No les tembló la mano

El caso de Enrique Pociños es muy sintomático de cómo está funcionando el servicio público de administración de justicia. Ante todo, sin deliberación colectiva entre los miembros de la Sala, de forma que, como se sabe, la sentencia la "pone" un magistrado sin que el resto intervenga. Sólo así se explica que tres magistrados -y no sólo el ponente- ignoren que es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que la imprudencia con resultado de lesiones -que es como fué enfocado el caso por los abogados del trabajador accidentado- sigue siendo grave aun en los supuestos de culpa concurrente de la víctima, porque la responsabilidad de la empresa no sólo obliga a la puesta a disposición de los trabajadores de las medidas de seguridad adecuadas -que no existieron en este caso-, sino que exige la continua vigilancia en el cumplimiento de éstas y en la realización del trabajo, de manera que la empresa no puede descargar su responsabilidad por el cumplimiento de las normas de seguridad en el incumplimiento o la imprudencia del trabajador individualmente considerado.

Frente a ello, el magistrado ponente, el señor Martín García, afirma en declaraciones a su periódico que a ese tribunal "no le tiembla la mano" para condenar o absolver cuando sea preciso. Expresión ésta de recuerdo infausto que se empleaba para firmar penas de muerte; la insensibilidad social de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona se pone de manifiesto también en esta forma de hablar.

Pocas veces se puede ver tan clara la incapacidad de unos funcionarios públicos para entender que la aplicación del derecho es inseparable del contexto social en el que se realiza y que su decisión no puede aislarse de un sistema jurídico articulado que pretende proteger la vida y la salud de los trabajadores frente a la criminalidad imprudente que genera trabajar sin medidas de seguridad y castigar estos comportamientos.

En esta peculiar visión de quienes imparten justicia, tan garantistas con los delincuentes sociales, cabe también encontrar la explicación de cómo resulta tan difícil acabar con la siniestralidad laboral en nuestro país, conscientes quienes no arbitran las medidas de prevención que son penalmente impunes, y que basta con lamentarse frente al interminable goteo de muertos y heridos por ejercer un trabajo inseguro.