Populares y socialistas ratifican la recalificación de los terrenos de la fábrica de tabacos en Málaga
De la Torre retira la petición de declarar la ciudad zona de gran afluencia turística
La recalificación de la antigua fábrica de Tabacalera (ahora Altadis) en Málaga -62.710 metros cuadrados situados a espaldas del mar y en una zona en expansión- tiene ya luz verde definitiva. El pleno del Ayuntamiento, con los votos del PP y del PSOE, desbloqueó ayer un convenio que en 2002 firmó el equipo de gobierno y Altadis para levantar en esos terrenos más de 300 viviendas y un hotel. Por otra parte, el alcalde, Francisco de la Torre, retiró la petición de declarar la ciudad zona de gran afluencia turística, iniciativa rechazada por sindicatos y empresarios.
El acuerdo sobre los terrenos de Altadis fue posible tras comprometerse la multinacional tabaquera a destinar el 20% de los inmuebles al mercado de alquiler para jóvenes. IU votó en contra de la recalificación y acusó a los socialistas de "plegarse" a los intereses privados.
El convenio con Altadis fue una de las operaciones urbanísticas más polémicas que emprendió el PP en la pasada legislatura, ya que, en la etapa de Celia Villalobos como alcaldesa, se llegó a amenazar a la multinacional con que nunca obtendría la recalificación de sus terrenos en Málaga si decidía cerrar su fábrica. Pese a ello, Altadis pegó el cerrojazo a sus instalaciones y presentó un ambicioso proyecto comercial y residencial ante el Consistorio, consciente de la privilegiada zona en la que se asentaban los terrenos.
La fábrica se ubica en el nuevo paseo marítimo de Poniente y está en primera línea de playa, una zona de expansión de la ciudad donde las viviendas que se levantan están alcanzando precios muy elevados.
El actual equipo de gobierno, también del PP, logró rebajar las pretensiones de la compañía y cerró el pasado año un convenio que posibilitaba la recalificación de los terrenos, considerados no urbanizables con calificación de industrial en el PGOU. A cambio, el Consistorio se quedaba con la titularidad de los edificios protegidos de la fábrica, donde proyecta aglutinar sus sedes municipales.
El acuerdo originó una fuerte polémica. El grupo municipal del PSOE lideró la oposición. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, dependiente de la Junta, emitió un informe desfavorable a la recalificación y, pese a ello, el gobierno del PP la aprobó unos días después. El PSOE impugnó el acuerdo ante la Consejería de Obras Públicas de la Junta y su titular, Concepción Gutiérrez, suspendió la decisión municipal.
Marisa Bustinduy, portavoz del PSOE, justificó el cambio de postura de su grupo en que "se mejoran las condiciones del convenio para que revierta parte de las plusvalías en los ciudadanos que viven en el entorno".
Bustinduy se felicitó por el trabajo realizado por su grupo municipal "al lograr imponer a Altadis una serie de condicionantes". Por ello, los socialistas dieron su apoyo a la adenda que se introdujo en el convenio inicial y que permitió ayer desbloquear el acuerdo.
Además de imponer a la multinacional que el 20% de las más de 300 viviendas que se levantarán sobre los terrenos sean destinadas a alquiler, se arranca una compensación económica de 300.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de la barriada, así como un compromiso para solventar los problemas de tráfico que pueda ocasionar en la zona el nuevo planeamiento urbanístico, según relató el alcalde.
El portavoz de IU, Rafael Rodríguez, insistió en censurar a ambas formaciones políticas, especialmente al PSOE, por su cambio de posicionamiento, y aseguró que "a Altadis le ha tocado el Gordo de la Lotería y, además, sin meter".
De otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Málaga se tuvo que suspender ayer durante varios minutos por las protestas de un grupo de comerciantes ambulantes que se instalan en la Puerta de Tetuán, por la decisión municipal de cambiarlos de ubicación.
Del orden del día se cayó, ante las protestas de la mayoría de los colectivos empresariales y sindicales, una iniciativa del equipo de gobierno para proponer la declaración de la ciudad como zona de gran afluencia turística, a efectos comerciales.
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