Los juicios lentos

La puesta libertad por agotamiento del tiempo máximo de prisión preventiva -cuatro años- del acusado de un triple asesinato cometido en 1999 en una masía de Benifallim (Alicante) ha sacado a la luz la cruda realidad del mal funcionamiento no sólo de los jueces, sino también de todos los demás responsables de que la justicia funcione bien. Que un juzgado de Alcoy no haya sido capaz en cuatro años de instruir un caso con un único acusado y sentarle en el banquillo es sólo la punta del iceberg de la situación real, a la que se ha sumado la puesta en libertad de un condenado por narcotráfico de Barbate (Cádiz), que se atribuye a la tardanza del Tribunal Supremo en resolver el recurso de casación contra la condena en primera instancia.

La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial podrá revelar responsabilidades concretas, pero el órgano de gobierno de los jueces debería reconocer también su propia responsabilidad por no evitar lo ocurrido, si se debió a problemas estructurales, dada la función inspectora que le corresponde respecto a todas las oficinas judiciales. Tampoco es ajeno a la desidia manifestada por el aparato judicial el ministerio fiscal, legalmente encargado de supervisar la tramitación excesivamente dilatada de los sumarios.

Pero la máxima responsabilidad de la lentitud judicial, que vulnera el derecho fundamental a un proceso "sin dilaciones indebidas", reconocido por la Constitución, hay que situarla en el Gobierno. El actual ministro de Justicia, José María Michavila, promovió un Pacto de Estado para una inversión de 1.500 millones de euros adicionales durante ocho años, que el Gobierno no está cumpliendo. Y frente a las 250 nuevas plazas de jueces anuales reclamadas desde la oposición se presupuestaron para 2003 sólo 30, lo que sitúa a España muy por debajo de los parámetros europeos de proporción de jueces respecto al número de habitantes.

Los juicios rápidos, en su gran mayoría referidos a faltas, llevan en su entraña la lentitud del resto de la justicia, porque merman la presencia de los fiscales en cometidos tan importantes como los procesos de familia y de menores y utilizan a los cuerpos de policía para cometidos ajenos a su función, hasta el punto de que los sindicatos policiales han amenazado con reducir el número de detenciones si no se les compensa económicamente la sobrecarga de trabajo. Mientras tanto, la realidad, que es tozuda, muestra descarnadamente que la lentitud y la ineficacia siguen firmemente arraigadas en la Administración de justicia.