La juez imputa en el 'caso CPV' a uno de los hermanos Sánchez-Lázaro

Pedro García Valero, ex compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid, en la empresa de fotocopias MIC, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas). La juez Coro Monreal, que investiga esta estafa que dejó sin vivienda a 1.200 familias que habían adelantado 18.000 euros de media, le ha imputado por un presunto delito de "insolvencia punible".

Igual imputación ha recaído en Javier Sánchez-Lázaro, cuyos hermanos Fernando y Juan Carlos ficharon como asesor, a través de MIC, a Romero de Tejada. La acción delictiva que se imputa a García Valero y a Javier Sánchez-Lázaro tiene relación con la actuación de la empresa Jabbar Inversiones, que según la juez, administraban dicha sociedad cuando se produjo una operación en agosto de 2002 por la que esta sociedad recibía "todos los bienes inmobiliarios de CPV" mediante una permuta. En la práctica, según denunciaron los acreedores de CPV, supuso "el vaciamiento patrimonial" de esta inmobiliaria y la puesta de dichos activos fuera del alcance de cualquier posible embargo a dos meses de que se declarara su quiebra. Este delito viene definido así en el Código Penal: alzarse con bienes en perjuicio de los acreedores o cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación. La pena de prisión oscila entre uno y cuatro años.

Pero la admisión de la existencia de indicios de tal delito, no sólo ha tenido como corolario la imputación de los administradores de derecho o de hecho de Jabbar, sino la ampliación de los que ya recaían sobre los gestores de CPV, singularmente de su administrador de hecho Francisco García Moreno. Igual calificación de "administrador de hecho" atribuye la juez a Javier Sánchez-Lázaro respecto de la empresa Jabbar Inversiones. La juez implica a ambas sociedades en una maniobra de "distracción del patrimonio del deudor".

Jabbar entregó a CPV en dicha permuta denunciada unos terrenos en Chinchón cuya recalifi-cación anunciaba que estaba negociando con dicho ayuntamiento, entonces en manos del PP, operación en la que intervino el ex gerente de Urbanismo de Madrid Pedro Areitio.