"Hay que incrementar la lucha contra los carteles de empresas"

Gonzalo Solana, (Madrid, 1958, de ascendencia cántabra) ha cumplido la mitad de su primer mandato de cinco años al frente del Tribunal de Defensa de la Competencia, un organismo que a su juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad. El organismo autónomo ha tomado en este periodo decisiones de envergadura en el entramado económico español, tanto en la correción de conductas contrarias a la competencia, como en procesos de concentración de empresas. Afirma que trabaja con total independencia del Gobierno, que la dotación de medios va mejorando ( aunque siempre es insufiente) y que hay que intensificar la lucha contra los carteles (acuerdos entre las empresas para repartirse el mercado) porque cada día utilizan técnicas más sofisticadas para eludir la vigilancia de los órganos de competencia.

"Haría una llamada a la responsabilidad de los órganos autonómicos en esta materia"

"Las normas sobre comercio en las CC AA limitan la competencia en ese sector"

"Más que las multas, lo importante es que las entidades son obligadas a cambiar su conducta"

Pregunta. ¿Qué balance hace usted de su gestión en el tribunal cuando se cumple el ecuador de su mandato?

Respuesta. Creo que hemos sacado adelante un gran número de resoluciones sobre cuestiones complejas y sectores de gran trascendencia y, sobre todo, que las decisiones están debidamente fundamentadas. Podemos haber acertado o no, pero en todas ellas se presentan argumentos que justifican nuestra decisión. En el plano institucional se ha dotado al Tribunal de una personalidad jurídica propia y se han aprobado los estatutos que regulan su actuación como organismo autónomo.

P. ¿Ha podido trabajar con independencia del Gobierno al frente del tribunal?

R. Con absoluta independencia y si no fuera así se estaría incumpliendo la ley y, desde luego, yo no estaría aquí. Yo no aceptaría presiones del Gobierno y la ley en este aspecto es muy clara: el Tribunal tiene absoluta independencia en la toma de sus decisiones.

P. ¿Y presiones del mercado y de las grandes empresas?.

R. Las empresas defienden sus posiciones con argumentos económicos y jurídicos como debe ser. Ellas utilizan los procedimientos establecidos por la nomativa para defender sus tesis y aquí siempre se escucha hasta el final a todas las partes y luego tomamos la decisión que nos parece más fundada en base a la legislación vigente y la doctrina consolidada.

P. ¿Cómo ha vivido desde el tribunal el gran proceso liberalizador y privatizador de la economía española?

R. Creo que el organismo ha alcanzado la mayoría de edad en estos años a base de la elaboración de informes y resoluciones cada vez más completas. Todo esto en medio de un amplio proceso de liberalización que ha abierto al mercado a los antiguos monopolios. En este terreno, creo que hemos consolidado una doctrina de cómo deben comportarse esas empresas de acuerdo con los preceptos de la libre competencia.

P. ¿Considera que existe realmente competencia en los sectores marcados por antiguos monopolios?.

R. Es indudable que España ha destacado por su política liberalizadora en los últimos años y que ésta ha sido positiva para el conjunto de la sociedad. No obstante, no todos los mercados avanzan en la introducción de competencia a la misma velocidad. Hay sectores que se resisten a modificar sus actuaciones y no me refiero sólo a los antiguos monopolios sino también, por ejemplo, a los colegios profesionales.

P. ¿Cómo se puede introducir competencia en sectores que pasan de ser monopolio a convertires en oligopolios por la vía de los hechos?

R. Es cierto que es difícil introducir competencia en sectores que por su necesidad de grandes inversiones tienden a ser oligopólicos y tienen pocos competidores. Es una labor lenta, pero hay que ser perseverantes, seguir insistiendo por la vía legislativa y también mantener un actitud de continua vigilancia para no bajar el listón de la exigencia de competencia. No hay que olvidar que el número de competidores no es la única medida válida de la existencia o no de competencia.

P. Usted que procede del mundo de la empresa, de las cámaras, ¿cómo ve el mercado y la relaciones comerciales entre las empresas desde el tribunal?

R. Desde aquí se ve con una gran precisión y detalle el comportamiento de los mercados. De todas formas, contamos con un modelo garantista en el que antes de tomar cualquier decisión se escucha a todas las partes y se debate a fondo por nueve miembros del pleno del tribunal. Todas la decisiones son muy meditadas.

P. El tribunal frustró la fusión entre Endesa e Iberdrola. ¿Fue esta la decisión más importante de su mandato?

R. Para mí, todas las decisiones son importantes. Posiblemente fuera la más relevante de cara al público y a la prensa. Sobre esa operación considero que se estudiaron a fondo todos los aspectos relevantes en el breve plazo que señala la Ley y se emitió un dictamen que buscaba que no se deterioraran las condiciones de competencia en ese mercado.

P. Pero aparte de contar con un periodo limitado, las empresas sofistican cada día más los métodos para eludir a los órganos sancionadores como ocuurecon los carteles.

R. Es cierto que cada día la actuación de las empresas es más compleja y acreditar comportamientos colusorios más dificil por lo que es necesario incrementar la lucha contra los carteles. Este tipo de prácticas por el que las empresas se reparten mercados o fijan precios es muy dañino para el funcionamento del sistema de libre mercado y para los consumidores.

P. Su último informe sobre la legislación en materia de normas del comercio en las Comunidades Autónomas ha levantado amplollas en el sector y en los Gobiernos autónomos.

R. Hemos reflexionado mucho sobre este informe. El pleno del tribunal decidió centrarse en las materias sobre las que conoce bien porque se tratan en la dinámica diaria del organismo. El Tribunal se ha ratificado sobre lo que ya había expuesto en anteriores ocasiones. En nuestra opinión, la evolución de la legislación autonómica en esta materia ha ido creando barreras de entrada al mercado, lo que deteriora la competencia potencial y actual al dificultar la entrada de nuevos agentes. El informe no es vinculante, pero nosotros hemos defendido lo que creemos acertado en aras a una mayor competencia. Todos los sectores y agentes encuentran argumentos para limitar la competencia que van desde factores sociales, de seguridad, de empleo, en fin , de todo tipo. Indudablemente, estos argumentos, en ocasiones, encuentran justificación pero no debemos olvidar que la libre competencia redunda en un sistema económico más eficiente y en beneficios para los consumidores.

P. Este informe lo pidió el ministro de Economía en el otoño pasado y se esperaba para diciembre en lugar de este mes de julio. ¿Porqué ha tardado tanto meses en redactarse?

R. Primero, hay que señalar que la Ley no establecía un tiempo determinado para la realización de estos informes a diferencia de los expedientes sobre conductas prohibidas o los relativos a concentraciones empresariales. En segundo lugar, ha requerido de un análisis exhaustivo y de un profundo debate.

P. ¿Qué valoración hace de los órganos de competencia de las comunidades autónomas al año de tener la capacidad de crearlos?.

R. Hasta ahora solamente Cataluña ha puesto en marcha sus órganos de competencia. Yo haría una llamada a la responsabilidad de todos para que estos instrumentos se utilicen bien, porque, de lo contrario, puede haber riesgos. Creo que estos órganos deben aprovechar la doctrina que ha ido elaborando a los largo de años el tribunal de la competencia, los órganos de competencia de la Comisión Europea y el Tribunal de las Comunidades Euriopeas y estoy seguro que así lo harán.

P. El tribunal ha impuesto un buen ramillete de multas a empresas que antes eran monopolios y ahora se han abierto al proceso liberalizador como Telefónica, Repsol, Altadis etc ¿Tienen algun efecto?

R. Más que las multas, lo importante es que las empresas sancionadas son obligadas a cambiar su conducta que impide la competencia. Un ejemplo fue la resolución que obligaba a las petroleras a cambiar los contratos de distribución con las gasolineras. En todo resolución sancionadora se exige a la entidad sancionada que abandone de inmediato la conducta por la que ha sido multada. Respecto a la cuantía de las multas, ésta vienen fijadas en función de una serie de parámetros incluidos en le Ley. Posiblemente la multa no tenga un carácter coercitivo por si sola, sino que lo importante es el obligado cambio de conducta.