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El descuento del IRPF anunciado por Aguirre será inaplicable hasta 2005

Las nóminas de 2004 no notarán la rebaja

La rebaja de un punto en el tramo autonómico del IRPF anunciada por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no se aplicará a los madrileños hasta la declaración que presenten en 2005 sobre los ingresos de 2004. La justificación del nuevo Gobierno regional es la falta de tiempo para tramitar la pionera modificación antes de fin de año. Tampoco se aplicará a las retenciones de las nóminas en 2004, ya que el Ministerio de Hacienda rechaza fijar un baremo especial para los madrileños. La rebaja se notará con mayores devoluciones en 2005.

Los contribuyentes madrileños, alrededor de dos millones, no notarán en 2004 los efectos del anuncio realizado por Esperanza Aguirre en el debate de investidura como nueva presidenta de la Comunidad para reducir en un punto, del 5,94% al 4,94%, el tramo autonómico del IRPF. Tendrán que esperar a 2005. Será entonces, al hacer las cuentas correspondientes a 2004, cuando notarán en el bolsillo el ahorro previsto. Ese ahorro se situará en unos 160 euros para una familia que obtenga una renta bruta de 23.400 euros el próximo año.

Así, el próximo año todo seguirá igual. Incluidas, según han aclarado fuentes del Ministerio de Hacienda, las retenciones que las empresas aplican en la nómina de sus empleados madrileños.

La tabla de retenciones es competencia de la Administración central, que la modifica (y así lo ha hecho en las dos rebajas del IRPF aprobadas por el Gobierno del PP) para evitar que, a la hora de presentar la declaración, haya distorsiones fuertes entre las cantidades retenidas a cuenta y el pago real de impuestos.

Según el Ministerio de Hacienda, el hecho de que Madrid se haya convertido en la primera comunidad que ha decidido modificar a la baja el tramo autonómico del IRPF no comportará ninguna otra novedad, como, por ejemplo, que los madrileños sufran menos retenciones en sus nóminas que el resto de los contribuyentes en 2004. La consecuencia es que, en 2005, Hacienda tendrá que devolver más dinero a los contribuyentes de la Comunidad de Madrid.

Complejidad

La razón para mantener las cosas como están, según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, es que ajustar las retenciones sólo en una comunidad, en este caso la de Madrid, introduciría una gran complejidad en el sistema. Así, explican que muchas empresas con actividad en la región y con empleados madrileños tienen también sede y actividad en otras comunidades autónomas. Disminuir las retenciones a los empleados de una sola comunidad y no a todos obligaría a muchas empresas a un esfuerzo de gestión que la Administración central no considera conveniente.

La reforma del IRPF anunciada por Aguirre supondrá para las arcas regionales una caída de ingresos de 150 millones de euros, según señalaron en su día fuentes del equipo de la nueva presidenta regional. Y es que los contribuyentes del IRPF pagan una parte del impuesto a la Administración central y otra a la comunidad autonóma, en una relación del 70%-30%, mediante una tarifa dividida en cinco tramos con tipos impositivos distintos en una escala de entre el 15% y el 45%. A su vez, cada tramo se divide en dos, con dos tramos distintos: uno es el que se paga a la Administración central, y el otro, a la comunidad autónoma.

La tarifa arranca con un tipo mínimo del 9,06% para la Administración central y un 5,94% para la autónoma (en total, un 15%) para ingresos (base liquidable) de hasta 4.000 euros anuales. El anuncio de Esperanza Aguirre consiste en que ese 5,94% que corresponde a la Comunidad se reduce a un 4,94%.

Pese a la caída de ingresos prevista para las arcas regionales, Aguirre, en línea con las tesis económicas del Gobierno del PP, asegura que la rebaja impositiva anunciada, la primera que decide una comunidad autonóma, supondrá un estímulo para la actividad económica que, a la postre, supondrá también una mayor creación de empleo.

La estrategia fiscal de Aguirre culminó esta misma semana con el anuncio de la congelación del denominado "céntimo sanitario" aprobado por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, para financiar la Sanidad con el recargo en el precio de los carburantes.

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