La mano visible de Adam Smith

En estas mismas páginas, en marzo, me permitía reclamar la atención de los políticos para la adopción en las Administraciones Públicas de sistemas operativos (OS) informáticos escritos en "código abierto". Sostenía entonces, y ahora, que se trataba de una decisión de carácter político y no técnico. Para algunos gobiernos, sin embargo, esta decisión todavía debe ser resuelta por el mercado, a partir de los mejores productos ofrecidos por los suministradores en "libre competencia".

La doctrina de la "espontánea armonía de intereses" acuñada por Adam Smith en 1776 sirve, una vez más, para amparar decisiones desafortunadas. Dadas las capacidades del economista escocés, es probable que, de vivir en 2003, la "mano invisible del mercado" sería enunciada más en concordancia con las tesis recientemente expuestas por Joaquín Estefanía en este periódico (¡Van a matar al capitalismo!). También sería posible, incluso, que aunque en 1776 fallase en la predicción de la Revolución Industrial, a comienzos del presente milenio intuyese el valor de Linux o Java como capital social de la llamada "economía cívica".

Lo cierto es que 1776 también fue el año de la Declaración de la Independencia de EE UU, y cuando hablamos de "código abierto" estamos significando libertad de elección de, nada menos, la arquitectura de funcionamiento del software que corre por nuestros teléfonos móviles, video-consolas, PDA's, ordenadores portátiles, PC's, servidores... y en los supercomputadores basados en clusters para simular explosiones nucleares. Dejar que un solo arquitecto controle el edificio de la información de una Administración, o de un país, es tan irresponsable a largo plazo como rehusar las recomendaciones de Kioto. Es preciso una "desamortización" de la propiedad privada de los códigos por los que se rigen los OS, y ese proceso se debe realizar buscando una alternativa solidaria y cooperativa que registre los desarrollos alcanzados en beneficio de la colectividad y no de unos accionistas societarios.

Este tránsito desde el inquilinato informacional a la multipropiedad es el valor fundamental de los sistemas de "código abierto". Obviamente, los ahorros en costes son notables en términos de licencias y mantenimiento, customización de programas básicos, facilidad en la traslación de instalaciones UNIX, reutilización y compartición de hardware existente, reducción de servidores basados en arquitecturas onerosas, soporte técnico de las mayores empresas informáticas del mundo, etc.

Todo ello debe ser contrastado siguiendo un proceso de migración de menos a más, que disponga de personal entrenado y certificado en sistemas de "código abierto", que permita la selección de la tecnología más apropiada y desarrollar el trabajo estratégico de actualizar, y testear, las aplicaciones existentes siguiendo criterios de relevancia para la organización. En paralelo, es conveniente identificar un socio tecnológico de probada experiencia en migraciones de organizaciones complejas y tratar de promover proyectos de colaboración con otras AA PP. En suma, hay que ser rigurosos en el cálculo del TCO (Total Cost of Ownership).

El gobierno chino acaba de disponer que hasta 2010 los ministerios de la nación solo podrán incorporar software de fabricación doméstica en las próximas actualizaciones de los OS y de las herramientas de productividad. Se dice que con esta medida, que no implica abandonar desarrollos complementarios en "código abierto", se protege a la industria nacional y se refuerzan las medidas de seguridad del Estado. Con independencia de las dudas de su compatibilidad con las reglas de la OMC, parece que no es conveniente sustituir una fortaleza de conocimiento estratégico por una torre inexpugnable para 5.000 millones de seres humanos.

Una estrategia más razonable es la seguida recientemente por la Comisión de situar al software de "código abierto" como parte nuclear en sus esfuerzos para promover la interoperabilidad de los servicios de "gobierno electrónico" entre los estados miembros. El Reino Unido estudia incrementar sus requerimientos de compra de suerte que sus proveedores desarrollen este tipo de software para el sector público. Alemania y Francia han firmado acuerdos de promoción de esta tecnología en las Administraciones Públicas y en los EE UU varios estados, entre ellos California, se encuentran incursos en desarrollos legislativos equivalentes.

En todos estos casos, la preservación del mercado ha requerido actuaciones políticas. No se trata, como recordaba Estefanía, de matar al capitalismo, sino de imponer correctivos. No es una cuestión de confiar o no en la propiedad intelectual, es más bien una reivindicación del sentido común y de la justicia social. Algunos parecen haber comprendido este hecho básico, mientras otros se resisten a diseñar cualquier tipo de estrategia abierta e intentan preservar un insoportable status quo mediante prácticas comerciales injustificables o favoreciendo procesos judiciales sin fundamento legal. La historia nos dice, empero, que los alquimistas solo devinieron químicos cuando dejaron de guardar sus secretos bajo siete llaves.

Las compañías tecnológicas deberán ofrecer necesariamente servicios y aplicaciones que corran en Linux, o hardware que lo incluya de manera "natural", en el bien entendido de que habrá una convergencia de las diferentes versiones de la tecnología. La complejidad de las bases de código y de usuarios configura una "diversidad biológica" de tal naturaleza que convierte al ecosistema de Linux en la forma óptima de escribir software y de asegurar su compatibilidad con el modelo de managed & utility computing/web & web-based services. Ecosistemas parecidos existen en otros dominios estratégicos de la información: la Java Community Process (JCP) para el lenguaje de programación o de la Liberty Alliance para la identificación de los usuarios en la red.

En paralelo, hemos asistido a la certificación de esta tecnología por el foro más reputado del mundo (Common Criteria Certificates) en la evaluación de la seguridad y soporte de los sistemas utilizados por los principales gobiernos (EE UU, Alemania, Francia, Reino Unido, España, etc). Sin duda, Linux es tremendamente estable.

Pagar licencias cada tres o cuatro años por actualizaciones de los OS y de las aplicaciones de productividad de nuestros ordenadores que, además, generalmente no necesitamos y que son "propiedad intelectual" de un sólo fabricante, puede ser socialmente tan grave, salvando las distancias, como el tabaquismo. Y los gobiernos deben combatir las adicciones estimuladas por los hábitos indeseables adquiridos por la ciudadanía. Linux se ha desarrollado en una docena de años: demasiado tiempo en una industria cuyos parámetros de éxito son la velocidad, la capacidad, la seguridad, la estabilidad, la escalabilidad, el marketing, etc. Una eternidad en términos de posibilitar la construcción de barreras de entrada a la misma, de destruir a los competidores existentes buscando sustitutivos escasamente diferenciados, de persuadir a los clientes mediante prácticas comerciales poco éticas.

Adam Smith fue secuestrado durante unas horas a la edad de cuatro años; afortunadamente en el mundo del software, la libertad puede que también se haya recobrado para siempre.

José Emilio Cervera, economista, es ex Eurodiputado por el CDS. jecervera@mixmail.com