Recuperar la confianza

En los próximos meses, los ciudadanos españoles vamos a tener la oportunidad de acudir a varias citas electorales y participar, de esta forma, en la conformación de distintos gobiernos. Este hecho -expresión de la normalidad democrática- pondrá a prueba no sólo la resistencia de la ciudadanía a la permanente presencia política, sino la capacidad de cada partido para recuperar la confianza de los electores en el ejercicio de sus derechos políticos. Doy por descontado que los partidos presentaremos programas de gobierno, equipos, iniciativas de futuro, modelos económicos y sociales; en definitiva, lo que podemos denominar un proyecto de país. Y ese proyecto de país debería constituir el elemento fundamental de nuestro debate, pues a través de él podemos ir definiendo los ejes sobre los que queremos basar nuestra convivencia.

Debemos hacer un esfuerzo para que los ciudadanos recuperen la confianza en la política

Tengo mis dudas de que el Partido Popular quiera la normalización del clima político

Pero hay algo más: los políticos deberemos hacer un gran esfuerzo en conseguir que los ciudadanos recuperen la confianza en la política, que nos vean a los políticos como verdaderos representantes de la voluntad expresada en las urnas y que nos sientan cercanos a sus preocupaciones y dedicados a la solución de sus problemas. Algunos podrían pensar que recojo el sentimiento de la gente tras lo ocurrido en la Asamblea de Madrid; en parte, sí. Lo cierto es que todavía nos cuesta trabajo creer que dos personas -sin ningún tipo de conciencia y escrúpulo- hayan sido capaces de alterar la expresión de la mayoría y nos veamos obligados a repetir unas elecciones. Pero también nos cuesta creer que haya primado el interés de un partido frente al interés general. En una sociedad con una democracia consolidada, la comprensible tentación de obtener beneficios electorales ante una crisis institucional ha de ser frenada por el sentido de la responsabilidad de quienes tienen la obligación de preservar la normalidad democrática. No ha actuado así el Partido Popular, que ha preferido dar cobertura a la execrable actuación de dos tránsfugas y crear una comisión de investigación sin capacidad para investigar, antes que reconocer que una mayoría progresista había ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Éstos han sido acontecimientos que han mermado nuestra credibilidad política ante los ciudadanos y que, al mismo tiempo, han puesto al descubierto deficiencias en el funcionamiento de los partidos políticos. Todos los dirigentes del Partido Socialista hemos reconocido nuestra responsabilidad por haber incluido en las listas electorales a personas -como después se demostró- indignas para el desempeño de esta función. Y hemos pedido perdón en reiteradas ocasiones por el error cometido en el proceso de selección de candidatos. Hemos hecho propuestas de regeneración de la vida pública y estamos dispuestos a consensuar todas aquellas medidas encaminadas a recuperar el necesario clima político y favorecer una participación más activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Pero en este empeño tenemos que creer y participar todos los partidos. Y tengo mis dudas de que el Partido Popular quiera la normalización del clima político, sobre todo cuando vemos cómo actúa su líder, el señor Aznar.

El nivel de crispación y de confrontación política que hemos alcanzado en España en los últimos años es algo que no podemos permitirnos como país, sobre todo si lo que deseamos es la consolidación definitiva de nuestra democracia. Y tenemos que poner freno a ese progresivo deterioro de la vida pública antes que los ciudadanos nos vuelvan la espalda y lleguen a la conclusión de que las disputas entre los partidos no tienen nada que ver con la legítima defensa de las alternativas políticas. Si hubo algo que nos hizo avanzar en el proceso de transición democrática fue el consenso básico sobre cuestiones de Estado que quedaron fuera del enfrentamiento entre las distintas opciones ideológicas. Es cierto que las circunstancias políticas ahora son bien diferentes, pero también es cierto que corremos el riesgo de dar marcha atrás en la conquista de determinados derechos y valores que creíamos adquiridos sólidamente. Cuando oigo hablar al presidente del Gobierno sobre España, sobre nuestro modelo territorial, tengo siempre la impresión de que pretende hacernos creer que el modelo lo ha inventado él y que es el único con capacidad para interpretar su desarrollo. Con una desfachatez inusitada manipula nuestra historia reciente e intenta arrogarse el éxito de lo que fue un empeño colectivo.

La historia de la democracia española no ha comenzado con la victoria electoral del Partido Popular. Ya es hora de que se les diga, antes de que empiecen a creerse sus propias mentiras. El Estado de las Autonomías quedó definido en la Constitución, redactada por todos los partidos y aprobada por todos los españoles. La Constitución, pues, es de todos. El desarrollo del Título VIII de la CE se ha llevado a cabo en estos últimos años (la mayor parte de ellos, bajo gobiernos socialistas) en un clima de diálogo permanente en el que los inevitables conflictos no impidieron respetar la pluralidad manteniendo la unidad. Nunca, durante todos esos años de construcción del modelo territorial, quien tuvo responsabilidad de gobernar culpó a la oposición de poner en peligro la cohesión de España. Resulta evidente que si Aznar ahora lo hace es para obtener una ventaja electoral, aun sabiendo que es una acusación que no tiene fundamento alguno y que causa un daño terrible a nuestra convivencia. Es muy doloroso comprobar que para conquistar y mantener el poder, Aznar haya sido capaz de poner en riesgo el equilibrio institucional. En nuestro país existen -como en muchos otros- partidos nacionalistas que defienden determinadas ideas. No comparto esas ideas, pero reconozco y respeto el derecho a que las defiendan dentro de nuestro marco legal. Intentar rebatir estos planteamientos mediante la descalificación permanente denota pobreza intelectual y escasa talla política, pero recurrir al miedo y fomentar la división entre los españoles, no sólo debilita nuestra democracia, sino que supone una grave irresponsabilidad.

Una de las claves del liderazgo y del ejercicio de un buen gobierno es tener capacidad para armonizar las posiciones contrapuestas e, incluso, contradictorias que existen en toda sociedad madura y compleja. Demostrar miedo a la discrepancia significa poner freno al desarrollo y consolidación de las libertades. Tratar de eliminar al adversario político cuando no se produce un acuerdo y se defienden otros planteamientos es, sencillamente, no aceptar las reglas de juego expresadas en nuestra Constitución.

Ganar unas elecciones no significa que el Gobierno que resulta elegido puede hacer lo que quiera, ni supone un cheque en blanco de la ciudadanía; existen instrumentos de control de la acción del Ejecutivo que le obligan ante el resto de las fuerzas políticas y, sobre todo, ante los ciudadanos. La mayoría absoluta no autoriza a tomar decisiones que comprometen el futuro de nuestro país, sin que se haya producido un auténtico debate para modificar las políticas de Estado. Hurtar a la sociedad este debate, ignorar los procedimientos de control, despreciar, en suma, la labor del Parlamento, supone despreciar la voluntad popular que éste representa. Y ésta es exactamente la forma en que el Partido Popular entiende la política. Justo lo contrario a los hábitos que imperan en los países de nuestro entorno, donde se puede opinar de manera diferente y puede ser duro someterse a un determinado debate parlamentario, pero donde se ha demostrado que no se tiene miedo al control y, por tanto, no se tiene miedo a gobernar.

Un ejemplo claro de lo que digo lo podemos encontrar en el contraste entre la forma de actuar de dos de los aliados en la guerra de Irak: mientras Aznar se esconde y lanza gravísimas acusaciones contra quienes se atreven a disentir, Blair cumple con su obligación, acude al Parlamento y da la cara.

Revitalización del papel de Parlamento, transparencia, control, respeto al adversario y una decidida actitud de estar al servicio de los intereses generales constituyen elementos indispensables para mantener el necesario clima de confianza de la ciudadanía en la política. Ante las próximas citas electorales, todos los partidos deberíamos tener muy claro que estos objetivos deberán primar, incluso, sobre la obligada aspiración al triunfo. Lo contrario significa seguir degradando la vida pública y provocar la desafección progresiva hacia la política. Algo que, a largo plazo, puede resultar muy perjudicial para nuestra democracia.

Trinidad Jiménez es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.