El Síndic de Comptes revela que las facturas en el cajón de Sanidad suman ya 840 millones

La Generalitat omitió en la liquidación del presupuesto del año 2002 la inclusión de al menos 840 millones de euros correspondientes a facturas pendientes de pago en la Consejería de Sanidad. Así lo revela el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2002 que el titular de la institución, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer en las Cortes Valencianas. Además, revela de nuevo la existencia de 1.697 millones en "derechos definidos", correspondientes a expectativas de ingresos que nunca se harán realidad y que se arrastran desde hace años. El informe critica la elevada tasa de temporalidad en la contratación de personal en la Generalitat, que se sitúa en el 35%.

El informe critica el retraso al publicar las modificaciones presupuestarias

El informe de la Sindicatura de Comptes pone de relieve que la pelota financiera ha crecido en la Consejería de Sanidad, ya que la auditoría correspondiente a 2001 indicaba que ese año habían quedado facturas pendientes de pagar por 643 millones, cifra inferior a los 840 millones detectados ahora.

La auditoría que ayer presentó en las Cortes el nuevo titular de la institución, Rafael Vicente Queralt, contiene toda una serie de recomendaciones que ponen en evidencia la existencia de malas prácticas en la Administración valenciana y cifra el déficit del ejercicio presupuestario en 8,2 millones de euros, la misma que ofreció en su día el Consell. Sin embargo, el informe destaca el hecho de que los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores al 2002 suman 12.688 millones de euros, de los que un 75% están aplazados más allá de 2006.

El informe señala que la Sindicatura "no se puede pronunciar sobre la razonabilidad del saldo al cierre del ejercicio de 2002" debido a la contabilización de 1.697 millones de euros correspondientes a los llamados "derechos definidos" en la cuenta de "Patrimonio". Durante años, la Generalitat ha incluido en sus cuentas falsas expectativas de ingresos para poder gastar más. Y la Sindicatura venía señalando que se trata de una práctica incorrecta, aunque era legal. Sin embargo, el nuevo Plan General de Contabilidad Pública ya no permite esta práctica. El Consell tenía dos opciones: reconocer la imposibilidad de cobrar ese dinero y consignarlo por tanto como déficit o hacer algún tipo de trampa, como ha hecho al incluir esos derechos definidos en la cuenta de patrimonio. Así, se consideran patrimonio propio unos ingresos que nunca se cobrarán, como viene a reconocer el informe, al señalar que de la documentación con la que el Consell sustenta esos derechos pendientes se deduce "una cierta incertidumbre en cuanto a su expectativa de cobro". Y añade: "Para que esta incertidumbre quedara reflejada en la cuenta de resultados presentada, se tendría que haber dotado, en su caso, la correspondiente provisión para insolvencias por importe de aquellos deudores que pudieran resultar de dudoso cobro. Esta provisión debería figurar en el balance, minorando la cuenta deudores presupuestarios".

La otra cifra importante que destapa el informe del Síndic es la de los 840 millones de euros derivados de gastos realizados o bienes y servicios recibidos por la Consejería de Sanidad, referidos a programas de asistencia sanitaria. Son las llamadas "facturas en el cajón". El informe señala que esa cantidad debería ser incluida en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto. En sus alegaciones, la Intervención General de la Generalitat señala que ha actuado de acuerdo con las órdenes cursadas al respecto por los departamentos afectados, en este caso por Sanidad, a cuyo frente estaba, en 2002, el actual portavoz del PP en las Cortes, Serafín Castellano.

Respecto a las modificaciones presupuestarias, el informe de la Sindicatura da la razón a la oposición al señalar que su preceptiva publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana "se ha efectuado con retraso respecto de las fechas en que fueron aprobadas".

Al analizar los gastos de personal de la Generalitat el Síndic señala que el índice de temporalidad es del 35%, "que se considera elevado", y revela que la tasa alcanza un 51% en el personal de los programas del servicio de asistencia sanitaria. Por todo ello, recomienda a los responsables de la gestión de personal "un esfuerzo" para disminuir "una tasa de temporalidad tan alta". También critica la memoria sobre los gastos de personal que presenta la Generalitat, porque "no incluye ningún comentario o información adicional sobre aspectos que se consideran relevantes para la mejor comprensión y evaluación de estos gastos, que suponen el 35% del presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana". En otras palabras, el Síndic ve cierto oscurantismo en la información que se le facilita.

Respecto a los avales concedidos por la Generalitat, el informe señala que se incrementaron en un 32%, de modo que al finalizar el ejercicio se alcanzó la cifra de 1.819 millones de euros. En este apartado, al analizar los riesgos, indica que suman 1.293 millones, lo que supone un incremento del 31% respecto a 2001. "El riesgo vivo por las operaciones avaladas por la Generalitat se ha incrementado significativamente en el periodo 1998-2002, incremento que se ha concentrado especialmente en empresas y entes públicos", señala el informe, que precisa que el sector público supone el 99% del riesgo total.