La política de medio ambiente de Chile

Hasta comienzos de la década del noventa, el desarrollo económico del país se llevó a cabo en un contexto de ausencia de institucionalidad y normativa ambiental, comprometiendo seriamente la capacidad de renovación de los recursos naturales -sobre los cuales se basa la economía de Chile- y deteriorando la calidad de los mismos.

Esto cambió con la llegada de la democracia a Chile. El desarrollo sustentable se constituyó en un desafío que puso en marcha un conjunto de acciones tendientes a establecer las bases generales de una normativa que lo promoviera eficazmente.

Siendo senador y presidente de la Democracia Cristiana, presenté el 15 de octubre de 1991, a nombre de mi partido, un proyecto de Ley del Medio Ambiente y una Política Nacional Ambiental. Fue el inicio de un largo proceso para institucionalizar el tema ambiental en Chile, el cual culminó el 9 de marzo de 1994, dos días antes del inicio de mi gobierno, con la entrada en vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente que fue el primer cuerpo legal que se hizo cargo de este tema desde una perspectiva integral, fijando criterios institucionales y regulatorios que comprometen las acciones del Estado, del sector privado y de la ciudadanía.

El eje de nuestra política ambiental fue mejorar la calidad de vida de todos los chilenos

En ella se definieron los instrumentos de gestión ambiental, se establecieron las responsabilidades por daño ambiental y los procedimientos de fiscalización, y se crearon el Fondo de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Este último organismo como responsable de la promoción de la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y ente coordinador de las acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el Gobierno de Chile en esta materia.

Durante el período 1994-1998 las actividades de la CONAMA se centraron en elaborar normativas y reglamentos necesarios para el cumplimiento de la Ley, poniéndose en marcha los principales instrumentos de gestión ambiental de nuestro país.

En 1996 planteé al país la Estrategia de Desarrollo Sustentable, basada en generar las condiciones básicas que permitan compatibilizar el proceso de crecimiento económico del país con la protección del medio ambiente, el respeto a nuestros compromisos internacionales y el uso sustentable de los recursos naturales, en un contexto de equidad social y económica.

En 1998 di a conocer al país la Política Ambiental del Gobierno de Chile, tras lo cual creamos el Consejo de Desarrollo Sustentable, como un órgano asesor del Presidente de la República en la materia e integrado por personalidades tanto del mundo privado como público.

Este Consejo vino a dar respuesta al compromiso adquirido en tal sentido por Chile en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, donde participaron los países preocupados por el desarrollo sustentable. Dicho organismo promueve el sentido de corresponsabilidad nacional en una tarea de gran alcance que involucra el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Todo lo anteriormente descrito, demuestra que el eje de nuestra política ambiental fue mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y de sus generaciones futuras, para lo cual era imprescindible velar por la flora, fauna y diversidad de cada región. Lo asumimos como una función eminentemente pública y también de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y participación de toda la sociedad civil, incluyendo al sector productivo privado, de tal forma que el conjunto de la ciudadanía esté dispuesta a asumir los costos que implica el implementar un proceso de continuo mejoramiento de la capacidad de gestión del país.

De lo anterior se desprende que el mayor éxito de mi gobierno en esta materia fue hacer operativa la institucionalidad ambiental, incluyendo la generación y aplicación de los instrumentos específicos de gestión, en especial el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los planes de prevención y descontaminación de zonas saturadas y la puesta en marcha del programa priorizado de normas ambientales.

Importantes avances se consiguieron también en las consideraciones económicas de la regulación ambiental. Es así como desarrollamos una política nacional de certificación de la calidad ambiental; establecimos los permisos de emisión transables que operan como un sistema de control de emisiones vía mercado como apoyo a los planes de descontaminación; y creamos -a través de un comité público privado- una estrategia de gestión ambiental preventiva de las empresas para minimizar emisiones, afluentes y desechos con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente

Muy especialmente quiero destacar la alta valoración que tuvo nuestra gestión ambiental en el resto del mundo. Durante mi mandato, se firmó, entre muchos otros, un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá que incluyó innovadoras cláusulas de cooperación ambiental. Además, iniciamos las negociaciones para los TLC con la Unión Europea, Corea y Estados Unidos, que concluyeron exitosamente el año 2002, los dos primeros, y el 2003, el restante.

Es importante destacar este punto, pues ninguno de esos países, ni tampoco los que integran la Unión Europea, habrían firmado jamás un acuerdo de este tipo con Chile sin antes conocer y aprobar nuestra legislación medioambiental.

Es en este contexto que cobra notoriedad la figura del inversionista norteamericano Douglas Tompkins, quien adquirió, desde 1992, tierras en las Regiones X, XI y XII de Chile, en lo que se denomina Patagonia Chilena. La magnitud que alcanzaron las propiedades compradas por él, superior a las 500.000 hectáreas, comenzó a generar, ya en 1995, diversas inquietudes, tanto de la comunidad de las regiones en que se ubican como de las autoridades políticas nacionales.

Las principales preocupaciones develadas por el afán expansionista que mostraban sus inversiones, se referían fundamentalmente al despoblamiento progresivo de los territorios adquiridos; la inexistencia de un marco jurídico adecuado que regule la propiedad individual de enormes extensiones y la creación de parques privados; la situación de los terrenos limítrofes y fronterizos y de las zonas australes; la precaria situación de los colonos ubicados en esas zonas que temían quedar aislados e impedidos de realizar sus actividades de subsistencia; y las muy legítimas dudas respecto a las posibilidades futuras de realizar obras de infraestructura o servicios en ese lugar.

Me pregunto qué pensarían los habitantes de las Autonomías de Cantabria (532.100 há.), La Rioja (504.500 há.) o del País Vasco (723.400 há.) si de pronto llegara un extranjero a comprar todo ese territorio amparado por recursos y por la legislación del Estado de California, y con recursos provenientes de fondos deducidos de beneficios tributarios que la ley estadounidense otorga a quienes hacen donaciones a entidades filantrópicas.

A fines de 1994, el Sr. Tompkins manifestó formalmente su interés de crear en sus tierras un parque privado denominado Parque Pumalín, el que sería administrado por una fundación chilena, creada por él. Se trataba de la Fundación EDUCEC (educación, ciencia y tecnología), en cuya presidencia nombró al Obispo de Ancud, Monseñor Juan Luis Ysern y de la cual él era Presidente Honorario y benefactor. Para estos efectos, presentó un proyecto ante las autoridades políticas el que posteriormente complementó con diversos informes técnicos.

Su propuesta, por los motivos ya señalados, agudizó el problema con los habitantes de esas tierras y aumentó las suspicacias de quienes veían en sus planes una amenaza a la soberanía nacional.

Por tal motivo, y sobre la base de la voluntad de las partes, se suscribió un acuerdo entre el Sr. Tompkins, su fundación y el Gobierno de Chile representado por el Ministro Secretario General de la Presidencia. Este convenio se celebró sobre la base de su intención declarada de crear el referido parque privado y la predisposición del Gobierno de colaborar con su materialización, siempre y cuando se resolvieran diversos temas pendientes que afectaban a la comunidad local y que se contradecían con la legislación chilena, por lo que se exigieron modificaciones que debían ser aprobadas por los procedimientos jurídicos correspondientes.

Sin embargo, al momento de firmarse el acuerdo sorpresivamente se desistió de su compromiso firmado con el Gobierno y decidió no traspasar las tierras a la Fundación EDUCEC, a cambio de lo cual se comprometió a crear otra fundación, de nombre Bosque Pumalín, que contaría con un directorio representativo, que estaría bajo su control, y a la que se le traspasarían los terrenos del Parque Pumalín.

El Sr. Tompkins, a su vez, (o las personas jurídicas que lo representan) prestaría colaboración al proceso de saneamiento de títulos de los colonos, renunciando a sus eventuales derechos en favor de ellos. Además, debería coordinarse con las autoridades regionales, provinciales y comunales de la zona para la ejecución de obras de infraestructura y servicios; y debía abstenerse de adquirir nuevas tierras de superficie significativa en las tres regiones antes mencionadas, hasta que entrara en vigencia una nueva normativa legal que regulara el estatuto jurídico de adquisición de propiedades en regiones australes.

Sin embargo, y a pesar de los compromisos reiteradamente infringidos, al finalizar mi período presidencial, existía la explícita voluntad del gobierno de colaborar con el proyecto y crear un parque privado en la X Región, pero siempre cautelando los intereses de los colonos y ajustándose a la ley, es decir, condicionando la existencia de este parque al cumplimiento de determinadas obligaciones que garanticen el normal desarrollo y convivencia en la Región.

No ha habido durante el desarrollo de este proyecto, por parte de las autoridades gubernamentales, ni un solo gesto de abuso, discriminación o rechazo a la propuesta del Sr. Tompkins.

El actual gobierno, del Presidente Ricardo Lagos, ha mantenido la misma línea de mi administración, buscando resolver las materias que aún se encuentran pendientes y resguardando la legislación vigente en esta materia. Es más, todo el trabajo efectuado durante la actual administración tendiente a crear el Parque Pumalín, ha considerado como referente indispensable el acuerdo suscrito el año 1997.

Sin embargo, han pasado seis años desde la suscripción del acuerdo y el empresario norteamericano, pese a sus múltiples promesas y declaraciones, no ha cumplido con nada de lo que se comprometió a hacer.

El Sr. Tompkins, en un artículo publicado por este diario en su edición del 6 de abril de este año, hace referencia a su frustrado intento de comprar la estancia Huinay a la Universidad Católica de Valparaíso, terrenos que se ubican junto al Parque Pumalín y que finalmente fue adquirida en 1998 por la empresa Endesa.

Lamentablemente cae en una serie de inexactitudes. Señala que mi gobierno impidió, presionado por el Ejército, que él adquiriera esas tierras y que presionamos a Endesa para que las comprara, lo que define como un "negocio sucio".

Al respecto, quisiera señalar que a mi gobierno no le cupo intervención alguna en ese proceso. Sí debo reconocer que nos preocupaba, al igual que a varias instituciones del Estado, así como también a diversos sectores de la comunidad, que esas tierras pasaran a formar parte del Parque Pumalín, pues significaba cortar el territorio nacional en dos partes y al no cumplirse los compromisos tomados por él, el manejo de toda esta situación quedaba hipotecado a decisiones foráneas.

Además, debo señalar que Endesa en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso formaron la Fundación San Ignacio de Huinay, la que ha desarrollado en el Parque Huinay un importante centro de investigación de la biodiversidad marina, el que fue inaugurado por el actual Presidente, Ricardo Lagos, y por los Duques de Lugo.

Cabe destacar que dicho proyecto, además de preservar 33 mil hectáreas de bosque nativo, se está realizando con la plena incorporación de los pobladores de la zona, demostrando que las iniciativas ecológicas no son contradictorias con la presencia del ser humano.

Esto demuestra que la disposición de las autoridades chilenas, de hoy y de ayer, es incentivar proyectos de conservación ecológica relacionados con la preservación del bosque nativo y de la biodiversidad en general.

El Estado chileno siempre ha actuado estrictamente apegado al Estado de Derecho y a la legislación vigente, de la misma manera en que lo hace con cualquier inversionista nacional o extranjero sin ningún tipo de discriminaciones. De ello pueden dar fe los numerosos empresarios españoles que han invertido en mi país.

Eduardo Frei es ex presidente de Chile.