Tiro al plato

Al igual que John Wayne desenfundaba la pistola nada más olfatear el peligro, el Gobierno de Aznar suele reaccionar ante las situaciones de riesgo electoral con la estrategia de rehuir las responsabilidades propias en la materia y de anunciar el urgente envío a las Cortes de un proyecto de reforma, acompañado de ataques a la oposición si la ley modificada fue aprobada durante la etapa socialista; así, el actual aumento de la delincuencia es atribuido por la pareja ministerial de Justicia e Interior al Código Penal de 1995, sometido a una escabechina reformadora como supuesto responsable único de ese perverso efecto.

Sirvan de ejemplos recientes -la lista es ya muy extensa- a esos ejercicios gubernamentales de tiro al plato la ley del botellón contra el consumo callejero de alcohol por adolescentes (anunciada a comienzos de 2002), el cumplimiento íntegro de las condenas por delitos terroristas (tras el asesinato por ETA del guardia civil Antonio Molina en diciembre de 2002), las medidas contra la violencia doméstica (52 mujeres fueron asesinadas en 2002) y la reforma de la prisión preventiva (a raíz de la excarcelación de la prisión de Alcoy de un acusado de triple asesinato en septiembre de 2003). Las incidencias judiciales relacionadas con los brutales asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sandra Palo también han desencadenado esa doble reacción autoexculpatoria y reformadora del Ejecutivo. El error judicial cometido por el jurado del caso Wanninkhof hace dos años al condenar a una falsa culpable (el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el veredicto antes de que la confesión de Tony Alexander King librara de sospechas a Dolores Vázquez) brindó al PP la oportunidad de estigmatizar la institución procesal introducida por los socialistas en 1995. Pero el apretado calendario parlamentario previo a las próximas elecciones legislativas y las dificultades técnicas para elegir un modelo alternativo mixto a la versión pura del jurado han enfriado la inicial furia derogatoria a corto plazo del vicepresidente Arenas.

En cualquier caso, las normas votadas durante el mandato del PP no son chapuzas criminógenas perpetradas por la oposición: las cuatro versiones sucesivas de la Ley de Extranjería entre los años 2000 y 2003 sitúan al Gobierno ante su exclusiva responsabilidad. Así ocurre también con la Ley de Protección de Datos de 14 de diciembre de 1999, cuyo artículo 22 -según el ministro del Interior- sería el único causante de que la policía española y la Guardia Civil no hicieran uso de los informes enviados por Scotland Yard que describían a Tony Alexander King como una amenaza potencial para las mujeres: el manejo de esos antecedentes habría permitido investigar o incluso prevenir los asesinatos de Rocío Wanninkhof, en septiembre de 1999, y de Sonia Carabantes, en agosto de 2003.

También corresponde a la etapa del PP la Ley del Menor, indirectamente responsabilizada del sádico asesinato de la joven Sandra Palo por tres adolescentes y un adulto perpetrado el pasado mes de mayo. El Gobierno utilizará la vía extraordinaria de una enmienda al trámite de la reforma del Código Penal en el Senado para modificar el artículo 25 de la norma y reconocer el derecho a la acusación particular de las víctimas y de sus familias; la elevación de las sanciones, la vigilancia de las formas de cumplimiento y la eventual rebaja de la edad penal quedan aplazadas hasta la próxima legislatura. Pero la técnica del tiro al plato aplicada por el Gobierno de Aznar para modificar las leyes aprisa y corriendo con el fin de tapar sus responsabilidades sobre cuestiones relativas a la seguridad ciudadana difícilmente puede ser un procedimiento adecuado para construir un ordenamiento jurídico estable capaz de sobrevivir a la inevitable sucesión de mayorías parlamentarias siempre circunstanciales. La Ley del Menor de 12 de enero de 2000 entró en vigor un año después de su publicación y fue objeto de modificaciones durante ese intervalo; carece aún de desarrollo reglamentario y no dispone de los medios materiales y humanos necesarios para que las comunidades autónomas gestionen eficazmente su desarrollo. Por lo demás, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y varias sentencias del Constitucional acotan -como la Exposición de Motivos de la ley subraya- el espacio de su eventual reforma.