protección de testigos.

La sentencia recuerda que fue en el mismo juicio cuando el tribunal decidió retirarle su situación de protección "por su patente falta de voluntad de colaboración con la justicia". Navarro Sala, que tenía que haber declarado en la cuarta sesión de la vista oral, fue citado sin éxito en varias ocasiones (las 12.40 y las 13.05 del día 5 de junio) por el teléfono móvil de contacto por la secretaria del tribunal. "Está desconectado y no tiene buzón de voz", informó la secretaria del tribunal. Esta desaparición -al igual que la de otro testigo protegido que llegó al procedimiento de la mano del letrado Emilio Rodríguez Menéndez, Juan José Rodríguez Díaz El Francés- contrasta con el interés de Navarro Salas de exigir más recibiendo dinero por su supuesta colaboración. El mismo 28 de mayo, es decir, menos de una semana antes del comienzo del segundo juicio por el asesinato de Brouard, su abogado remitió un escrito en el que solicitaba el pago de 39.934 euros.

Falsas fichas del Cesid

La relación de Navarro Salas con el juez instructor del caso, José Luis González Armengol, comenzó el 5 de mayo de 1999 cuando el magistrado, que se encontraba de guardia, recibe una llamada telefónica de una persona que dijo tener "datos relevantes" del atentado, según consta en la pieza separada de testigo protegido a la que ha tenido acceso este periódico.

¿Cuál ha sido la gran aportación y sus revelaciones de Navarro Salas durante la segunda instrucción? Una declaración referencial, el 7 de mayo de 1999, y la aportación al juez,dos días después, de determinados documentos sobre el caso del servicio secreto militar español. Las supuestas fichas del Cesid fueron catalogadas como falsas durante la vista por el ex director del centro Javier Calderón. El contenido de alguno de los documentos era hilarante. Entre ellos destacó el referido al nacimiento de la "Fundación MLNV en la Universidad de Reno (Nevada) con la participación, entre otros, de Txomin, Txikierdi, Arzalluz el presidente de EE UU, Jimmy Carter, representantes de los sindicatos de pastores vascos de Idaho y de la patronal vasca de USA de Washington (Maryland) como financieros".

La sentencia del caso Brouard finaliza de esta manera: "Sabida la traducción penal del engaño previo o concomitante para inducir a error procesal que determina un desplazamiento patrimonial injusto, en el otro extremo, por lo menos, existe un enriquecimiento sin causa de esta persona". Miguel Navarro Salas en alguna ocasión ha remitido al juzgado sus escritos utilizando un papel con el membrete "Miguel Navarro Salas, Licenciado en Ciencias Físicas Calle 18 de julio 16, 7ºB Novelda (Alicante)" y durante el juicio uno de los testigos le vinculó con los círculos ultraderechistas alicantinos.