Los problemas de la política sanitaria del Gobierno

El nombramiento de la actual ministra de Sanidad fue una buena noticia, no sólo porque venía a sustituir a la indescriptible Celia Villalobos, sino porque siendo médica de profesión se le suponían unos conocimientos genéricos sobre la sanidad. En su primera aparición pública ya empezó a apuntar cuáles eran sus líneas de actuación, realizando una amplitud de promesas de planes que, ayunos de financiación, sonaban sobre todo a una lista de buenos propósitos con poca efectividad práctica, aunque también podían convertirse en un regalo envenenado para las comunidades autónomas, que ahora gestionan y pagan las prestaciones. El tiempo ha ido decantando esta política de Sanidad que se caracteriza por tres tipos de actuación:

En las cuestiones centrales de sanidad, la ministra ha fracasado estrepitosamente

Primero, la ausencia de avances y/o el estrepitoso fracaso en lo que son sus competencias directas. Un buen ejemplo es el gasto farmacéutico, que presa del pacto con Farmaindustria (que asume un incremento del gasto farmacéutico del 9,5% cuando los presupuestos sanitarios crecen en torno al 7%) no sólo no ha servido para contener el gasto, sino que le sitúa en cifras que superan el 10% interanual (el 11,07% entre septiembre de 2002 y el mismo mes de 2003), situación esta que está produciendo problemas financieros a todas las comunidades y que pone en cuestión la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, medidas como la de la disminución de los precios de referencia se han ido dilatando tanto en el tiempo (hace un año se anunciaron y aún no son efectivas) que han permitido a la industria poner en funcionamiento estrategias para hacerlas poco efectivas (básicamente la introducción de medicamentos más caros). Por otro lado, el ministerio, que es el que aprueba la financiación de los medicamentos, continúa una línea de descontrol en este terreno de manera que escasamente el 25% de los nuevos medicamentos financiados suponen una ventaja terapéutica demostrada, se sigue sin controlar las actividades de promoción de la industria, etcétera. En la misma línea están otros temas como la investigación, a la que se sigue dedicando menos del 0,8% del gasto sanitario, y las actuaciones incompetentes en temas de salud pública (ola de calor, cierre de la verja en Gibraltar, etcétera).

Segundo, una excelente política de imagen, en la que lo importante es "vender el producto" aunque éste no tenga contenido alguno. Se hacen planes y declaraciones de intenciones en los que lo importante es la publicidad y no el resultado concreto (otro ejemplo: el ministerio aprueba un Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, pero no toma ninguna medida para evitar que se fume habitualmente en los centros sanitarios o que las profesiones médica y de enfermería tengan una prevalencia de tabaquismo muy superior a la de los demás países de la Unión Europea. Pero esta estrategia no deja de tener su éxito, al menos mediático (¿cuántas páginas ha dedicado EL PAÍS a una medida como los precios de referencia, que todavía no se ha llevado a cabo?).

Tercero, existe una actuación demagógica y con evidente falta de lealtad institucional. El que Sanidad tenga la competencia de fijar las prestaciones y de la política farmacéutica, y sean las comunidades las que las paguen con sus fondos propios, creó un escenario preocupante, que algunos nos encargamos de señalar cuando se cerró el acuerdo de financiación autonómico en 2001. A partir de ahí todo se ha desarrollado en el peor escenario: desde el ministerio, seguramente buscando el rendimiento electoral fácil, se ha ido prometiendo todo lo que quería oír la audiencia: a Farmaindustria, que se mantendría el acuerdo sobre gasto; a los farmacéuticos, que se permitirían las bonificaciones, que se pagarían los tratamientos de deshabituación antitabáquica, las bombas de insulina, y un largo etcétera. Eso sí, el proyecto de presupuestos de 2004 plantea una subida del 5,9% para la sanidad, de modo que los planes que se anuncian a bombo y platillos carecen de financiación o la tienen testimonial.

Lo raro no es que los consejeros de ocho comunidades se hayan plantado, lo raro es que no lo hayan hecho todos, y que no lo hayan hecho antes. Si no hay una financiación añadida para cada nueva prestación, la situación será insostenible a corto plazo, y el pato lo pagarán las comunidades. Muchas de las promesas del ministerio son razonables, pero deben adoptarse de una manera responsable, es decir, debatiéndolas y acordándolas con las comunidades y asegurándoles una financiación adecuada. No hay que olvidar que España tiene uno de los gastos sanitarios más bajos de la UE y que el gasto farmacéutico es intolerablemente elevado (alrededor del 30% del gasto sanitario público).

Ésas son las tres cuestiones centrales: consenso en las medidas con las comunidades, aumento de la financiación sanitaria y control del gasto farmacéutico. En las tres, la ministra ha fracasado estrepitosamente.

Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.