El colegio de los horrores

La Casa Pía de Lisboa no es una institución menor, no puede confundirse en modo alguno con un simple colegio ni con un modesto orfanato; es la entidad pública de carácter educativo más prestigiosa de Portugal, en la que cursan estudios unos 4.500 alumnos y trabajan cerca de 1.400 funcionarios. Sus instalaciones deportivas son la envidia de muchos colegios, así como sus edificios y recintos repartidos por la capital. Justo detrás del monasterio de los Jerónimos está su sede central, el colegio Pina Manique. "En sus 233 años de historia", dice con gran seriedad su nueva directora, Catalina Pestana, "de aquí han salido los mejores pintores portugueses modernos, bailarines, médicos, maestros relojeros y hasta políticos". Ser casapiano era una distinción en Portugal, un orgullo. "Primero se era casapiano y luego ciudadano", matiza la directora. Pero algo falló en el sistema y aquel colegio pasó a ser la casa de los horrores.

La policía llegó a grabar conversaciones del secretario general del Partido Socialista

Centenares de niños fueron sometidos a abusos por miembros de la élite portuguesa

Y falló durante muchos años: centenares de niños, los más desfavorecidos, los internos, los huérfanos y los sordomudos fueron sometidos a abusos sexuales y hasta prostituidos por miembros de la élite portuguesa. Los testimonios superan el centenar y corresponden a alumnos de tres generaciones. "Hay niños con daños irreversibles en sus genitales, niños que no pueden controlar sus esfínteres como consecuencia de los abusos continuados", relata la directora. Durante 30 años reinó la ley del silencio. Quienes sabían, callaron; las denuncias se traspapelaron. Así hasta el pasado 23 de noviembre, cuando una periodista, la reportera Felicia Cabrita, del semanario Expresso, denunció el caso. Un joven juez, Rui Teixeira, que acude al juzgado en vaqueros, camiseta y zapatillas de deporte, un hombre discreto que no habla con la prensa, en cuyo juzgado hay pocos casos atrasados, abrió una investigación.

Desde entonces, Portugal está en vilo, preparado para digerir cualquier sorpresa, envuelto en cientos de rumores que implican a mucha gente, dividido entre quienes defienden a los primeros imputados y quienes piden que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia. El calendario político portugués parece marcado ahora mismo por el calendario del proceso. No hay muchas filtraciones a pesar de la enorme presión mediática. La instrucción terminará a finales de enero. Hasta entonces puede suceder cualquier cosa. Se habla de una red, de ministros implicados que todavía están por salir a la luz. La propia directora anunció que cuando se sepa todo habrá un auténtico terremoto sobre Portugal.

La prensa menciona la existencia de 82 sospechosos, pero de momento sólo han pisado la cárcel una docena. Y no una docena cualquiera. Un antiguo embajador en Suráfrica y la Unesco, Jorge Ritto, quien supuestamente organizaba en su domicilio orgías con menores. El número dos y portavoz del Partido Socialista, el joven Paulo Pedroso, que salió en libertad el pasado 8 de octubre tras un recurso de sus abogados, pero que mantiene su condición de imputado. Nada más salir, pidió recobrar su condición de diputado. El miércoles asistió al Parlamento: algunos colegas le felicitaban, otros eludieron el saludo. La opinión pública se preguntaba si no había sido objeto de algún trato de favor.

La detención estrella fue la del personaje más popular de Portugal, Carlos Cruz, un presentador de televisión detenido el 30 de enero. Cruz es un hombre bien parecido, de 62 años, casado en segundas nupcias con una joven modelo, Raquel. Raquel y su pequeña hija de un año le visitan todos los días en la cárcel. Raquel tiene una columna diaria en el periódico 24 horas, donde defiende la inocencia de su marido y arremete contra supuestos falsos testigos y jueces presuntamente corruptos.

Un personaje central en la trama es Carlos Silvino, apodado Bibi. Fue el primer detenido. Funcionario de Casa Pía. Hacía labores de jardinero y motorista, entre otras, pero también era quien presuntamente reclutaba u obligaba a los menores, quien servía de enlace entre niños y clientes. Bibi va en un sumario aparte y la policía judicial busca su colaboración. Parece que sufre algún tipo de ligera minusvalía mental. Esta semana se ha publicado que disponía de una agenda de teléfonos donde presumiblemente pueden estar las identidades de los principales clientes.

Portugal se pregunta cómo ha podido suceder algo parecido. Durante 30 años, la institución fue el centro de un abuso continuado de menores. Ahora se sabe que todavía hay pedófilos dentro de la institución. "Se perdió de vista el bienestar de los alumnos. No estaba permitido denunciar nada que pusiese en riesgo el buen nombre de la institución", reconoce su directora. "Había una cultura interna, autosuficiente, que se ha convertido en un estigma". Entre los abogados de algunos testigos hay antiguos alumnos y ellos corroboran la existencia de abusos.

Presión a testigos

Los testigos son ahora objeto de presión por los abogados defensores: se habla de falta de pruebas, de chicos convertidos en mentirosos compulsivos. "Los niños", dice la directora del colegio, "no pueden engañar a médicos forenses, a psicólogos y a policías expertos. Chicos que apenas se conocían han coincidido en sus testimonios, han dado detalles precisos de algunos domicilios, incluso detalles íntimos de sus abusadores, aunque no conozcan su identidad real". La cuestión también es que algunos de esos delitos, al menos los más antiguos, han prescrito.

Portugal es un hervidero de rumores, que alcanzan al actual Gobierno. Se habla de un ministro, conocido en la noche portuguesa como Catherine Deneuve. Y está en juego, finalmente, la credibilidad en el sistema judicial, una justicia lenta y pesada que puede poner a un ciudadano en la cárcel durante cuatro años sin que éste tenga derecho a conocer cuál es la acusación que pesa sobre él. Durante las investigaciones se filtró que la policía había grabado conversaciones del propio secretario general del PS, Ferro Rodrigues, con el presidente de la República, Jorge Sampãio.

"La revolución tocó todo menos la justicia", dice Antonio Barreto, ex ministro y sociólogo experto en temas judiciales. "La justicia creció mucho en Portugal, pero no hubo remodelación. Las leyes procesales son obsoletas y los jueces han ganado poder. En Portugal tenemos el récord europeo de amnistías. Entre 1991 y 2000 prescribieron más de 60.000 casos".